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En hospital de Veracruz padres de niños con cáncer han reportado desabasto pero hay más 800 mil piezas almacenadas en riesgo de caducar

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Durante una visita de inspección se corroboró que aproximadamente 139 claves que faltaban en el hospital se encontraban en el almacén central de Xalapa. 

Texto: Erika Valerio 

Fotos: María Ruiz

En una visita de inspección que autoridades federales de salud hicieron este 4 de mayo al Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz y al almacén de Xalapa encontraron que este último se encuentra rebasado y con 884 mil 822 piezas de medicamentos oncológicos y de alto costo con caducidad menor a nueve meses, esto mientras en el hospital se reporta desabasto de claves. 

Sandra Paola Arellano Cruz, subdirectora de Planeación de Suministro de Medicamentos y Material de Curación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) señaló que, durante la visita de inspección, se corroboró que aproximadamente 139 claves que faltaban en el hospital se encontraban en el almacén central de Xalapa. 

Desde enero de 2020, cuando iniciaron las reuniones entre autoridades de las secretarías de Salud y Gobernación y de padres de niños con cáncer que denunciaban desabasto de medicamentos en diversos hospitales, el de Veracruz era uno de los que se señalaba ya desde entonces como carente de fármacos oncológicos. 

Las protestas siguieron. Incluso hubo varias afuera del hospital, como la del 28 de mayo de 2021. “El motivo de la manifestación es que otra vez no hay medicamentos, no se pueden hacer las quimios porque faltan medicinas y los que si la reciben requieren de pastillas para complementar el tratamiento, hay niños que tienen más de 4 meses sin recibir sus medicamentos complementarios”, declaró entonces la señora Cora de Jesús Rodríguez, parte del grupo de inconformes. 

Después de una protesta, el 29 de junio de 2020, de familiares de niños con cáncer y y en remisión, las autoridades del Insabi acordaron tener con ellos una mesa de diálogo semanal para verificar las denuncias de desabasto de fármacos y de otro tipo en varios hospitales del país 

En esa reuniones se reiteraron las quejas sobre el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz y por eso se realizó la visita de supervisión, en la que autoridades del Insabi corroboraron que mientras hay denuncias de desabasto de 139 claves de fármacos en el hospital, estas y más de 800 mil piezas de medicamentos están guardadas en el almacén de Xalapa, con riesgo de caducar. 

La señora Esperanza Olvera y su hija Azul entrando a la salida de la reunión con la secretaria Olga Sánchez Cordero en la Segob.

La oficina de comunicación del Insabi hizo públicos los resultados de la inspección en un comunicado difundido este miércoles 11 de mayo. En este también se señala que la administración del almacén estatal ya trabaja en las gestiones necesarias para ver qué medicamentos están próximos a caducar e implementar ajustes para aprovecharlos.

Sobre la farmacia del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, Arellano Cruz recordó que este espacio funciona también como almacén, farmacia ambulatoria y farmacia del hospital, por lo que presenta saturación y no cuenta con controles de calidad como termómetros o termohigrómetros.

El director del hospital, Avelino Guardado Sánchez, reconoció que hacen falta espacios para el almacenamiento y conservación de los medicamentos y afirmó que ya trabajan en ello.

Arellano Cruz reportó también que al recorrer la Torre Pediátrica se comprobó la existencia de antibióticos, antihistamínicos y todas las claves oncológicas requeridas, así como todos los medicamentos de soporte.

La funcionaria expresó que las áreas de oportunidad encontradas luego de la visita, consisten en aumentar la comunicación entre el área médica y el área administrativa y mejorar el manejo y uso de medicamentos en el área pediátrica oncológica.

El coordinador de Operación y Distribución del Insabi, Enrique Pérez Olguín, afirmó que, dentro del calendario de supervisiones, se tiene contemplado visitar todas las entidades federativas y recordó que, por un acuerdo de esta mesa, se adelantó la visita al estado de Veracruz y se cumplió con lo estipulado. Explicó que han notado que el almacén de Veracruz está distribuyendo y hay esfuerzos por los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) para hacer el movimiento de manera más ágil y poner los inventarios al día.

Madres centroamericanas buscan a sus hijos desaparecidos en Veracruz, segundo estado con más casos

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Por Rubén Santos/ Siete20

La Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos volvió a Veracruz dos años después de suspender la realización de la marcha debido a la pandemia por el Covid.

En esta que es la edición número 16 ubicaron a Veracruz como el segundo lugar con más incidencia de desaparición de personas migrantes, después de Tabasco, según Talía Velázquez, presidenta del Movimiento Migrante Centroamericano.

Durante la edición 2022 de la Caravana han localizado a tres migrantes que se volvieron a reunir con sus familias.

Este movimiento ciudadano que tiene su origen en el municipio de El Progreso, Yoro, al norte de Honduras, ha logrado localizar 370 personas que perdieron contacto con sus familias mientras se encontraban en tránsito dentro de México.

Regina, aquí está tu manada

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La periodista veracruzana, asesinada hace 10 años, estuvo presente en la marcha de cientos de mujeres realizada el 24 de abril en Xalapa, donde fue nombrada y recordada. A una década del crimen, salen a la luz pistas que apuntan a un crimen de Estado que continúa impune.

Por Rodrigo Soberanes/ @rodsantin

El domingo 30 de abril de 2012, en la plaza pública más importante de Veracruz, se exigía justicia por la periodista Regina Martínez Pérez porque la habían matado dos días antes en su casa con violencia brutal.

Su pequeña casa de Xalapa, ubicada en un callejón sin salida, era su búnker, su hermética fortaleza donde muy pocas personas tenían permitido entrar.

Regina, reportera de la revista Proceso y el periódico local Política, “fue asesinada en el punto álgido de las tensiones en Veracruz en un contexto de intensificación de los ataques contra los periodistas, dice el informe The murder of Regina Martínez Pérez: An opportunuty for justice, publicado en marzo de 2021.

Entre abril de 2005 y julio de 2011 habían sido asesinados ocho periodistas en Veracruz. Regina cubrió todos esos casos.

La Dirección de Comunicación Social del gobierno de Veracruz, encabezada por Gina Domínguez, llamó a dos personas cercanas a Regina un día después del crimen para preguntarles expresamente si sabían si Regina tenía “novio o algún tipo de pareja”.

Regina Martínez reporteando en la Sierra de Zongolica, en la zona centro de Veracruz. Foto: archivo.

No eran pesquisas oficiales, sólo llamadas informales realizadas desde una dependencia de gobierno sin competencia legal para investigar. En las llamadas, según supo La Marea, no se hizo una sola pregunta sobre qué temas estaba investigando Regina.

La marcha por Regina de hace diez años salió de la Plaza Lerdo de Xalapa, donde la propia periodista realizó cientos de entrevistas a manifestantes. Había reporteras y reporteros que se sumaron con pancartas; activistas, académicas, representantes de la clase trabajadora, lectoras y lectores del trabajo de Martínez. Y como siempre, los “orejas”, que son espías del gobierno estatal.

El recorrido fue breve, de alrededor de media hora, y terminó en la propia plaza donde siguieron las consignas y la rabia, y también conversaciones en voz baja sobre un posible “crimen de Estado” debido a las señales que el gobierno enviaba al intentar hace “control de daños”.

Es decir, control y manejo a conveniencia de la investigación.

Periodistas veracruzanos marchan frente a la Plaza Regina durante el la conmemoración de tercer año de su asesinato. Foto: Rubén Espinoza (DEPD).

La Fiscalía de Veracruz (entonces Procuraduría) detuvo seis meses después a un hombre llamado Jorge Antonio Hernández Silva, a quien atribuyó el mote de El Silva y perfiló como una persona “de la calle” y con adicciones.

Además, por alguna razón esa dependencia, que era encabezada por el priísta Amadeo Flores, se encargó de difundir que el detenido es homosexual y portador de VIH-Sida.

La Marea tuvo contacto con una persona que estuvo presa en Pacho Viejo en una celda aledaña a la de Antonio Hernández Silva. En una rápida conversación, y bajo condición de anonimato, contó que solía platicar con él durante su estancia en prisión.

El sospechoso -narró la fuente- estaba sólo en la cárcel, no lo iba a visitar nadie. A pesar de estar detenido por el supuesto homicidio de una mujer, nadie lo agredió al entrar a prisión, como suele suceder en esos casos. De hecho, era visto como “un pagador”. Es decir, alguien que está pagando por un ilícito que no cometió.

En una descripción general, dijo que “el detenido por lo de la periodista” era una persona retraída y afable cuya principal preocupación era no suspender su tratamiento de antirretrovirales contra los efectos del VIH-Sida.

¿Cómo creerle a alguien que es un pagador en un lugar donde todos dicen que lo son? Porque en su caso se le notaba que había sido torturado para confesar el homicidio de Regina, señaló la fuente.

Los autores del informe Murder of Regina Martínez Pérez: An opportunity for justice realizaron una investigación paralela a la oficial y revisaron el expediente del caso, y hablaron con personas conocidas de Regina y con actores clave, como el propio detenido, Jorge Antonio Hernández Silva.

La conversación con Hernández, según supo La Marea, se realizó a finales de 2020 dentro del penal de Pacho Viejo, pero no de manera presencial, debido a la pandemia del Covid, sino por videollamada de circuito cerrado. A pesar de ello se notaba a través del monitor que el detenido estaba “muy delgado”, mucho más que cuando fue detenido.

Las declaraciones que hizo en esa entrevista son consistentes con la versión de la persona que convivió con él dentro de la cárcel.

