En 2011 la presión social logró que se modificara el Código Penal para tener una herramienta potente que acercaría la justicia a cientos de mujeres. Una década después información obtenida vía Transparencia deja en evidencia que la Fiscalía y el Poder Judicial no han cumplido con su obligación.
Por Ana Alicia Osorio y Ángel Ramos
Han pasado 10 años desde que el feminicidio fue tipificado como un delito autónomo en Veracruz, donde la mayoría de los casos considerados como tal permanecen impunes, de acuerdo con consultas realizadas al Poder Judicial de la entidad y a la Fiscalía General del Estado.
Según informes de la Fiscalía conseguidos mediante solicitudes de información vía transparencia, entre 2011 y 2021 un total de 674 asesinatos de mujeres fueron considerados como feminicidios por las autoridades investigadoras.
En contraste, apuntan datos del Poder Judicial, durante el mismo periodo de tiempo en tan solo 94 casos se ha alcanzado la justicia mediante una sentencia condenatoria contra los responsables, es decir, en apenas el 14 por ciento.
Los datos anteriores implican que en Veracruz el 86 por ciento de los feminicidios están en impunidad.
Fue en agosto del 2011, en medio de la presión de activistas y del creciente número de casos de violencia contra las mujeres, cuando el Congreso de la entidad tipificó el delito con penas que van de los 40 a los 70 años de prisión.
El Código Penal de Veracruz considera que comete el delito de feminicidio quien por razones de género priva de la vida a una mujer.
Para considerar que un crimen se cometió por razones de género se tienen que cumplir una de las siguientes circunstancias:
-Cuando exista o haya existido entre el responsable y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, noviazgo o cualquier otra relación de hecho o amistad.
-Cuando exista o haya existido entre el responsable y la víctima una relación laboral, escolar, o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad.
-Cuando la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo.
-Cuando a la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previamente a la privación de la vida, o se realicen marcas infamantes o degradantes sobre el cadáver, o éste sea mutilado.
-Cuando hayan existido amenazas, acoso o lesiones previas del responsable en contra de la víctima.
-Cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público.
-Cuando la víctima haya sido incomunicada previo a su asesinato.
Martha Mendoza Parissi, quien fungía en 2011 como directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres, considera que gran parte de la impunidad que existe alrededor de ese delito está derivada de la falta de voluntad política de las autoridades, la cual se traduce en la falta de recursos.
“Si hubiera mayor voluntad política, habría mayores recursos para la investigación de los hechos feminicidas”, dijo la exfuncionaria a La Marea en una entrevista.
“Es ahí donde menos dinero le han apostado, en el fortalecimiento institucional para la investigación de los feminicidios, falta el recurso suficiente para poder dar una mejor atención en términos de una mejor investigación de los casos con la debida diligencia”, agregó.
En opinión de Mendoza Parissi, quien ahora es activista, la alta impunidad que existe en la entidad da un mensaje de que en Veracruz se permiten los crímenes contra las mujeres.
“En la medida en que la impunidad está presente, eso es una referencia para el que agrede a una mujer, saber que no va a pasar nada, saber que puede evadir la justicia, la impunidad de alguna manera genera la permisividad”, explica.
Sin embargo, no solo la falta de recursos incide en la impunidad que existe entre los casos de feminicidio, también hay que incluir la apatía y negligencia con la que las autoridades realizan las investigaciones, opinó Mendoza.
El feminicidio impune de Esbeidy
Esbeidy tenía 18 años y era madre de una niña de dos cuando fue asesinada en un cuarto del Hotel Abasolo, cerca del centro del Puerto de Veracruz.
Su caso ejemplifica la indiferencia con la que la Fiscalía actúan en muchos casos de feminicidio, pues, aunque su familia cree saber quién es el responsable, hasta ahora no lo han indagado.
Además, pese a que los hechos ocurrieron en diciembre de 2019 y el caso es considerado oficialmente como un asesinato por razones de género, la familia de la joven no tiene clara la causa de su muerte, pues la autoridad no lo ha definido.
Aracely, la madre de Esbeidy, señala que videos del hotel muestran a su hija entrando al inmueble con un hombre, el cual lo abandona después solo.
Inicialmente el Fiscal que lleva el caso se negó a mostrarles los videos del hotel, pero tras ver las imágenes, la mujer reconoció al acompañante de su hija como un joven que tiempo atrás la había pretendido y había sido rechazado.
Sin embargo, hasta ahora el sospechoso ni siquiera ha sido interrogado, expone Aracely.
La carpeta de investigación del caso, a la que la familia tuvo acceso, muestra diversas deficiencias de la autoridad, reclama Aracely.
“Hace falta documentación, hace falta investigación, estaba todo incompleto”, detalla la mujer, “ni siquiera viene el registro de las pertenencias que ella traía”.
Por si fuera poco, Aracely asegura que, aun después de muerta, Esbeidy podría ser víctima de discriminación parte de quienes investigan su caso.
Expuso que el fiscal encargado de la indagatoria ha hecho comentarios sobre los tatuajes que llevaba y por el hecho de que para el funcionario en el video se observa que camina como si estuviera borracha o drogada, algo que no pudieron confirmar mediante los análisis a sus restos.
“Todo está chueco”, expresa Aracely, “pero la esperanza no la he perdido, realmente espero que si se haga justicia algún día”.
El feminicidio impune de María Guadalupe
Otro caso con irregularidades es el de María Guadalupe, de 19 años, y madre de un niño de tres, pues la Fiscalía buscó clasificar su muerte como accidental, causada por la patada de una vaca, sin investigar a su esposo con antecedentes de violencia familiar.
La muerte de la joven que vivía en el ejido Los Amates, en Uxpanapa, al sur de Veracruz, ocurrió en noviembre de 2021.
Su esposo, entonces de 30 años, ya había sido denunciado por la mujer en el pasado, no obstante, eso no fue suficiente para que lo consideraran sospechoso de los golpes que le provocaron un aborto y después la muerte.
Las autoridades no consideraron esos antecedentes y tampoco el hecho de que, antes de morir, María Guadalupe platicó a los médicos que la atendían que los golpes se los había provocado Fredy, su esposo, y no una vaca, como él aseguraba.
“Siento tanta impotencia y tanto coraje a la vez que ya se denunció a esta persona que él fue el que mató a mi hija y la Fiscalía como si nada, como si no fuera, como si no estuviera pasando nada”, cuenta Nemesia, la madre de María Guadalupe.
“Nosotros lo que exigimos es justicia, no puede ser que este hombre haya dejado huérfano a mi niño y que ande muy tranquilamente en las calles como si no hubiera pasado nada”.
Veracruz tiene un grueso historial de impunidad en la muerte de mujeres a manos de hombres con quienes sostenían alguna relación. De hecho, uno de los casos que permanecen impunes, el de Pilar Argüello, fue el primer caso individual recibido por el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas.
El Comité Cedaw envió recomendaciones al Estado Mexicano por graves fallas en todo el proceso judicial, incluyendo la no valoración de pruebas que enmarcaban el caso como un feminicidio. La familia espera que el proceso ayude a re enmarcar los feminicidios en México y lograr justicia en casos similares.
Aún tras superar los obstáculos de las instituciones judiciales para lograr que los casos sean investigados como feminicidio, el Estado, como lo muestra la cifra de impunidad, no tiene las herramientas necesarias para garantizar la justicia a las víctimas.
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