El de Pilar Argüello es el primer caso de feminicidio ocurrido en México en llegar al Comité para la eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU y el primero que lograron desarchivar. Sin embargo, el Estado mexicano no ha logrado cumplir a tiempo con las recomendaciones emitidas por este comité.
Texto: María Ruiz
Fotos: Isabel Briseño
CIUDAD DE MÉXICO.- Pilar Argüello tenía 20 años cuando la asesinaron en el municipio de Coscomatepec, Veracruz. Era 2012. A pesar de que su pareja confesó ser responsable del feminicidio y lo detuvieron, quedó libre tres meses después.
La familia de Pilar, con el acompañamiento de la asociación veracruzana Equifonía, llevó el caso al Comité para la Eliminación de la Discrminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU, el cual emitió seis recomendaciones al Estado mexicano. Se trata del primer feminicidio de México en llegar a esta instancia de la ONU.
Las recomendaciones fueron emitidas en 2017. En 2018 el comité evaluó la respuesta del Estado Mexicano ante los feminicidios. Entre estos informes, Equifonía presentó la situación del caso de Pilar. La falta de avances hizo que la CEDAW pidiera al Estado mexicano que acelerara de manera prioritaria su resolución.
Como respuesta se propuso reparación integral para la familia de Pilar, que no se implementó. En lugar de eso su familia siguió siendo revictimizada y el caso continuó en la impunidad. En 2020 la CEDAW informó que era “insatisfactoria” la respuesta del Estado, ya que el gobierno mexicano no está cumpliendo con las recomendaciones emitidas por este comité. Este año se cumple una década sin avances.
A pesar de lograr reabrir la investigación del feminicidio de Pilar, la asociación Equifonía recuerda que no se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo delito, por lo que al presunto feminicida ya no se le podrá juzgar por el feminicidio de Pilar. Ante esto, la petición de la familia es una investigación que sancione a los responsables de posibilitar la liberación, a pesar de contar con pruebas y una confesión.
“Dicen que había los elementos suficientes pero no se consideraron entonces lo que queremos es la verdad. Por eso es importante el procedimiento interno en contra de la jueza porque tenía los elementos suficientes y aún así liberó al probable agresor” expresó la organización Equifonía durante la conferencia de prensa realizada este martes en el Museo de la Mujer de la Ciudad de México.
Pilar Argüello y su familia fueron revictimizadas de varias maneras. Las autoridades no informaron a la familia, que reconoció a Pilar en una fotografía publicada en un periódico de nota roja; se les impidió buscar asesoría legal y tampoco se les informó de la liberación del presunto feminicida de su hija.
Incluso, en una reunión que tuvieron la la familia de Pilar y sus abogadas con la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, Isabel Inés Romero Cruz, les dijo que si no encontraban justicia «terrenal» para su hija, que esperaran «justicia divina».
Después de esa reunión, la mamá y el papá de Pilar tuvieron que tomar tratamiento psicológico.
En la presentación de los avances del caso, la madre y el padre de Pilar Argüello Trujillo estuvieron presentes. Reyna Trujillo pidió justicia para su hija y no repetición en otros casos de feminicidio:
“Nada más lo que digo es que él tuvo derechos humanos (el presunto feminicida) y mi hija no. No estamos conformes porque no nos hicieron caso en ningún lugar a donde fuimos. No quiero que siga pasando esto que nos pasó a nosotros”, comentó.
Su padre Pedro Argüello enumeró las anomalías en la investigación, desde falta de información hasta el tiempo que estuvo el cuerpo de Pilar en el SEMEFO sin que les avisaran a la familia:
“Fue una cosa de que hicieron un trabajo mal hecho. Nuestros impuestos van para que hagan un buen trabajo, no es justo lo que nos hicieron, jugaron con nuestros sentimientos”, expresó.
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Por su parte Equifonía informó que el avance más significativo es la reapertura de la investigación:
Araceli González Saavedra, directora de la organización, destacó que es la primera vez que se reabre un caso de feminicidio que ya había sido archivado. Eso, añadió, tendría que tener un impacto en todas esas carpetas que se han archivado y donde las familias desisten.
«Insistimos en que las familias sepan que se puede reabrir una carpeta de investigación; que las Fiscalías están obligadas a agotar las líneas de investigación para ubicar a responsables y aprobar las pruebas suficientes para que sean procesados. Es un avance aunque sabemos que no fue en un plazo razonable y que no sólo se trata de reabrir las líneas de investigación sino de entregar resultados a la familia”.
Además piden al subsecretario en derechos humanos, Alejandro Encinas, que esté presente en el informe de las instituciones involucradas respecto a lo que están haciendo y se dé una disculpa por la revictimización.
Veracruz es un estado con malos resultados al investigar y juzgar casos de feminicidio. Una investigación de La Marea reveló que después de 10 años de la tipificación de ese delito en el Código Penal, la impunidad ha prevalecido en el 86 por ciento de los casos.