“El sospechoso declaró que fue detenido ilegalmente un mes antes de realizar la confesión y recibió instrucciones específicas de la policía con respecto al contenido de esta. Asimismo, declara que fue torturado para que diese su confesión oficial”, relata el informe.

Esa confesión es la prueba principal que uso la Fiscalía para ejecutar la detención y determinar que el homicidio de Regina Martínez, la periodista más reconocida de Veracruz en ese momento, no tuvo ninguna relación con su trabajo.

Cuando la Fiscalía presentó al detenido ante la opinión pública, comunicó supuestos detalles del homicidio que apuntaban hacia el lado contrario de la línea de investigación del trabajo como periodista de Regina Martínez.

Por ejemplo, se dijo que fueron encontradas botellas de cerveza dentro de la casa, como si Regina hubiera hecho una fiesta dentro de su casa, de su búnker, y se cita la declaración de un supuesto testigo ocular, Diego Hernández Villa, quien habría sustentado el tema de la compra de las cervezas y de la reunión.

Esta versión también fue desmentida por el Informe: el testigo murió antes que Regina.

“La acusación de la fiscalía se basa en parte en dicha declaración, que afirma que la noche del asesinato, Regina Martínez Pérez compró cerveza en la tienda de “Cecilia” (omitimos su nombre por su seguridad). En una entrevista, Cecilia declaró que Regina no había acudido a su tienda la noche del asesinato y que Regina solo bebía una marca de cerveza que ella no vendía”.

Jorge Antonio Hernández Silva fue sentenciado a 38 años de prisión por delitos de homicidio calificado y robo calificado.

El perfil del trabajo periodístico de Regina estaba definido por sus coberturas de temas sociales, como conflictos sindicales, abusos de autoridad sobre la clase trabajadora e injusticias cometidas en contra de comunidades y personas indígenas.

Pero también investigaba al poder político y a la delincuencia, los dos grandes temas de esa época en que Fidel Herrera -con cuyo gobierno ella había sido especialmente crítica- acababa de terminar su periodo como gobernador y había heredado el poder a su ex asistente personal y secretario de Finanzas, Javier Duarte.

El informe concluye que “la investigación del asesinato de Regina Martínez Pérez se vio comprometida a nivel estatal y que hay claros indicios de obstrucción a la justicia por parte de los inspectores de la Fiscalía General del Estado de Veracruz”.

Es decir, concluye lo que se comentaba el día de la marcha por Regina.

Ha pasado una década desde que Regina luchó por su vida en el centro de su intimidad, en su baño, donde fue hallada estrangulada. Han pasado administraciones del PRI, PAN y Morena y la Fiscalía de Veracruz no ha modificado el resultado de la investigación a pesar de que el 17 de noviembre de 2020 el presidente Andrés Manuel López se comprometió públicamente a reactivar al caso.

En estos 10 años, la Plaza Lerdo fue renombrada como Plaza Regina. El fotorreportero que participó en la colocación de una placa con la leyenda “Plaza Regina Martínez”, Rubén Espinoza, fue asesinado también.

De hecho, otros 19 periodistas han sido asesinados en Veracruz desde el crimen de Regina.

La placa la pusieron y los “orejas” la quitaron. Así sucedió varias veces y ya no hay ninguna placa. Pero la plaza se nombra Plaza Regina aunque su nombre oficial sea el anterior.

Su tumba tiene grabada la imagen de una mujer trabajando en una máquina de escribir. Hay dos arreglos de flores recientes. Uno de ellos tiene un pequeño mensaje de agradecimiento por su labor periodística y el ejemplo que dejó.

Hasta la fecha de esta publicación no había ninguna convocatoria desde el gremio de periodistas de Veracruz para conmemorar los 10 años sin Regina. Pero el pasado 24 de abril, en el fin de semana previo a la conmemoración de 10 años de su asesinato, cientos de mujeres la nombraron.

Mujeres que participaron en la manifestación por los asesinatos de mujeres en Veracruz y México caminan frente a una ilustración de Regina Martínez en el túnel del Parque Juárez, en el centro histórico de Xalapa. Foto: cortesía.

Fue en la marcha para exigir alto a los feminicidios, alto al asesinato de mujeres, como el de Juana Ovando, la mujer que tantas veces marchó en las calles de Xalapa en solidaridad con sus compañeras y quien fue asesinada por un vecino.

“¡Juana, hermana, aquí está tu manada!”, gritaban.

Fue una dolorosa marcha fúnebre que salió desde la avenida Ávila Camacho con cerca de mil participantes vestidas de negro que pararon, como es costumbre, en el Monumento a la Madre para hacer un minuto de silencio y hacer un pase de lista de las que ya no están.

Nombraron a Juana y a muchas otras. A demasiadas. También a Regina.

“Regina Martínez, ¡presente!”

En el túnel que pasa abajo del Parque Juárez hay una ilustración que forma parte de una intervención llamada Históricas. Ahí está también Regina, de espaldas, con su nombre escrito en su cabello, abrazada por otra mujer. Dentro de la manada.

“Regina Martínez, 10 años sin justicia”, decía la pancarta de una periodista que marchó por primera vez en su vida aquel 30 de abril de 2012 y que volvió hacerlo 10 años después.

Es una mujer que conoció a Regina, que la acompañó hasta su sepelio. Es una periodista que ese día por la tarde llegó a la televisora donde trabajaba y recibió la orden de no mencionar lo sucedido en la marcha.

Le dijeron que sólo se mencionaría la postura del gobierno de Duarte por órdenes de Comunicación Social, la misma instancia que hacía llamadas a conocidos de Regina buscando algo que les sirviera para desviar la atención del trabajo periodístico de Regina.

Aquel día, la periodista no obedeció las órdenes que llegaron a su trabajo e hizo silencio al aire, planeando en ese instante su salida de ese medio, dejando que el otro conductor cumpliera sin chistar, al pie de la letra, lo que le ordenaron.

10 años después, cuando escuchó el nombre de Regina en boca de tantas chicas desconocidas, se preguntó: “¿quiénes serán, cuántos años tenían hace 10, en dónde estarían, cómo saben de Regina”.

«Mi primera marcha para pedir justicia fue por Regina, 10 años después volví a cargar una pancarta pidiendo justicia por ella. En la marcha del pasado 24 de abril pude ver a Regina en todas partes: en el pase de lista, pintada en el mural del viaducto, en la plaza que ahora lleva su nombre. Todo eso nos hace recordar que la justicia no ha llegado», dijo.

Y pensó que Regina Martínez está en la manada. Pensó que Regina Vive. 

Fotos de galería: Archivo.

Una década sin Regina Martínez: Los detalles de una investigación bajo sospecha

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Se cumplen 10 años del crimen de la periodista veracruzana sin una investigación que apunte a su trabajo periodístico como posible causa del asesinato. El propio presidente del país prometió impulsar la reapertura de la investigación, pero no lo ha cumplido.

Por Norma Trujillo Báez

Hace una década asesinaron a la periodista veracruzana Regina Martínez Pérez y la Fiscalía de Veracruz concluyó que el crimen no tuvo relación con su trabajo periodístico. hace un año y medio el presidente de México se comprometió a reabrir la investigación, cosa que no ha sucedido.

Hoy Regina sigue sin justicia.

Solo ha quedado el rompecabezas judicial armado por tres instancias: la Agencia Segunda del Ministerio Público de Xalapa; la Agencia del Ministerio Público Especializado en Delitos Electorales y en Atención de Denuncias contra Periodistas, que pasó a la Dirección General de Investigaciones Ministeriales de la Fiscalía General de Justicia de Veracruz (antes Procuraduría), que llevó adelante 155 diligencias y 56 dictámenes periciales sobre el caso.

Y mientras tanto, el caso venía siendo investigado, en paralelo, por la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión, que fue la que finalmente solicitó la acción penal y reparadora del daño contra Jorge Antonio Hernández Silva como “probable responsable” del delito de homicidio calificado y “robo calificado”, perpetrado en contra de la periodista.

La Jueza Tercera de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa lo encontró penalmente responsable y lo sentenció a una pena privativa de libertad de 38 años de prisión, resolución que fue apelada por la defensa del acusado, consiguiendo apenas unos meses después su liberación.

Ángel Martínez Pérez, hermano de Regina, y la Procuraduría estatal, promovieron un juicio de amparo ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal que consiguió ratificar la primera sentencia. Así, José Antonio Hernández fue reaprehendido a finales de 2014, y purga la condena de 38 años recibida en primera instancia.

Quien continúa en libertad, y prófugo, es José Adrián Hernández Domínguez, “el Jarocho”, quien, para algunas autoridades policiales, habría sido asesinado.

Pero las autoridades dicen que cuando José Adrián Hernández Domínguez, alias “el Jarocho”, sea detenido, se cerrará el caso del homicidio de la periodista Regina Martínez Pérez. Así la Procuraduría General del Estado de Veracruz confirmaría su hipótesis, planteada desde que fue encontrada sin vida en su vivienda: que se trataba de un crimen pasional, que no hay necesidad de investigar su trabajo periodístico como posible causa del crimen.

El desorden y la falta de seriedad en la indagación que hizo el Ministerio Público quedó en evidencia cuando el grupo Águila 7 de la Agencia Veracruzana de Investigaciones fue enviado a las calles aledañas de la vivienda de la corresponsal de la revista Proceso. En su patrullaje los elementos de esa dependencia encontraron una persona que daría sustento a la acusación contra El Jarocho, y su supuesto cómplice Jorge Antonio Hernández Silva.

