Flavia Morales*
*Este trabajo fue realizado para AVC Noticias y CONNECTAS dentro de ARCO, con el apoyo del International Center for Journalist (ICFJ) en el marco de la iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas.
Para consultar la investigación completa visitar el sitio: www.avcnoticias.com.mx
VERACRUZ.- Entre 2014 y 2019, la Universidad Politécnica de Huatusco (UPH) y siete Institutos Tecnológicos Superiores (ITS) en Veracruz firmaron 31 contratos vía adjudicación directa con 11 dependencias federales por más de 800 millones de pesos. Las instituciones carecían de infraestructura para ejecutar los contratos de servicios, así que subcontrataron a decenas de empresas -algunas no localizables- y así entregaron casi el 90% de los contratos por 700 millones de pesos-.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó este fraude en varias universidades del país desde 2011 y el esquema explotó mediáticamente en 2017 a través de la investigación periodística conocida como “La Estafa Maestra”. Pese al escándalo, la metodología continuó repitiéndose en Veracruz.
Una investigación de AVC Noticias y CONNECTAS permite saber que el patrón que inició el gobierno del PRI, se repitió con el PAN y continuó ya con Morena en el poder; las instituciones educativas utilizaron una red que incluye la subcontratación de 30 empresas.
Al menos 15 de las 30 sociedades que debían ejecutar estos contratos millonarios no pudieron ser localizadas en sus domicilios fiscales, no tienen oficinas y se manejan desde la virtualidad. Otras desaparecieron tras recibir los contratos.
Tres de estas empresas también fueron señaladas por firmar contratos fraudulentos con las universidades Autónoma de Sinaloa y la de Campeche.
El modus operandi en el gobierno no era novedoso. Las auditorías detectaron la firma de contratos fraudulentos por 190 millones de pesos durante la administración del PRI con Javier Duarte de Ochoa (2010-2016), preso por delincuencia organizada.
Durante la administración del panista Miguel Ángel Yunes Linares (2016-2018) se detectaron 18 contratos por más de 596 millones de pesos. Y por último, en el gobierno del morenista Cuitláhuac García. (2018-2022) se firmaron dos contratos que superan los 95 millones de pesos.
Los ITS de Perote, Alvarado, Poza Rica, Tantoyuca, Jesús Rodríguez Clara, Pánuco, Cosamaloapan y la UPH utilizaron la misma red de empresas durante varios años para desarrollar servicios tan diversos como: talleres, servicios tecnológicos, servicios de gestión administrativa, calibración de equipo de laboratorio, asesoría jurídica, entre otros.
Las dependencias involucradas son: El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) quien firmó contratos con el ITS de Alvarado, Cosamaloapan, Juan Rodríguez Clara, Panuco, Perote y la Universidad de Huatusco por más de 340 millones de pesos.
La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios quien firmó contratos con el ITS de Cosamaloapan y Tantoyuca por 98 millones de pesos, Diconsa quien firmó contratos por 150 millones de pesos con el ITS de Cosamaloapan y Poza Rica, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano quien firmó contratos por 50 millones pesos. Otras dependencias que entregaron contratos en Veracruz, son Sagarpa, Nafin, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el INPI y el CIDE.
En la mayoría de los casos no existe documentación que compruebe y justifique que los servicios contratados sí fueron ejecutados, o los entregables tenían deficiencias o sobrecostos de hasta 200% y las propias dependencias federales alegaron inexistencia de los servicios.
¿Cómo pudo pasar esto?: Las auditorías forenses evidencian el patrón sistemático que siguieron los ITS: recibían contratos plurianuales vía adjudicación directa, subcontratación de terceros en más del 49% violentando la ley de adquisiciones; empresa sin activos, personal, infraestructura o capacidad para producir lo que significó también costos por encima del mercado, en algunos casos recibieron los recursos y 24 horas después transfirieron el dinero a cuentas bancarias de las empresas.
También se detectó que algunos subdirectores administrativos de los institutos tecnológicos, a cargo de las cuentas bancarias y quienes conocían el esquema de contratación, permanecieron sin moverse del puesto durante varios años entre los gobiernos del PRI, PAN y Morena. Algunos fueron inhabilitados o apercibidos por diversos desvíos; aun así, continuaron firmando estados financieros hasta el 2021.
En Veracruz existen 21 Institutos Tecnológicos y tres universidades técnicas, que dependen de la Secretaría de Educación de Veracruz. Para mantenerse reciben recursos federales y una aportación estatal. El director es nombrado por el gobernador del estado y el órgano máximo de estos organismos es una junta directiva encabezada por ocho miembros que preside el Secretario de Educación en turno.
Durante estos años, cuatro Secretarios de Educación presidieron las juntas sin detectar el esquema: Flavino Ríos y Xóchil Adela Osorio con Javier Duarte, Enríque Pérez con Miguel Ángel Yunes y Zenyazen Escobar con Cuitláhuac García.
Para esta investigación se buscó entrevistas con tres de ellos, pero a la fecha no se ha obtenido respuesta.
Politécnica de Huatusco, la punta del iceberg
La Universidad Politécnica de Huatusco firmó entre 2017 y 2018, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Instituto de Administración de Bienes y Avalúos (INDAABIN) adjudicaron de forma directa a dicha universidad cinco contratos por 119 millones de pesos para la prestación de servicios técnicos y administrativos.
