La Fiscalía General de la República liberó las órdenes judiciales hace casi un año sin avisar a las familias de los cuatro chicos desaparecidos en septiembre de 2005 durante el operativo Blindaje Coatzacoalcos.
Por Rodrigo Soberanes
Seis elementos de la Secretaría de Marina recibieron órdenes de aprehensión por su presunta participación en la desaparición forzada de cuatro jóvenes en la ciudad de Coatzacoalcos el 25 de septiembre de 2015 cuando se ejecutó un plan de seguridad llamado Blindaje Coatzacoalcos.
Aquel día los jóvenes Jacob Vicente González, Camilo Efraín silva Gómez, Abraham Elester Torres Barradas y Carlos Arturo Rojas fueron detenidos en un puesto de revisión colocado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y federal, y policías navales, de la Secretaría de Marina.
Nunca más volvieron a sus casas y sus familiares, que desde ese día no han parado de buscarlos, no saben dónde están.
Ese incidente fue investigado por la Fiscalía General del Estado, que logró la captura y sentencia de seis policías estatales y un civil.
Pero está pendiente la ejecución de las órdenes de aprehensión liberadas en la subdelegación de la Fiscalía General de la República contra de seis elementos de la Marina el 22 de junio de 2021, sin avisar a las familias de las víctimas, las cuales se enteraron seis meses después.
“No tenemos idea de dónde puedan estar (los elementos de la Marina), si están activos o no están activos. Los que sí saben son quienes mantuvieron estas órdenes ocultas durante seis meses”, dijo Belén González, madre de Jacob González, uno de los chicos desaparecidos.
“Siempre he ido a preguntar, siempre he estado pendiente. No sé qué pasó, no tengo una explicación de por qué no le han dado cumplimiento a esas órdenes de aprehensión. ¡Este 22 de junio va a ser un año!”, agregó González, durante una reunión con medios de comunicación.
Anaís Palacios, integrante del Instituto de Derechos Humanos y Democracia, informó en esa reunión que hay una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por el ocultamiento de las órdenes de aprehensión.
“Hay un aparato detrás de las detenciones que no está dispuesto a aportar información”, dijo la defensora de DDHH.
El operativo Blindaje Coatzacoalcos sucedió cuando Javier Duarte de Ochoa era gobernador y el secretario de Seguridad Pública era Arturo Bermúdez Zurita, quien al dejar de serlo fue detenido, sentenciado y encarcelado por el delito de desaparición forzada. Actualmente está libre.
El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia documentó que en el operativo Blindaje Coatzacoalcos participaron 825 elementos de la Policía Naval, policía estatal y Policía Federal “fue el operativo más importante que ha habido en la región”, dijo Palacios.
Anaís Palacios, quien ha acompañado a las familias de las víctimas de desaparición forzada, cuestión el hecho de que las autoridades sí estaban coordinadas para ejecutar ese operativo, pero no se han coordinado para garantizar la justicia a las víctimas.
De hecho, el pasado 31 de mayo el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García y el secretario de seguridad pública, Hugo Gutiérrez, ofrecieron una disculpa pública a las familias de los jóvenes, reconociendo que fueron víctimas de desaparición forzada.
Pero no están al tanto de las otras órdenes de aprehensión, a pesar de que están en el ámbito federal porque son investigaciones de la Fiscalía General.
“Es la parte que se reprocha, si bien hay un marco legal, debería haber coordinación entre los tres niveles de gobierno. No se comprende por qué hay una desvinculación. Es la gran parte faltante”, señaló Palacios.
Es decir: así como se coordinaron para desaparecer a los chicos, también deberían coordinarse para investigar y llevar a la justicia a los presuntos responsables.
Además, hay mandos de las tres instituciones que dieron las órdenes ejecutadas por los policías detenidos y, presuntamente, por los marinos denunciados. “No han sido tocadas las cadenas de mando. Sólo han detenido a autores materiales, pero falta la cadena de mando. Ellos Permitieron, consintieron y toleraron las desapariciones. Normalizaron en su momento los delitos de Lesa Humanidad Falta. Hay una responsabilidad compartida entre en estado y la federación”., agregó.
“La disculpa pública es tan solo un paso. Vamos a seguir luchando”, dijo Belén González, quien lleva siete años buscando a su hijo, al cual lleva tatuado en uno de sus brazos.