10 días después del crimen, Diego Hernández Villa, un albañil de 42 años, fue abordado por los Águila 7 y, en su comparecencia voluntaria, relató: “estaba yo tomando unas cervezas en la calle Plutarco Elías Calles y como a las 10:00 cerraron la tienda El Puente. Vi que pasaron dos tipos de los cuales a uno le dicen el “Jarocho”, de nombre Adrián. Tiene unos tatuajes en el brazo izquierdo. Lo conozco porque su esposa es mi conocida… Sé que se droga. Yo sé que no tiene un trabajo pero anda en el parque Juárez con los maricones, es de los que se llaman mayates. Es una persona violenta y siempre anda en compañía del Silva (Jorge Antonio Hernández).

Sin embargo, el posible vínculo de su trabajo con el móvil del crimen jamás fue investigado por la Procuraduría de Justicia del Estado (hoy Fiscalía General del Estado de Veracruz). Por el contrario, lo que hicieron fue investigar a los periodistas colegas de Regina, dirigiendo la investigación hacia los amigos como una hipótesis del homicidio.

La falta de coordinación entre la Procuraduría local con la Procuraduría General fue solo otra muestra de la incompetencia con la que se abordó la investigación. En el expediente judicial consta que la Procuraduría local se negaba a compartir las huellas digitales encontradas, al haber sido los primeros en intervenir en la escena del crimen. Según la hipótesis pasional, Regina estuvo departiendo con los asesinos.

De haber sido así, habría mucho material genético que analizar. Sin embargo, la Procuraría local, después de meses, solo envió una fotocopia de una sola huella para su análisis. No hay mucho trabajo técnico que revisar en el expediente del asesinato de Regina Martínez. Menos un trabajo forense estricto.

*Foto de portada: revista Proceso.

Manchados por el petróleo: un historial de derrames, impunidad y abusos en la Amazonía de Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia

Existen por lo menos 282 procesos sancionadores contra 72 petroleras de Perú y Colombia, y alrededor de la mitad ha sido multada por más de 55 millones de dólares. En los lotes petroleros de Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, se superponen con territorios indígenas y áreas protegidas. Son 1647 comunidades y 52 áreas protegidas.

Texto: Alexa Vélez Zuazo, Vanessa Romo / Mongabay Latam / ManchadosXElPetroleo

Ilustración de portada: Kipu Visual

Un olor intenso a petróleo despierta cada cierto tiempo de golpe a los pobladores indígenas de la comunidad kichwa 12 de Octubre en la región amazónica de Loreto, en Perú. Cuando salen a corroborar lo que está pasando, se encuentran con la misma escena que se repite desde hace cinco décadas: una mancha oleosa que se va esparciendo por la quebrada en la que pescan, cocinan y se bañan más de cien familias. El 17 de marzo de este año la comunidad denunció un nuevo derrame, uno más de los tantos reportados en el lote petrolero 192. Los habitantes de las comunidades están hartos: “Nunca mejora la situación, todas las empresas han tenido derrames desde OXY, Pluspetrol y Petroperú. Las tuberías están podridas, tienen años instaladas y por eso se está contaminando constantemente”, dice Natanael Sandi, monitor ambiental indígena que reporta los daños causados por el petróleo.

En Mongabay Latam hemos reportado problemas en este lote al menos una docena de veces en los últimos seis años. Y la cifra se multiplica si incluimos a otros países con influencia de  industrias extractivas en la Amazonía. Los temas se repiten: comunidades locales afectadas, empresas sancionadas, conflictos e impunidad. ¿Cuál es la magnitud de esta situación? ¿Cuáles son las empresas más multadas o sancionadas por faltas ambientales?

Para responder a estas preguntas, un equipo periodístico coordinado por Mongabay Latam en alianza con Rutas del Conflicto y Cuestión Pública en Colombia, La Barra Espaciadora en Ecuador y El Deber en Bolivia solicitó información oficial de a las autoridades ambientales de los cuatro países. ¿Qué encontramos? En Perú y Colombia, más de 200 procesos sancionadores por infracciones ambientales contra 72 petroleras en los últimos diez años. En Ecuador y Bolivia, falta de transparencia o información incompleta de parte de las instituciones gubernamentales.

También pudimos detectar que las autoridades de Perú y Colombia han impuesto 169 multas y 14 de estos casos siguen activos. Puede revisar cada uno de los casos en la visualización.

Lamentablemente, los impactos ambientales no son el único problema. Está investigación muestra también cómo la actividad petrolera se ha expandido y se superpone con territorios indígenas y áreas protegidas ubicadas en la Amazonía de estos cuatro países. El análisis geoespacial nos permitió detectar más de 1200 casos en los que existe una superposición entre territorios indígenas y concesiones petroleras que puede llegar hasta el 100 por ciento.

Una década de multas

Diez pedidos de información a ocho oficinas estatales de Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia permitieron armar la base de datos del especial ManchadosXelPetróleo. En algunos casos, la información no llegó completa y se insistió en las solicitudes; en otros simplemente no hubo respuesta o no se enviaron los nombres de las empresas sancionadas.

Con la información recibida del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en el caso de Perú, y de Corporinoquia y Cormacarena, que supervisan la Orinoquía en Colombia, se estableció que en los últimos 10 años se han abierto 282 procesos sancionadores contra empresas petroleras por infracciones ambientales: 143 casos en Perú que involucran a 16 empresas y 139 en Colombia asociados a 56 compañías.

Hasta el momento las autoridades de ambos países han impuesto 169 multas a 36 petroleras —16 en Perú y 20 en Colombia— por afectar el medio ambiente durante sus operaciones. El monto total de estas sanciones económicas asciende a $55 327 451 dólares.  El 98,8 % de este total se aplicó a empresas en Perú.

Según la información entregada por las autoridades ambientales de los dos países, las compañías Pluspetrol Norte (Perú) y Perenco en la Orinoquía colombiana registran el mayor número de procesos sancionadores y son las empresas más multadas entre 2011 y 2021. Una de las entregas de este especial revisa precisamente la operación de Pluspetrol Norte en la Amazonía peruana, una compañía a la que el OEFA le ha impuesto 73 sanciones y que tiene procesos judiciales pendientes con el Estado por intentar recurrir a la liquidación de la empresa y evadir así, según las autoridades, la remediación de las zonas afectadas por el petróleo. El caso de Perenco, la petrolera más sancionada por Corporinoquia, sus multas sobrepasan los US$169 mil dólares e incluyen afectaciones causadas a la población, así como a la flora y fauna principalmente en la región de Casanare, en la Orinoquía.

Charcos de petróleo, tierra y vegetación lastimada que los comuneros de Doce de Octubre reportan. Van cuatro derrames en el 2022. Foto: David Díaz Ávalos, Puinamudt.

Perenco Colombia Limited registra un total de 27 procesos sancionadores y nueve multas que bordean los US$169 633. Le sigue la Empresa Colombiana de Petróleos Ecopetrol S.A., o simplemente Ecopetrol, con 20 procesos sancionadores y tres multas que suman US$110 167. En tercer lugar está Ingecoleos LTDA con tres procesos sancionadores y dos multas que suman US$68 815.

Es importante destacar que la información incluida en este informe consigna solo los datos enviados por Corporinoquia y Cormacarena. Al cierre de esta publicación, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de Colombia (ANLA) respondió al pedido de información ingresado en enero de este año sobre las multas y sanciones contra las petroleras que operan en la Amazonía de Colombia. La información entregada no está completa y no figuran los nombres de todas las empresas por lo que se ha ingresado un segundo pedido de información. Según el material entregado por ANLA, Perenco Colombia Limited y Ecopetrol lideran la lista de las empresas más multadas en la Amazonía en los últimos diez años.

En el Perú, Pluspetrol Norte lidera la lista con 73 procesos, que se abrieron en los últimos diez años, y que derivaron en 72 multas que suman US$47 322 662. En segundo lugar está la compañía Maple Gas Corporation con 14 procesos, los cuales derivaron en 14 multas que ascienden a US$685 685 y en tercer lugar Petróleos del Perú – Petroperú, la empresa estatal del país con ocho procesos sancionatorios que terminaron en dos multas que suman US$4 959 033. Esta empresa tiene la multa más alta de toda la base de datos: US$4 956 772. Este monto impuesto por el OEFA en el 2020 fue por contaminación de agua y suelo en el Oleoducto Norperuano de Loreto.

La sanción contra Petroperú, la única petrolera estatal que figura entre las seis empresas más multadas de Perú y Colombia, es por una fuga de petróleo ocurrida en enero del 2019 en la región amazónica de Loreto. Según el expediente de este caso, el problema detectado en la tubería del Oleoducto Norperuano – Tramo II afectó la quebrada Numpatkain y algunos puntos del río Rojo. La OEFA indica que la petrolera estatal fue sancionada por vulnerar la normativa ambiental, pues no adoptó las medidas de prevención necesarias para evitar los impactos ambientales negativos en la flora, fauna y la salud humana. La compañía, según el expediente del caso, ha apelado la resolución sancionatoria y esta debe ser revisada ahora por el Tribunal de Fiscalización Ambiental.

Para el Relator Especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos de la ONU, Marcos Orellana, las multas cumplen un rol disuasivo solo si son significativas. “Si las multas son muy bajas, simplemente se transforma en un costo del negocio.  El monto debe estar relacionado con la gravedad del problema y con la magnitud de la ganancia de estas empresas”, enfatiza. Asimismo, si estas no son acatadas y se judicializan indefinidamente, no funcionan. “Por eso las demoras no solamente generan pasividad, agravan los impactos y  generan pérdida de legitimidad y confianza en  el sistema  legal.  Ese es un gran costo que paga el Estado”, agrega.

