Inicio Blog

Tribunal de los Pueblos sentencia a México por crimen de Milo Vela y su familia

0

Se celebró la Audiencia Final del Tribunal de los Pueblos para los Periodistas Asesinados en el centro histórico de Veracruz, donde el Estado Mexicano fue sentenciado. Martina Forti dijo que tejer alianzas en el gremio ha sido una fórmula que ha ayudado a ejercer el oficio.  

Por Roxana Aguirre

El Tribunal de los Pueblos para los Periodistas Asesinados responsabilizó al Estado Mexicano por el asesinato del periodista de Notiver, Miguel Ángel López Velazco, y su familia, sucedido hace 11 años en la ciudad de Veracruz.

Ya pasó más de una década desde que un grupo armado entró a casa de la familia López y asesinó a Miguel Ángel López, a su esposa Agustina Solana y a uno de sus hijos, Misael López Solana dentro de su casa en la ciudad de Veracruz, cuando dormían.

Miguel Ángel López Velasco era conocido como “Milo Vela” porque ése era el pseudónimo con que firmaba sus columnas en Notiver, el periódico más influyente de la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río.

La columna de Milo Vela era una referencia obligada para saber qué pasaba en los entresijos del mundo delictivo que, en los tiempos de su asesinato, mantenía asolada la zona urbana más grande de Veracruz. El crimen de la familia Velasco sacudió al gremio de periodistas.

El Tribunal celebró una Audiencia Final sobre el caso a unos metros de Notiver y de la redacción donde Milo Vela trabajó durante prácticamente toda su vida profesional.

Durante la Audiencia Final del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre el Asesinato de Periodistas se analizaron tres casos de asesinatos de periodistas en México, Sri Lanka y Siria.

La jueza del Tribunal de los Pueblos para los Periodistas Asesinados, Marina Forti, señaló que en situaciones de tanta violencia se generó una reacción muy efectiva por parte de redes de periodistas que se organizaron para visibilizar la violencia y -dijo- se deben de formar redes y alianzas.

“Cuántos grupos y la red de periodistas empezaron a trabajar desde hace muchos años. Empezaron a trabajar y ayudarse para intentar resistir a la violencia, a las amenazas, asesinatos, etcétera, y trabajan conjuntamente para que su trabajo sea más efectivo y visible”, aseguró la jueza.

Forti afirmó que se habla de leyes en torno a la protección a los periodistas, pero consideró que se tendría que pensar en los instrumentos para fortalecer todas las experiencias – con un enfoque de abajo hacia arriba – para trabajar en conjunto y formar redes de contacto.

El Tribunal envió además 20 recomendaciones al Estado Mexicano. la más urgente es el cese inmediato de la complicidad y participación de los organismos gubernamentales y autoridades públicas en el acoso, persecución y asesinato de periodistas.

«El tribunal como tal no es vinculante se basa en los derechos fundamentales descritos en los tratados que firmó México, una de las formas que se puede seguir haciendo presión es dejar claro que cada día que no se resuelven estos casos el Estado Mexicano viola la jurisprudencia internacional que sí es vinculante», indicó el representante del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Jean Albert Hootsen, quien estuvo presente en la Audiencia.

“Milo Vela”, es uno de los 156 periodistas asesinados entre 2000-2022 en México.

La periodista mexicana Marcela Turati, representante de Tribunal de Periodistas Asesinados estuvo también en la audiencia. Cuando tomó la palabra dijo que el crimen de Milo Vela fue el punto de partida hacia una ola de violencia contra el periodismo que se ha vuelto “emblemático”.

“El crimen contra la familia López no sólo inaugura una ola de terror sino que es una muestra de desprotección estatal porque había habido amenazas previas contra Milo y su familia y el caso es emblemático porque fallan los mecanismos y porque muestra cómo actúa el mecanismo de impunidad en México contra periodistas”, explicó Turati.

El caso de Milo Vela y su familia está en la “congeladora”, dijo, por su parte, Miguel Ángel López Solana, hijo de Milo Vela, quien fuera fotoperiodista de Notiver hasta que mataron a su familia y tuvo que exiliarse en el extranjero.

“Siguen en la congeladora, debemos estar unidos porque hay generaciones que hoy laboran en la calle y generaciones que apenas vienen, el periodismo no debe morir, debemos de continuar con este maravilloso oficio que nos da mucha alegría, yo quisiera realmente que todos ustedes continúen”, afirmó López Solana durante un evento que se realizó en el memorial que se construyó para su padre, en el centro histórico del puerto de Veracruz, en la Plaza Atarazanas.

Balbina Flores es representante en México de la Organización Reporteros sin fronteras (RSF). Ella, también presente en la Audiencia, consideró que el país debe tomar las medidas que sean necesarias para garantizar la libertad de expresión y una vida libre de violencia para los periodistas Añadió que enviarán una copia de la sentencia del Tribunal de los Pueblos para los Periodistas Asesinado al Presidente Andrés Manuel López con el objetivo de que impulse medidas para cumplir con las exigencias de la Sentencia hacia el Estado Mexicano.