La universidad subcontrató a tres empresas para realizar los servicios: GN Plataforma Empresarial y Negocios SA de CV, Financiera Obrera Mexicana SA de CV y Lireyont SA de CV y les transfirió 110.3 millones de pesos que representan el 93.9% del recurso público federal que había recibido.
Estas empresas, a su vez, entregaron los recursos a otras 13 empresas, algunas de ellas no pudieron ser localizadas. Apenas recibió el dinero, GN Empresarial – cuyo socio principal Gabriel Terán, trabaja en un despacho contable que no mide más de 20 metros- lo transfirió a Servicios y Consultoría empresarial Thunder SA de CV una empresa que apenas tenía dos meses de creada y quien entregó los fondos a otras cinco empresas.
Financiera Obrera Mexicana SA de CV, creada en Acapulco, Guerrero en 2015 y que fue disuelta en septiembre del 2019, subcontrató a la empresa Comercializadora RAH SA de CV, -creada en 2017- para la realización de los servicios.
Lireyont S.A. de C.V también trianguló el dinero con depósitos a otras cinco empresas, todas relacionadas a dos personas Iveth Reyes Mireles y Adán García Jiménez: El domicilio que esta sociedad registró en los contratos no existe: solo hay una telefonista para recibir correspondencia, que tampoco conoce la ubicación de la empresa.
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado y la ASF constataron en auditorías de la cuenta pública de 2017, 2018 y 2019 que no hay evidencia física o constancia de que los trabajos se hayan realizado.
El entramado
Eduardo Carreón, ex líder del Partido Nueva Alianza, ex rector de la UPH de noviembre del 2015 hasta el 16 de febrero de 2018, cuando fue destituido del cargo. Firmó tres contratos con dependencias federales.
Entrevistado para esta investigación, Carreón asegura que la firma de convenios entre ITS y la administración pública federal era conocida entre los directores, tanto así que él asistió a un desayuno en Ciudad de México donde se explicó la operación. Según el ex rector, la reunión fue convocada por el entonces director del ITS de Pánuco – al norte de Veracruz- Adrián Medina.
En la reunión estaban los “brokers” o despachos que no eran funcionarios de la administración pública federal, pero que estaban ligados de alguna forma a las dependencias y explicaban el funcionamiento y los porcentajes. Incluso, estaba el ofrecimiento de cobrar el porcentaje completo o “por fuera” en efectivo.
Cercano a Elba Esther, la ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Eduardo fue cesado de su cargo el 15 de febrero del 2018. Dos días después, los depósitos de los contratos que firmó fueron depositados a la cuenta bancaria de la Universidad, “Eso me salvó, me pueden señalar de firmar los contratos, pero no de ejercer el dinero, cuando eso pasó, yo no era funcionario”, dice.
Entrevistado, Adrián Medina confirmó que organizó las reuniones como contacto para informar de los contratos con la administración pública federal “Era el enlace nada más, pero ya las cuestiones las platicaron los directores o rectores con los titulares de las dependencias”, pero se negó a informar más sobre el tema.
Fraude en el gobierno de la honestidad
Delia González Cobos, titular del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz dice que este modus operandi fue detectado en varios de los informes individuales de fiscalización y por ello se han interpuesto al menos tres denuncias por el desvío de 134. 4 millones de pesos.
En una breve reunión con esta reportera, reconoció que hay fallas en los órganos internos de control de los ITS para detectar la utilización de empresas “ factureras”, sin estructura que simulan la realización de contratos.
Pero asegura que el esquema no se repite en el gobierno de Morena y sí hay observaciones están en proceso de solventación.
Aunque las auditorías evidencian que el gobierno de Cuitláhuac García quien ha tomado la bandera de honestidad del Presidente Andrés Manuel López Obrador, realizó subcontrataciones que lo ligan con una empresa utilizada en el pasado: Lireyont SA de CV.
Entre 2019 y 2020, el Instituto Tecnológico de Perote recibió 92.4 millones de pesos de dos contratos con el INDAABIN, para la realización de talleres y cursos especializados en avalúos.
Al no contar con la capacidad técnica para realizarlos, subcontrató a la empresa Active Promotions SA de CV, creada apenas siete meses atrás y le transfirió 90.1 millones de pesos.
De acuerdo al Registro Público de Comercio, Active Promotions SA de CV fue creada en mayo del 2018 y su objeto social principal es la prestación de servicios de mercadotecnia, pero en diciembre – unos días antes de firmar el contrato con el ITS-, modificó su actividad económica a “suministro de personal permanente”.
Esta investigación comprobó que la empresa fue registrada ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) por Iveth Reyes Mireles quien en enero del 2020 creó junto a Adán García Jiménez, la empresa Servicios Administrativos SAVSE SA de CV.
Iveth y Adán están vinculados a la creación de cinco empresas parte de esta red, como Lireyont SA de CV, quien ya había sido utilizada anteriormente por la Universidad Politécnica de Huatusco, el ITS de Alvarado y también de Jesús Rodríguez Clara.
Los entregables que comprueban los servicios del contrato tienen varias inconsistencias; por ejemplo, el ITS no presentó evidencia documental que ampare la contratación, según consta en auditorías.
En contratos públicos, Active Promotions SA de CV declaró domicilio fiscal uno ubicado en Puebla, donde se rentan oficinas virtuales.
*Este trabajo fue realizado para AVC Noticias y CONNECTAS dentro de ARCO, con el apoyo del International Center for Journalist (ICFJ) en el marco de la iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas.Para consultar la investigación completa visitar el sitio: www.avcnoticias.com.mx