Dentro de los 282 procesos sancionadores en Perú y Colombia, logramos detectar que por lo menos dos compañías petroleras operan en más de un país de la región. Perenco, por ejemplo, también está presente en Perú, a través de la empresa Peru Petroleum Limited, y tiene dos multas que suman $88 182 dólares por contaminación de agua, de suelo y afectación a la flora y fauna en el lote 67. Estas multas fueron impuestas en el 2017 y la última de ellas en junio del año pasado. Lo mismo ocurre con la compañía Frontera Energy, que tiene sucursales en Colombia, Ecuador y Guyana, y que hasta el 2021 manejó el lote 192 en Perú. Por esta operación acumuló cinco multas que ascienden a $516 049 dólares.

Vanessa Cueto, vicepresidenta de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), señala que en Perú los requisitos para otorgar concesiones a empresas se basan más en las ofertas económicas que en la evaluación de sus buenas prácticas empresariales. “No solo sucede en hidrocarburos, sino en minería o infraestructura. Todavía falta establecer mecanismos para conocer los antecedentes de las compañías. Lo que pasa es que nadie quiere hacerse responsable de los pasivos ambientales”, indica. La información sistematizada por este equipo periodístico, precisa la experta, “da una visión integral del problema de nuestras fuentes energéticas, con miras al uso de energías más limpias”.

Aunque en este trabajo se ha podido explorar el problema en Perú y Colombia, quedan pendientes Bolivia y Ecuador. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua en Bolivia no respondió nuestro pedido de información y el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador nos envió un listado de los derrames de petróleo registrados en los últimos diez años en la Amazonía del país que suman 1202, pero sin incluir a las empresas detrás de estos casos.

Vista aérea de la ruta por donde se había construido la séptima variante del Oleoducto de Crudos Pesados y por donde el petróleo fluyó hasta alcanzar el cauce de los ríos Piedra Fina, Quijos y Coca. Foto: Iván Castaneira.

El ministerio del Ecuador precisó que todo operador petrolero está obligado a informar a la autoridad ambiental competente sobre un incidente en un plazo no mayor a las 24 horas de conocido el evento. Tomando esto en cuenta, señala el documento de respuesta, “el 80 % de los derrames reportados corresponden a emergencias menores a cinco barriles y ocurridas dentro de las instalaciones con impermeabilización”, se indica.

En la matriz entregada por el mencionado ministerio se detalla el lote y la fecha de la infracción ambiental, sin embargo no se menciona cuáles son las empresas responsables de estos derrames ni los procesos sancionadores que se les abrieron. No obstante, a partir de la base entregada, se pudo establecer que el lote con más derrames fue el Bloque 57 Libertador operado ahora por PetroEcuador.

En el documento se especifica también que la causa principal de los derrames reportados en este bloque son “por fallas operativas dadas por corrosión interna de tubería”. A su vez indica la autoridad ambiental que “a fin de garantizar que no vuelvan a ocurrir eventos por la misma causa, se ha dispuesto el cumplimiento de los informes de integridad mecánica, cambios de tuberías, análisis preventivo y correctivo en tubería, que garanticen que no sucedan eventos por la misma causa”. No obstante, según la misma base, se registraron treinta derrames durante el 2020 y dos más en la primera mitad del 2021.

Pese a esta entrega parcial o nula de información, tanto La Barra Espaciadora en Ecuador como El Deber en Bolivia reportaron casos importantes que detectamos a partir de la superposición de lotes petroleros con territorios indígenas y ecosistemas sensibles. En el caso de Bolivia, exploramos la situación de las áreas naturales protegidas y hallamos que de 53 áreas protegidas —entre nacionales, departamentales y municipales—, 21 están superpuestas por bloques de hidrocarburos. Y en la Amazonía de Ecuador, viajamos hasta la comunidad de Sinchiurco donde funciona la plataforma Guanta 1. En este territorio indígena kichwa recogimos un historial de daños y negligencias de empresas desde la década de los 80, entre ellas Texaco, Petroamazonas, PDVSA y Petroecuador.

Naturaleza manchada

El análisis de la base de datos nos permitió establecer que el agua, el suelo y la flora fueron los recursos naturales más afectados en estos últimos diez años. En Perú se detectaron 45 casos asociados a daños ambientales al suelo, 24 a la flora y 20 al agua. Mientras que el daño a las fuentes de agua en Colombia está presente en 46 procesos y a la flora y suelo en 26 cada uno.

Se estima que la actividad petrolera en el departamento empezó en la década del 60 pero Ecopetrol fue la primera petrolera en el corredor Puerto Vega Teteyé . Foto: cortesía de la Asociación Minga- Sonia Cifuentes.

Los expedientes obtenidos nos permitieron tener detalles más específicos de estos daños al medio ambiente. Es así como en Perú, el rebose de tanques de petróleo, la fuga de crudo en tuberías y la mala disposición de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos causaron los problemas ambientales mencionados.

En Colombia fueron sobre todo los derrames de petróleo los que afectaron ríos, cauces, concesiones de aguas superficiales o subterráneas; además de las irregularidades detectadas en los permisos de vertimiento de aguas residuales.

En toda la región Orinoquía, el punto de encuentro entre el Amazonas y los llanos del río Orinoco, compuesta por los departamentos Arauca, Casanare, Vichada y Meta, se registraron 139 casos, mientras que en Loreto 120.

Lo grave es que también se detectó que algunas de las empresas sancionadas figuran ‘en Liquidación’, como es el caso de Maple Gas Corporation del Peru S.R.L. y Pluspetrol Norte S.A., compañías que operan en territorio peruano. Esto podría convertirse en una vía para eludir sus responsabilidades, sostienen varios expertos.

“El problema es que si el privado no asume el costo, lo termina asumiendo el Estado”, dice Miguel Lévano, oficial de Oxfam Perú. Lévano resalta el caso de Pluspetrol en el Lote 192, donde la empresa no ha aceptado los 2000 puntos de contaminación que el OEFA ha señalado que deben ser remediados.

Para Lissette Vásquez, adjunta del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo en Perú, “no podemos tolerar como país más casos como el del Lote 192”. La experta añade: “tuvimos una empresa que se retiró sin remediar y con un intento de liquidar la compañía para no hacerse cargo de la remediación”.

Aunque Vásquez resalta el hecho que se pudo interponer una medida cautelar para evitar esta falta de responsabilidad, señala que “en la medida que el Estado cumpla y haga cumplir la ley, la población irá recuperando la confianza en este tipo de actividad extractiva como el petróleo”.

Tierra tomada por el petróleo

El análisis geoespacial realizado en la Amazonía de los cuatro países, en base a la información de la Red Amazónica de Información Socioambiental (RAISG), detectó que 1647 territorios indígenas —entre comunidades, resguardos y reservas— son afectados por bloques de hidrocarburos. En el caso de las áreas protegidas son 52 —entre nacionales, departamentales y municipales— en Perú, Ecuador y Bolivia. En el caso de Colombia,  si bien no tiene áreas protegidas que se superponen con lotes petroleros, sí se ven afectadas 70 reservas forestales en la Amazonía.

Asimismo, más del 76 % de las comunidades indígenas superpuestas tienen un traslape con bloques petroleros que llega al 100% en los cuatro países. Y en el caso de las áreas protegidas en Perú, Ecuador y Bolivia, este asciende a un 30,7 %.

Observar esta información en un mapa permite tener una idea más clara de cómo los lotes petroleros se expanden sobre el verde intenso de la selva. Y esta situación se vuelve más compleja cuando se recogen los testimonios en campo: muchas comunidades y resguardos indígenas denuncian que no tuvieron procesos de consulta previa antes de realizar actividades sobre sus tierras y muchos menos se socializó la demarcación de estos bloques con estos pueblos.

Aunque en todos los países esta superposición es legal, los expertos consultados señalan que sienta un mal inicio en la relación entre el Estado, la empresa y las comunidades. Lissette Vásquez, adjunta de la Defensoría del Pueblo en Perú, comenta que el 20 % de los conflictos sociales en el país corresponden a actividades de hidrocarburos. “Si solo consideramos los conflictos que están activos, esta cifra asciende a 24 % y la mayoría se encuentra en la Amazonía”, agrega.

El pueblo siona en pie de lucha por la defensa ambiental de su territorio ancestral. Foto: Tomada de la cuenta de Twitter del Resguardo Buenavista @PuebloZiobain.

Para Pedro Tipula, geógrafo del Instituto del Bien Común (IBC), las normas son claras. “La ley (de consulta previa) es concreta y cuando vas a afectar derechos no solo territoriales, sino humanos, tiene que hacerse la consulta a las poblaciones”, enfatiza. Vásquez indica que el problema comienza cuando se observa que la consulta es solo “una barrera burocrática más que superar”. Laura Montaño, investigadora de la Asociación Ambiente y Sociedad de Colombia, comenta que, aunque la totalidad del bloque petrolero no será explotado —y  por ende no implicaría una afectación directa a los pueblos indígenas—, los proyectos de hidrocarburos se han desarrollado a 200 o 300 metros de distancia de las coordenadas de los territorios indígenas. “De esa forma, cuando piden ante el Ministerio del Interior la resolución que indica la presencia de comunidades indígenas, no se registra nada y no es necesario hacer un proceso de consulta previa”, señala. Pero cuando las fallas operativas suceden sobre fuentes de agua, inevitablemente, el petróleo los afecta.

