Iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo al Congreso contempla modificar tres legislaciones cruciales, como la Ley de Aguas Nacionales mientras que intereses mineros no descansan y están pendientes del proceso legislativo.
Texto: Alejandro Ruiz/ Pie de Página
Fotos: Lucía Vergara / Archivo
CIUDAD DE MÉXICO. – El 28 de marzo el gobierno federal envió a la Cámara de diputados una iniciativa que reforma la Ley Minera en México. Un hecho que desde hace 30 años no se realizaba en el país.
La propuesta también contempla modificar otras legislaciones cruciales como la Ley de Aguas Nacionales; la de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, por lo que su trascendencia es crucial y estratégica para el país.
No obstante, su aprobación corre riesgos: los intereses del lobby minero que se ha favorecido en las últimas tres décadas de la laxitud de la ley actual. ¿Por qué? Acá te contamos.
Protección a pueblos y territorios
Uno de los puntos fundamentales que plantea esta nueva iniciativa es que la minería dejaría de ser una actividad preferente a la utilidad pública. Es decir, dejará de ser prioritaria frente a otras actividades como la agricultura, el turismo, la ganadería, o los derechos de los pueblos indígenas, como se establece en la vigente Ley Minera promulgada en 1992.
Así, el otorgamiento de concesiones ya no se sobrepondrá a los derechos de distintas colectividades o del medio ambiente. También limita el acceso preferente de las mineras al agua y la tierra en los territorios.
Otro punto que se recupera en la iniciativa es reducir la temporalidad de las concesiones mineras vigentes y poner más candados para otorgar nuevas.
Actualmente en el país existen 24 mil 066 concesiones mineras vigentes. Esto, en términos geográficos, equivale a más del 8 % del territorio nacional. Estas concesiones, con la ley vigente, tienen un plazo de término de 50 años, y pueden ser renovadas.
En la nueva iniciativa se propone modificar el plazo de término a 15 años, y solo se podrá programar una sola vez por la misma temporalidad.
De igual forma, se establecen mecanismos de consulta que, aunque ya eran reconocidos por convenios internacionales, ahora son obligatorios dentro de la legislación mexicana. Uno de estos mecanismos, por ejemplo, es la consulta a las comunidades donde se pretenda explotar el territorio para la minería.
Por otra parte, determina que el otorgamiento de nuevas concesiones tiene que pasar por un concurso público, en igualdad de condiciones, donde las empresas mineras tienen que cumplir una serie de requisitos, además de las consultas.
A la vez, se cancela el derecho a expropiar tierra para explotación minera, estableciendo que tiene que existir un acuerdo previo entre titulares de la tierra, o comunidades, para que den consentimiento de ceder su territorio a explotación minera; para esto se tendrán que pagar contraprestaciones monetarias.
De igual forma, establece un capitulo de delitos asociados a la minería, donde se pueden juzgar penalmente casos como los ocurridos en Pasta de Conchos, y en la región carbonífera de Coahuila, así como daños al medio ambiente por negligencias, como el caso de la cuenca del Río Sonora.
De acuerdo con integrantes de la colectiva CambiémoslaYa, que aglutina a organizaciones civiles, comunidades afectadas por la minería y varias universidades estatales que han promovido una reforma a esta ley, la iniciativa presidencial “no implica que no se va a hacer minería en México, sino que se hará en respeto a los derechos humanos, comunitarios y del agua».
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Los mitos
Las reacciones ante la propuesta del presidente no se hicieron esperar, y de inmediato decenas de columnas de opinión comenzaron a circular, reciclando los mismos argumentos con los que durante décadas se ha defendido la explotación minera en México.
Uno de estos es que, de limitar la minería en el país, se estarían perdiendo cientos de miles de empleos que favorecen a las comunidades y clase trabajadora. Sin embargo, esta afirmación es tramposa.
Los datos fueron recabados por la colectiva CambiémoslaYa, y dan cuenta que, del total de las ocupaciones en el país, la industria extractiva representa apenas el 0.62 %. A la vez, esta rama también contempla la extracción de hidrocarburos, por lo que la fuerza de trabajo empleada en la minería sería mucho menor.
También, el total de empleos generados por la minería, 18 mil de estos estaban en condiciones de informalidad.
Por otro lado, el argumento de que la minería implica desarrollo también encubre una realidad menos amable.
De acuerdo con información de la colectiva, 9 de los 21 centros productores de oro en el país superan el promedio de los niveles de pobreza moderada. Estos centros se ubican en los estados son Zacatecas, Chihuahua, Durango y Guerrero.
También, a nivel municipal, 8 de los 21 municipios productores de oros superan el nivel de pobreza extrema en el país. En algunos otros, aunque no llegan a superar estos niveles, los indicadores de marginación son alarmantes.
La mayoría de los municipios donde hay extracción minera tienen condiciones de pobreza, detalla la colectiva. También hay carencias de servicios públicos y condiciones dignas de vida. «Se puede extraer oro de las poblaciones, pero la gente ha vivido condiciones de pobreza deplorables”, añaden.
Por otro lado, el argumento de que las finanzas públicas se verán dañadas al restringir la minería, es falso.
De acuerdo con la información recabada por la colectiva, la contribución a las finanzas públicas del sector minero en México es mínima. En su investigación, la colectiva afirma que el sector minero no paga IVA al gobierno, esto, por las erogaciones que recibe del Estado mexicano. Aunque sí paga el Impuesto Spbre la Renta (ISR), sin embargo, sus aportes son mínimos, pues en el primer trimestre del 2022 apenas rebasan el 2 por ciento del total nacional.
A la vez, en 2019, de acuerdo a informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SAT), los ingresos para el país derivados del sector minero representó apenas el 0.13 por ciento de la recaudación total de impuestos. Para 2020, detallan los mismos informes, el aporte fue de 0.32 por ciento; y en 2021 de 0.97 por ciento.
En tanto, para el Producto Interno Bruto del país, en 2021 la minería apenas representó el 0.4 por ciento del total.
Sin embargo, los daños ambientales y sociales asociados o derivados de la minería son mucho mayores. Devastación de territorios, pérdida de especies, y aumento de niveles de pobreza, violencia y marginación son tan solo algunas de las consecuencias documentadas.
Por ende, la nueva legislación minera, concluyen activistas, colectivas y académicos, representa una posibilidad para transitar hacia un modelo económico que pueda prescindir, en un futuro, de la minería a gran escala, concentrándose en actividades que sean netamente esenciales.
«Lo que intenta hacer esta reforma es regular un ámbito de la actividad económica del país que solo había asegurado privilegios para unos pocos», concluyen integrantes de la colectiva.