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*Esta investigación transfronteriza es coordinada por Mongabay Latam en alianza con Rutas del Conflicto y Cuestión Pública de Colombia; La Barra Espaciadora de Ecuador y el diario El Deber de Bolivia. Aquí puedes leer la original.

*Edición general: Alexa Vélez. Editores: María Isabel Torres y Antonio Paz. Coordinación: Vanessa Romo. Investigación y análisis de base de datos: Gabriela Quevedo y Vanessa Romo. Análisis geoespacial: Juan Julca. Equipo periodístico: Gloria Alvitres, Enrique Vera, Cristina Fernández, Yvette Sierra, Vanessa Romo y Alexa Vélez (Mongabay Latam); David Tarazona, Angie Garay, Valeria Báez, Andrea Rincón y Nicolás Sánchez Cuestión Pública en Colombia; Pilar Puentes, Catalina Sanabria  de Rutas del Conflicto en Colombia); Diego Cazar Baquero y Ana Cristina Alvarado de La Barra Espaciadora en Ecuador) e Iván Paredes y Nelfi Fernández de El Deber en Bolivia. Visualización de datos y diseño: Rocío Arias, Daniel Gómez, Carlos Mazabanda de Todos los Ojos de la Amazonía y Eduardo Mota García. Producción audiovisual: Estudio Androide y Christian Ugarte. Historias gráficas: Kipu Visual. Audiencias y redes: Dalia Medina y Richard Romero.

Fraude educativo a la veracruzana

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Flavia Morales*

*Este trabajo fue realizado para AVC Noticias y CONNECTAS dentro de ARCO, con el apoyo del International Center for Journalist (ICFJ) en el marco de la iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas.

Para consultar la investigación completa visitar el sitio: www.avcnoticias.com.mx 

VERACRUZ.- Entre 2014 y 2019, la Universidad Politécnica de Huatusco (UPH) y siete Institutos Tecnológicos Superiores (ITS) en Veracruz firmaron 31 contratos vía adjudicación directa con 11 dependencias federales por más de 800 millones de pesos. Las instituciones carecían de infraestructura para ejecutar los contratos de servicios, así que subcontrataron a decenas de empresas -algunas no localizables- y así entregaron casi el 90% de los contratos por 700 millones de pesos-. 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó este fraude en varias universidades del país desde 2011 y el esquema explotó mediáticamente en 2017 a través de la investigación periodística conocida como “La Estafa Maestra”.  Pese al escándalo, la metodología continuó repitiéndose en Veracruz. 

Una investigación de AVC Noticias y CONNECTAS permite saber que el patrón que inició el gobierno del PRI, se repitió con el PAN y continuó ya con Morena en el poder; las instituciones educativas utilizaron una red que incluye la subcontratación de 30 empresas. 

Al menos 15 de las 30 sociedades que debían ejecutar estos contratos millonarios no pudieron ser localizadas en sus domicilios fiscales, no tienen oficinas y se manejan desde la virtualidad. Otras desaparecieron tras recibir los contratos. 

Tres de estas empresas también fueron señaladas por firmar contratos fraudulentos con las universidades Autónoma de Sinaloa y la de Campeche.

El modus operandi en el gobierno no era novedoso. Las auditorías detectaron la firma de contratos fraudulentos por 190 millones de pesos durante la administración del PRI con Javier Duarte de Ochoa (2010-2016), preso por delincuencia organizada. 

Durante la administración del panista Miguel Ángel Yunes Linares (2016-2018) se detectaron 18 contratos por más de 596 millones de pesos. Y por último, en el gobierno del morenista Cuitláhuac García. (2018-2022) se firmaron dos contratos que superan los 95 millones de pesos. 

Los ITS de Perote, Alvarado, Poza Rica, Tantoyuca, Jesús Rodríguez Clara, Pánuco, Cosamaloapan y la UPH utilizaron la misma red de empresas durante varios años para desarrollar servicios tan diversos como: talleres, servicios tecnológicos, servicios de gestión administrativa, calibración de equipo de laboratorio, asesoría jurídica, entre otros. 

Las dependencias involucradas son: El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) quien firmó contratos con el ITS de Alvarado, Cosamaloapan, Juan Rodríguez Clara, Panuco, Perote y la Universidad de Huatusco por más de 340 millones de pesos. 

La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios quien firmó contratos con el ITS de Cosamaloapan y Tantoyuca por 98 millones de pesos, Diconsa quien firmó contratos por 150 millones de pesos con el ITS de Cosamaloapan y Poza Rica, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano quien firmó contratos por 50 millones pesos. Otras dependencias que entregaron contratos en Veracruz, son Sagarpa, Nafin, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el INPI y el CIDE. 

En la mayoría de los casos no existe documentación que compruebe y justifique que los servicios contratados sí fueron ejecutados, o los entregables tenían deficiencias o sobrecostos de hasta 200% y las propias dependencias federales alegaron inexistencia de los servicios. 

¿Cómo pudo pasar esto?: Las auditorías forenses evidencian el patrón sistemático que siguieron los ITS: recibían contratos plurianuales vía adjudicación directa, subcontratación de terceros en más del 49% violentando la ley de adquisiciones; empresa sin activos, personal, infraestructura o capacidad para producir lo que significó también costos por encima del mercado, en algunos casos recibieron los recursos y 24 horas después transfirieron el dinero a cuentas bancarias de las empresas. 

También se detectó que algunos subdirectores administrativos de los institutos tecnológicos, a cargo de las cuentas bancarias y quienes conocían el esquema de contratación, permanecieron sin moverse del puesto durante varios años entre los gobiernos del PRI, PAN y Morena. Algunos fueron inhabilitados o apercibidos por diversos desvíos; aun así, continuaron firmando estados financieros hasta el 2021. 

En Veracruz existen 21 Institutos Tecnológicos y tres universidades técnicas, que dependen de la Secretaría de Educación de Veracruz. Para mantenerse reciben recursos federales y una aportación estatal. El director es nombrado por el gobernador del estado y el órgano máximo de estos organismos es una junta directiva encabezada por ocho miembros que preside el Secretario de Educación en turno.  

Durante estos años, cuatro Secretarios de Educación presidieron las juntas sin detectar el esquema: Flavino Ríos y Xóchil Adela Osorio con Javier Duarte, Enríque Pérez con Miguel Ángel Yunes y Zenyazen Escobar con Cuitláhuac García. 

Para esta investigación se buscó entrevistas con tres de ellos, pero a la fecha no se ha obtenido respuesta. 

Politécnica de Huatusco, la punta del iceberg 

La Universidad Politécnica de Huatusco firmó entre 2017 y 2018, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Instituto de Administración de Bienes y Avalúos (INDAABIN) adjudicaron de forma directa a dicha universidad cinco contratos por 119 millones de pesos para la prestación de servicios técnicos y administrativos. 

La universidad subcontrató a tres empresas para realizar los servicios: GN Plataforma Empresarial y Negocios SA de CV, Financiera Obrera Mexicana SA de CV y Lireyont SA de CV y les transfirió 110.3 millones de pesos que representan el 93.9% del recurso público federal que había recibido. 

Estas empresas, a su vez, entregaron los recursos a otras 13 empresas, algunas de ellas no pudieron ser localizadas.  Apenas recibió el dinero, GN Empresarial – cuyo socio principal Gabriel Terán, trabaja en un despacho contable que no mide más de 20 metros-  lo transfirió a Servicios y Consultoría empresarial Thunder SA de CV una empresa que apenas tenía dos meses de creada y quien  entregó los fondos a otras cinco empresas. 

Financiera Obrera Mexicana SA de CV,  creada en Acapulco, Guerrero en 2015 y que fue  disuelta en septiembre del 2019, subcontrató a la empresa Comercializadora RAH SA de CV, -creada en 2017-  para la realización de los servicios. 

Lireyont S.A. de C.V también trianguló el dinero con depósitos a otras cinco empresas, todas relacionadas a dos personas Iveth Reyes Mireles y Adán García Jiménez:  El domicilio que esta sociedad registró en los contratos no existe: solo hay una telefonista para recibir correspondencia, que tampoco conoce la ubicación de la empresa. 

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado y la ASF constataron en auditorías de la cuenta pública de 2017, 2018 y 2019 que no hay evidencia física o constancia de que los trabajos se hayan realizado. 

El entramado 

Eduardo Carreón, ex líder del Partido Nueva Alianza, ex rector de la UPH de noviembre del 2015 hasta el 16 de febrero de 2018, cuando fue destituido del cargo. Firmó tres contratos con dependencias federales. 

Entrevistado para esta investigación, Carreón asegura que la firma de convenios entre ITS y la administración pública federal era conocida entre los directores, tanto así que él asistió a un desayuno en Ciudad de México donde se explicó la operación. Según el ex rector,  la reunión fue convocada por el entonces director del ITS de Pánuco – al norte de Veracruz- Adrián Medina. 

En la reunión estaban los “brokers” o despachos que no eran funcionarios de la administración pública federal, pero que estaban ligados de alguna forma a las dependencias y explicaban el funcionamiento y los porcentajes. Incluso, estaba el ofrecimiento de cobrar el porcentaje completo o “por fuera” en efectivo. 

Eduardo Carreón, ex recotr de la Universidad Politécnica de Huatusco. Foto: AVCNoticias.

Cercano a Elba Esther, la ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Eduardo fue cesado de su cargo el 15 de febrero del 2018. Dos días después, los depósitos de los contratos que firmó fueron depositados a la cuenta bancaria de la Universidad, “Eso me salvó, me pueden señalar de firmar los contratos, pero no de ejercer el dinero, cuando eso pasó, yo no era funcionario”, dice.

Entrevistado, Adrián Medina confirmó que organizó las reuniones como contacto para informar de los contratos con la administración pública federal “Era el enlace nada más, pero ya las cuestiones las platicaron los directores o rectores con los titulares de las dependencias”, pero se negó a informar más sobre el tema. 

Fraude en el gobierno de la honestidad 

Delia González Cobos, titular del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz dice que este modus operandi fue detectado en varios de los informes individuales de fiscalización y por ello se han interpuesto al menos tres denuncias por el desvío de 134. 4 millones de pesos. 

En una breve reunión con esta reportera, reconoció que hay fallas en los órganos internos de control de los ITS para detectar la utilización de empresas “ factureras”, sin estructura que simulan la realización de contratos. 

Pero asegura que el esquema no se repite en el gobierno de Morena y sí hay observaciones están en proceso de solventación. 

Delia González Cobos, titular del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz. Foto: AVCNoticias.

Aunque las auditorías evidencian que el gobierno de Cuitláhuac García quien ha tomado la bandera de honestidad del Presidente Andrés Manuel López Obrador, realizó subcontrataciones que lo ligan con una empresa utilizada en el pasado: Lireyont SA de CV. 

Entre 2019 y 2020, el Instituto Tecnológico de Perote recibió 92.4 millones de pesos de dos contratos con el  INDAABIN, para la realización de talleres y cursos especializados en avalúos. 

Al no contar con la capacidad técnica para realizarlos, subcontrató a la empresa Active Promotions SA de CV, creada apenas siete meses atrás y le  transfirió 90.1 millones de pesos.

De acuerdo al Registro Público de Comercio, Active Promotions SA de CV fue creada en mayo del 2018 y su objeto social principal es la prestación de servicios de mercadotecnia, pero en  diciembre – unos días antes de firmar el contrato con el ITS-, modificó su actividad económica a “suministro de personal permanente”. 

Esta investigación comprobó que la empresa fue registrada ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) por Iveth Reyes Mireles quien en enero del 2020 creó junto a Adán García Jiménez,  la empresa  Servicios Administrativos SAVSE SA de CV. 

Iveth y Adán están vinculados a la creación de cinco empresas parte de esta red, como Lireyont SA de CV, quien ya había sido utilizada anteriormente por la Universidad Politécnica de Huatusco, el ITS de Alvarado y también de Jesús Rodríguez Clara.

Los entregables que comprueban los servicios del contrato tienen varias inconsistencias; por ejemplo, el ITS no presentó evidencia documental que ampare la contratación, según consta en auditorías. 

En contratos públicos, Active Promotions SA de CV declaró domicilio fiscal uno ubicado en Puebla, donde se rentan oficinas virtuales. 

*Este trabajo fue realizado para AVC Noticias y CONNECTAS dentro de ARCO, con el apoyo del International Center for Journalist (ICFJ) en el marco de la iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas.Para consultar la investigación completa visitar el sitio: www.avcnoticias.com.mx

Cifra de migrantes en frontera norte alcanza nivel más alto en 20 años con el fin del Título 42 cerca

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Por Reagan Priest
Cronkite Noticias

WASHINGTON – Los funcionarios fronterizos detuvieron a la mayor cantidad de migrantes en la frontera sur en al menos 22 años el mes pasado, lo que presenta un nuevo desafío para el plan de la administración Biden de poner fin a la ejecución del Título 42 dentro de unas semanas.

Los 221,303 migrantes detenidos en marzo elevaron el total de la primera mitad del año fiscal 2022 a más de 1 millón, según los datos más recientes de Aduanas y Protección Fronteriza, lo que pone a EE. UU. en camino de romper el récord del año pasado de 1,66 millones de detenciones.

Esto está sucediendo cuando los legisladores de Arizona continúan rechazando el plan de la Casa Blanca para poner fin al Título 42, la regla de salud pandémica que permite a los funcionarios rechazar a los solicitantes de asilo en la frontera, en medio de temores de que la administración no podrá manejar el aumento posterior de migrantes.

“La administración de Biden se equivocó al establecer una fecha de finalización para el Título 42 sin un plan integral”, dijo el senador Mark Kelly, demócrata por Arizona, a principios de este mes, cuando presentó un proyecto de ley para retrasar esa medida. “Necesitamos una respuesta segura, ordenada y humana en nuestra frontera sur y nuestra legislación bipartidista responsabiliza a la administración de Biden, por ello”.

Pero un defensor dijo que los números de Aduanas y Protección de Fronteras de EE. UU. (CBP, por su sigla en inglés) son engañosos, ya que el Título 42 a menudo conduce a encuentros repetidos con migrantes que intentan cruzar la frontera nuevamente después de que se les niega la entrada. Aaron Reichlin-Melnick, asesor principal de políticas del Consejo Estadounidense de Inmigración, dijo que ya no hay una razón legítima de política de salud para mantener el Título 42, que pone en peligro la salud y la seguridad de los solicitantes de asilo que son detenidos.

“El uso del Título 42 es un intento de mantenerse a flote en medio de un huracán, en lugar de refugiarse”, dijo Reichlin-Melnick. “Hemos visto cómo el Título 42 ha vuelto más caótica la frontera. Ha aumentado enormemente la cantidad de personas que cruzan la frontera una y otra vez”.

El Título 42 fue invocado por la administración Trump en marzo de 2020 como respuesta a la entonces nueva pandemia de COVID-19, bajo la dirección de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Permitió a los funcionarios en las fronteras terrestres rechazar a cualquier solicitante de asilo en un esfuerzo por reducir la propagación de la enfermedad.

Los defensores de la inmigración criticaron la regulación, que dijeron que hizo poco para proteger la salud pública mientras exponía a los migrantes a la violencia y las condiciones insalubres en campamentos improvisados ​​al otro lado de la frontera. Presionaron al presidente Joe Biden para que levantara la política cuando asumió el cargo en enero de 2021, pero no lo hizo y la cantidad de migrantes expulsados ​​bajo el Título 42 ha crecido desde entonces.

“Este es un fracaso bipartidista en el transcurso de muchos años para arreglar nuestro sistema de protección humanitaria, pero en lugar de eso, los políticos simplemente han tratado de redoblar esfuerzos para rechazar a la gente”, dijo Reichlin-Melnick.

De los 1,8 millones de inmigrantes que han sido rechazados bajo el Título 42 en la frontera sur, más de 1,35 millones estaban bajo la administración de Biden. Eso incluyó 109,549 en marzo, según CBP.

El Departamento de Seguridad Nacional planea usar más instalaciones blandas, como está en una foto de archivo de 2021 de Texas, para manejar el aumento de inmigrantes que se espera después de que se deje de hacer cumplir el Título 42 el próximo mes. (Foto por Michael Battise/Aduanas y Protección Fronteriza)

La administración defendió el uso del Título 42 como medida de salud, a pesar de la disminución de la pandemia. Pero los CDC anunciaron este mes que la regulación ya no era necesaria, y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) fijó el 23 de mayo como fecha para dejar de aplicar la regla. Continuará haciendo cumplir el Título 8, que permite que el DHS inicie procedimientos de deportación contra inmigrantes que no tienen una base legal para permanecer en los EE. UU.

Al hacer el anuncio sobre el Título 42, el DHS dio a conocer un plan para encargarse del aumento esperado de nuevos casos de asilo que requiere nuevas instalaciones de detención, cambiando agentes según sea necesario para tratar a los migrantes, simplificando el sistema de procesamiento de asilo y trabajando con otros países para reducir cifras de migrantes.

Pero en una presentación judicial no relacionada la semana pasada, CBP dijo que la cantidad de migrantes detenidos en marzo superó con creces la capacidad de la agencia para retenerlos, que en este momento alcanza un máximo de 31,715 migrantes.

Los republicanos criticaron el plan de la administración, dijeron que abrumaría a las agencias fronterizas, y el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, se unió a dos estados que demandaron a la administración para mantener el Título 42 en vigor. Los críticos dijeron que el cambio solo acelerará los aumentos en la migración que se han producido bajo Biden.

“Estos niveles casi sin precedentes de inmigración ilegal no son el resultado de circunstancias fuera del control del presidente Biden y su administración”, dijo Dan Stein, presidente de la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense, en un comunicado publicado el martes. Acusó a la administración de adoptar políticas “para abrir nuestras fronteras y alentar la migración masiva”.

Incluso algunos demócratas han expresado su preocupación. La senadora Kyrsten Sinema, demócrata por Arizona, es patrocinadora del proyecto de ley con Kelly para retrasar el levantamiento del Título 42, y los representantes demócratas de Arizona Tom O’Halleran de Sedona y Greg Stanton de Phoenix son patrocinadores de un proyecto de ley complementario en la Cámara de Representantes.

Sus proyectos de ley extenderían el Título 42 por 60 días, para dar a las agencias más tiempo para desarrollar planes para procesar a los inmigrantes que de otro modo habrían sido rechazados.

Pero Reichlin-Melnick dijo que si bien las detenciones son más altas de lo que han sido en 22 años, la cantidad de cruces fronterizos exitosos es en realidad menor que en 2000 cuando CBP dijo que capturó aproximadamente al 35 % de los migrantes. Hoy, ese número es hasta el 83 %.

“De alguna manera, el Título 42 fue un poco una distracción”, dijo. “Durante los últimos ocho años, hemos estado tratando de evitar arreglar nuestro sistema de protección humanitaria. El presidente Obama implementó la detención familiar, el presidente Trump implementó la separación familiar, permanecer en México y luego el Título 42, y el presidente Biden mantuvo el Título 42”.

Este reportaje fue escrito y redactado originalmente en inglés por Cronkite News.

La imagen de portada, tomada en marzo de 2020, muestra a agentes de la Patrulla Fronteriza que usan equipo de protección personal mientras llevan a un grupo de migrantes encontrados cerca de Sasabe, en Arizona, de regreso a México, poco después de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza comenzará a hacer cumplir el Título 42. Algunos legisladores temen que GBP no esté preparado para manejar números crecientes de migrantes después de que el Título 42 finalice este mes. (Foto por Jerry Glaser/Aduanas y Protección Fronteriza)

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Vargas, el pueblo que recibe inversión millonaria de Constellation Brands y su contexto en la historia nacional

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Por Ignacio Carvajal*

Vargas es una pequeña localidad que ha sido elegida por México y Estados Unidos como el mejor lugar para instalar la planta cervecera Constellation Brands, con una inversión superior a los mil 300 millones de dólares, que traerá unos 2 mil empleos directos, y otros cientos, indirectos.

Pertenece al municipio de Veracruz y está a 30 kilómetros de la cabecera municipal, la zona urbana más poblada del estado, donde está el principal puerto de México.

El poblado alejado de las autopistas, Vargas es una comunidad de unos 3,000 habitantes dependientes de la ganadería, el campo y en mayor medida, de laborar en la zona industrial Bruno Pagliai, y en el área de servicios en negocios del puerto jarocho.

No es un pueblo ordinario, cuenta con una participación fundamental en la historia de nuestro país, pues es ahí donde el ex presidente de México, Antonio López de Santa Anna tuvo una de sus haciendas predilectas, mucho más que la de El Lencero. Se llamó Manga de Clavo.

Los historiadores indican que en esa hacienda Santa Ana tramó toda clase de planes para aferrarse al poder: intrigas, traiciones y toda diversas elucubraciones para aferrarse a la Presidencia y para contrarrestar a sus enemigos.

El ex presidente Santa Ana la adquirió en 1825 y ahí asentó su principal base de operaciones. Cuando quería salir de la rutina en el Altiplano se trasladaba a Manga de Clavo para pasar largas temporadas ejerciendo el poder desde ahí.

En los anales de la historia, se encuentra la visita de Ángel Calderón de la Barca, ministro plenipotenciario de España en México de 1839 a 1842, y de su esposa, gracias a quien ahora se le deben las descripciones de cómo era Veracruz en esos años, y sobre la infraestructura en Manga de Clavo.

Tras la invasión norteamericana y con Santa Anna en desgracia, recluido en El Lencero, Manga de Clavo quedó en segundo plano y resultó saqueada y quemada por los estadounidenses. Al paso de los años, llegó al lugar un adinerado señor conocido como Francisco Vargas, de cuyo apellido el pueblo tomó el nombre.

Tras la muerte de Francisco Vargas, alrededor de la hacienda, que contaba con una extensión de 48 kilómetros cuadrados, se fue formando el caserío de lo que hoy se llama Vargas, entre agricultores, ganaderos y ejidatarios que no fueron reconocidos sino hasta la llegada de Lázaro Cárdenas a la Presidencia de la República, con sus revolucionarias leyes para dotar de tierra a los campesinos.

Lo más penoso del pueblo, y de lo que casi nadie quiere hablar, o si lo hacen, es con mucha vergüenza, es que los restos de la hacienda que fueron abandonados, nunca fueron valorados por las autoridades municipales, y los habitantes vieron en ellos una buena piedra y cimientos para alzar lo que hoy es la iglesia en honor a San José, la escuela primaria Miguel Alemán y otras obras de caminos para el poblado.

Así, poco a poco los restos de la hacienda fueron derruidos, pero se pusieron la escuela y la iglesia. Solo quedó un pozo, el famoso pozo de Santa Anna, lugar muy misterioso, rodeado de toda clase de historias y mitos. Los viejos cuentan que en el lecho del pozo, Santa Anna trazó un túnel secreto para escapar de sus enemigos, el cual contaba con salida a la altura de Santa Fe, hoy Delfino Victoria, lo que no ha podido ser comprobado hasta la fecha, pues el pozo está inservible y con muchos años de abandono.

Por las noches de luna llena, relata la gente del poblado, a veces, de madrugada, se oyen caballos a tropel por las grutas del pozo: espíritus malignos. Otros dicen que El Diablo, en busca de almas perdidas que te invitan a bajar a lo más hondo del pozo a buscar el tesoro de Santa Anna, los más viejos, ya casi todos muertos, contaban que estaba compuesto de doblones españoles, barras de oro, joyas de la época prehispánica y centenarios que a lo largo de su vida Santa Ana Atesoró quizá con la esperanza de comprarse vida eterna.

Los restos del pozo de Santa Anna, un brocal y algunos cimientos derruidos, están a un lado del camino que conduce al Cerro Simil, que hace unos 40 años, cuando aún estaba en auge el contrabando de fayuca, fue testigo del desplome de una avioneta en la que supuestamente viajaban traficantes de mercancía, y que eran gringos.

Gente del poblado de Vargas corrieron a donde el accidente y encontraron a la tripulación agonizante, lejos de prestarles ayuda, se apoderaron de sus joyas y se llevaron toda la mercancía que estaba en buen estado.

Gente del poblado de Vargas corrieron a donde el accidente y encontraron a la tripulación agonizante, lejos de prestarles ayuda, se apoderaron de sus joyas y se llevaron toda la mercancía que estaba en buen estado.
Lo que dice la gente es que a raíz de ese accidente aéreo, algunas familias despuntaron económicamente, ganado, propiedades, tractores, pero igual, al paso de los años, resultaron alcanzados por la muerte y la desgracia.
Actualmente el pueblo sufre una profunda crisis de desempleo, y gran parte de su juventud ha tomado el camino de las drogas y el alcoholismo. La oportunidad de progreso con la inversión millonaria de Constellation Brands también debería ser la puerta de entrada a programas culturales, mejor educación y prevención del consumo de sustancias nocivas que reconstruyan el tejido social, y que alejen a los chicos y chicas de las conductas antisociales.

Foto de portada: tres hombres posan junto a los vestigios del pozo de la hacienda Manga de Clavo. Crédito: cortesía.

*Ignacio Carvajal es un periodista veracruzano originario de la comunidad de Vargas.

Mexicanos esperan en la frontera mientras políticos de EU bloquean el levantamiento de la prohibición de solicitudes de asilo por COVID-19

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Por Brenda Muñoz Murguia
Cronkite Noticias

NOGALES, Sonora, México – Rosario, de 24 años, se casó cuando era adolescente, tuvo dos hijos y los crió mientras su esposo trabajaba. Le tomó ocho años ganar suficiente dinero para amueblar su casa en el estado mexicano de Michoacán. Pero era una casa bonita. Cumplieron su sueño.

Luego, los cárteles en guerra los obligaron a huir.

“De la noche a la mañana dejamos todo”, dijo Rosario. “Yo lloraba mucho y dije ‘¿por qué a nosotros? Si nosotros no hacemos nada?’ Pero así pasa a veces”.

Ahora, la familia ha estado esperando casi un año en Nogales, Sonora, en la frontera con Arizona, para solicitar asilo, un proceso cerrado casi por completo en marzo de 2020 debido a la pandemia de COVID-19.

Mientras esperan, no pueden encontrar trabajo y sus hijos no pueden ir a la escuela. Sufren discriminación por parte de los residentes locales a la hora de buscar vivienda o una forma de subsistir.

“Mi vida estaba bien y era estable donde yo estaba”, dijo Rosario, quien solo usa su primer nombre por miedo de ser identificada. “Pero a mí no me dieron a escoger si quería estar allá o quería estar aquí”.

Rosario, 24, una solicitante de asilo que solamente quiere usar su primer nombre por protección, dice que la violencia es lo que la hizo dejar su país y el estado de Michoacán. Ella habla con una reportera de Cronkite Noticias, en Nogales, Sonora, el 13 de abril de 2022. (Foto por Genesis Alvarado/Cronkite Noticias)

Tales son las historias de miles de inmigrantes que esperan la rescisión del Título 42, una política promulgada por la administración Trump que cerró la frontera a los migrantes y solicitantes de asilo como medida de seguridad y salud pública durante la pandemia. Desde entonces, más de 1,7 millones de migrantes han sido rechazados en la frontera.

El 1 de abril, el presidente Joe Biden ordenó la eliminación del Título 42 a partir del 23 de mayo. Pero ha sido golpeado por todos lados, incluidos los miembros de su propio partido, que dicen que Homeland Security y Customs and Border Protection no están preparados para el embate de la gente que esperaba que Estados Unidos permitiera las solicitudes de asilo nuevamente después de dos años.

La familia de Rosario vino a la Iniciativa Kino Para La Frontera a desayunar el miércoles y se quedó un rato después para recoger los juguetes de Pascua que se estaban entregando a los niños. Las familias se sentaron en el comedor y también desayunaron, mientras los niños corrían y jugaban con los voluntarios.

En el segundo piso, hay un armario lleno de mantas, almohadas y sábanas. Junto a él están los dormitorios: varias literas colocadas una al lado de la otra, con vista al área común.

Afuera del refugio, pululando con otros solicitantes de asilo, la madre soltera Luz vio a sus tres hijos jugar con los nuevos conejitos de peluche que recibieron en sus canastas para Pascua, de Kino. Ella también solo quería usar su primer nombre.

Luz huyó del estado sureño de Guerrero luego de ser amenazada por una banda de narcotraficantes. Ella y sus hijos esperan solicitar asilo en Estados Unidos porque dijo que es el único lugar donde estarán a salvo de la violencia de los cárteles.

Voluntarias de la Iniciativa Kino Para La Frontera, Kamila Puzinaite y Lisa Elmaleh, sirven limonada a migrantes que comen desayuno afuera del establecimiento en Nogales, Sonora, México, el 13 de abril de 2022. (Foto por Genesis Alvarado/Cronkite Noticias)

“Estamos esperando con miedo”, dijo Luz. “Solo estamos esperando la decisión del presidente Biden. No podemos esperar demasiado aquí porque aún podemos ser atacados mientras estamos aquí”.

Mientras tanto, familias como la de Rosario y Luz se ven obligadas a vivir las consecuencias de una lucha política que parece no encontrar una solución.

El fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, presentó una demanda contra la administración de Biden el 3 de abril por su decisión de rescindir el Título 42.

Brnovich, junto con los fiscales generales de Luisiana y Misuri, presentaron la demanda en el Tribunal del Distrito Oeste de Luisiana de EE. UU. Los fiscales generales argumentaron que Biden violó los procedimientos federales al finalizar la legislación sin publicar avisos en el Registro Federal de antemano.

The Public Health and Border Security Act, un proyecto de ley presentado por un grupo bipartidista de senadores, incluidos los Arizona demócratas Mark Kelly y Kyrsten Sinema, lo que requeriría que el Título 42 permanezca vigente al menos hasta 60 días después de que el Cirujano General notifique al Congreso que se puede levantar la emergencia de salud pública declarada por COVID-19.

Después de eso, el Departamento de Seguridad Nacional tendría 30 días para presentar un plan al Congreso para abordar una oleada de migrantes en la frontera.

Un proyecto de ley bipartidista similar en la Cámara incluye a los representantes demócratas de Arizona Tom O’Halleran de Sedona y Greg Stanton de Phoenix como patrocinadores.

“Muchos migrantes expulsados ​​han estado esperando en el limbo durante meses o años en lugares peligrosos, haciéndolos vulnerables a la explotación”, escribieron los dos senadores de Arizona en una carta a Biden. “Al mismo tiempo, el caos en la frontera en un escenario posterior al Título 42 también afecta negativamente la seguridad de los migrantes y podría sobrecargar aún más un sistema de atención médica en la frontera que ya está abrumado”.

No hay un número exacto de cuántas personas están esperando en Nogales. Es una población fluida, dijo Gia Del Pino, directora de comunicaciones de la Iniciativa Kino Para La Frontera. Algunos se van y prueban otros puertos de entrada, pero ninguno de ellos puede volver a casa, dijo.

“Este no es un lugar sostenible para vivir para las personas”, dijo Del Pino. “Al gobierno le gusta creer: ‘Bueno, huiste, estás aquí en la frontera, quédate en la frontera. No necesitas asilo’. Y ese no es el caso”. Kino sirvió, en promedio, 1,000 comidas todos los días el verano pasado, cuando una oleada de migrantes en busca de asilo de Michoacán y Guerrero llegó a la frontera de Nogales, según Del Pino. Los ciudadanos de estos estados mexicanos se están convirtiendo en víctimas del desplazamiento debido a los grupos criminales que luchan por el control del territorio. Según un artículo reciente del Washington Post, hasta 20,000 personas han huido de Michoacán en el último año.

Courtney Smith, una voluntaria de 22 años en Kino, dijo que estaba emocionada y ansiosa por que Joe Biden fuera elegido por su promesa de trabajar con los migrantes, pero que no ha visto muchos cambios.

Smith es originaria de Connecticut y ha sido voluntaria en Kino desde septiembre. Smith dijo que eligió ser voluntaria en Kino porque le abrió los ojos a la situación en la frontera.

“Estoy realmente decepcionada con la falta de atención y la falta de enfoque en la crisis humanitaria aquí”, dijo Smith. “Pensé que las cosas iban a mejorar, pero se mantuvieron igual o empeoraron, y eso ha sido muy difícil”.

Víctor, otro solicitante de asilo que solo quiere usar su primer nombre, dice que no quiere estar en la frontera, tiene que estar ahí en busca de seguridad, en Nogales, Sonora, México, el 13 de abril de 2022. (Foto de Génesis Alvarado/Cronkite Noticias)

Víctor es otro migrante que huyó de la violencia de los cárteles. También usando solo su primer nombre, dijo que su hijo fue amenazado y fue víctima de un tiroteo en su ciudad natal en Guerrero.

Si bien ha logrado encontrar trabajo, no gana lo suficiente para mantener a su familia. Dijo que no está seguro en Nogales porque el cartel de su ciudad natal todavía puede localizarlo.

“No estamos aquí porque queramos o porque nos guste estar aquí”, dijo Víctor. “Estamos aquí porque tenemos que estarlo para poder sobrevivir”.

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“En México, servidores públicos y crimen organizado son responsables del creciente número de desapariciones forzadas”: ONU

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#HastaEncontrarles

Del 15 al 26 de noviembre de 2021, una delegación de cuatro miembros del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU visitó 13 estados para conocer la situación real de las desapariciones en el país. Su conclusión es contundente: “En México, servidores públicos y el crimen organizado son responsables del creciente número de desapariciones forzadas”.

Para terminar con ello instó al Estado Mexicano, en sus tres niveles de gobierno, a “crear acciones inmediatas para acabar con la impunidad absoluta y una política nacional para prevenir esta tragedia humana”.

Por Redacción ZonaDocs

“La delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones en México, con diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”, esta es una de las conclusiones a las que llegó el Comité CED tras su visita a México y que ahora pueden leerse en el Informe que presentó este 12 de abril.

En la lectura de este documento además señalaron que:

“Los Estados en parte son responsables de las desapariciones forzadas cometidas por los servidores públicos, pero también pueden ser responsables de las desapariciones cometidas por organizaciones criminales”.

A estas conclusiones llegaron luego de hablar no sólo con familiares de víctimas de desaparición sino también con funcionarios públicos y dependencias que tienen como obligación la búsqueda de las y los desaparecidos, así como con las instituciones encargadas de investigar del delito, prevenir las desapariciones y detener a los perpetradores de este delito de lesa humanidad.

El informe además detalla las tendencias recientes, causas fundamentales y desafíos actuales que experimenta el país en razón de las miles de desapariciones forzadas que aquí se han cometido. Desapariciones que no se detuvieron desde que el Comité visitó el país, pues desde su estancia se pasó de 95 mil 121 desapariciones a 98 mil 884; es decir, 3 mil 763 personas desaparecidas más en el país.

“Las desapariciones siguen afectando principalmente a hombres de entre 15 y 40 años. No obstante, las cifras oficiales muestran un aumento notable de las desapariciones de niños y niñas a partir de los 12 años, así como de adolescentes y mujeres, tendencia que se agudizó en el contexto de la pandemia de la enfermedad por coronavirus”, constató el Comité.

Además, durante la presentación del informe el Comité señaló que es alarmante tendencia al aumento de las desapariciones forzadas, la cual precisa “fue facilitada por la impunidad casi absoluta en la comisión de este delito”.

Y para muestra indicaron que hasta noviembre de 2021: sólo un porcentaje muy pequeño de los casos de desaparición, pues “entre el 2 y el 6%, habían resultado en procesos penales, y solo se habían dictado 36 condenas en casos a nivel nacional”.

“La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos y a la sociedad en su conjunto”, denunció el Comité.

En consecuencia, entre las recomendaciones dadas por el Comité al Estado Mexicano señaló que éste “debería implementar de manera urgente una política nacional para prevenir y erradicar las desapariciones forzadas”.

Cuestión que sólo se logrará si se “fortalecen los procesos de búsqueda e investigación, se brindan apoyo humano y financiero adecuado a la Comisión Nacional de Búsqueda y a las comisiones locales, y se asegura la coordinación sistemática y efectiva de todas las instituciones involucradas en el proceso de búsqueda, investigación, reparación y acompañamiento a las víctimas”.

El Comité además hizo un llamado a México para que se eliminen los obstáculos en la persecución penal, preste la debida atención a las desapariciones de migrantes, pero también instó para que “se aborde la crisis forense en el contexto de una Política Nacional para la prevención y erradicación de las desapariciones forzadas”.

“Para que en México la desaparición deje de ser el paradigma del crimen perfecto, la prevención debe ser el centro de la política nacional para la prevención y erradicación de las desapariciones forzadas”, concluyó el Comité.

Carmen Rosa Villa durante la presentación del Informe (Foto: ONU DH).

Crisis forense persistente

De igual manera, el Comité expresó su preocupación por la crisis forense que vive el país, ya que conforme datos oficiales en el país existen 52 mil personas fallecidas sin identificar dentro de fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de custodia y almacenamiento forense.

Sobre el tema, el Comité indicó que, si bien, hay avances institucionales como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y el Plan Nacional de Búsqueda, éstos no han sido debidamente implementados para llevar a cabo búsquedas e investigaciones.

Sobre dónde están estas personas fallecidas sin identificar, el Comité precisó que en los estados de Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León se concentra el 71,73 % de los cuerpos no identificados.

Al respeto, lo que le preocupa al Comité es que “no se cuenta con una política pública de identificación humana en relación con la desaparición de personas”, lo que ocasionaría que, según varios expertos entrevistados por el CED, a que “en las actuales condiciones serían necesarios 120 años para identificarlos, sin contar los nuevos cuerpos que se van sumando cada día“.

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Para ver de manera íntegra la presentación del Informe puede hacer aquí:

https://media.un.org/en/asset/k1i/k1iuus1rov