«Las horas más difíciles» por inundaciones y aludes llegan cada año a Alvarado

0

Relato desde los rincones de las casas donde, una vez más, se coló el lodo y el agua “reventando paredes” pese a las reiteradas advertencias de ciudadanas y ciudadanos a las autoridades. En el caso de Alvarado, la alcaldesa llevó sólo rebanadas de pastel para consolar a personas que lo perdieron todo y necesitan viviendas dignas.

Texto y fotos: Roxana Aguirre

La lluvia se hacía cada vez intensa mientras Luis Fernando Tiburcio Fernández y su familia se resguardaban en casa. Entonces comenzaron a escuchar unos ruidos sordos, fuertes. Un rugido de la tierra. Luis Fernando y su esposa se alertaron, tomaron lo que pudieron rápidamente y salieron con su hija de 2 años.

Un pedazo de cerro que ya no pudo contener más lluvia se vino abajo hacia su casa y otras más.

No imaginaron que sería la última vez que verían en buen estado la casa que tenía apenas tres meses rentando, ni tampoco que perderían todas sus pertenencias, incluyendo lo que habían adquirido con mucho trabajo para un negocio de antojitos que colocaron en la cochera.

Todo fue sepultado por la tierra en esa casa ubicada en la colonia La Playa del municipio de Alvarado, donde las lluvias recientes han causado afectaciones en un total de 500 viviendas, según la Secretaría de Protección Civil del estado.

Muchas de esas casas quedaron enterradas parcialmente. En el municipio se encontraban elementos del Ejército y la Marina junto con las corporaciones estatales aplicando el Plan Tajìn, Plan DNI III y Plan Marina. Los tres son para atender emergencias prioritarias.

“Nosotros salimos desde que comenzó el agua, el día 15. Así de fuerte es la primera vez que pasa, otras veces el agua solo llega a las calles. Se quedó enterrado todo, los muebles, la estufa, la tele, mi negocio de antojitos”, contó Luis Fernando desde su casa transformada.

Una vivienda de la colonia La Playa, en Alvarado, fue arrasada por el lodo.

Las dos casas ubicadas a los costados de la suya también fueron invadidas por la tierra, el lodo y el agua que llegó como una avalancha, con toda su fuerza, y quebró los vidrios de las ventadas y los marcos de las puertas. El agua encontró la forma de llenar cada uno de los rincones de las viviendas.

En una de ellas vivía una joven sordomuda. Un golpe de suerte la mantenía fuera de su casa cuando los crujidos del cerro y el ruido de la corriente de agua alertaban a todos sus vecinos. Su hermano Juan Antonio César Balmori agradece que ella no estuviera dentro porque -dijo- seguro no habría salido a tiempo y esta narrativa tendría una víctima. Pero no fue así.

“Ahí entró y reventó paredes, reventó todo: ventanas, todo, pero a ver qué pasa”, explicó.

La calle Prolongación Marco Antonio de la  colonia La Playa se ubica justo frente a la desembocadura del río Papaloapan a las aguas del Golfo de México. En días soleados se siente la brisa del mar y se escucha el ronroneo de las olas, pero las lluvias de las últimas horas que afectaron al estado de Veracruz, sobre todo la zona costera, dejaron un panorama totalmente distinto.

Un alud de tierra y lodo invadió las casas y la calle principal de esa colonia era dominada por las luces de las patrullas y el andar de las ambulancias, además del ir y venir de uniformados enviados para atender la emergencia dentro de las casas, con sus picos y palas.

“Esta gente tiene horas de estar aquí ayudando la verdad. Vamos a ver que podemos rescatar”, dijo César Balmori.

Cada año pobladores de Alvarado sufren las consecuencias de la mala planeación urbana de su municipio.

Las horas más difíciles se vivieron durante la noche del viernes y madrugada del sábado. Fueron momentos en que los afectados, sus familiares y amigos unieron fuerzas, y en la oscuridad de la noche, palazo tras palazo, comenzaron a retirar la tierra al menos para poder caminar en la zona sin hundirse en el lodo. Incluso una cadena de pizzerías envío cajas con varias pizzas para que pudieran comer.

Varios vecinos, cabizbajos, recordaron a dos pequeños niños – de los que nadie pudo referir sus nombres – que murieron hace muchos años ahí mismo, en una circunstancia similar, asfixiados bajo un talud de tierra que cayó sobre su casa. Afortunadamente esta historia es diferente y no hay muertes que lamentar.

«Necesitamos muros de contención atrás toda la colonia. Este es un problema viejo no es de ahorita, otros presidentes han pasado y no han hecho caso. El gobernador Cuitláhuac García cerró su campaña en esta Colonia y dijo que nos iba a apoyar con los muros de contención y no nos han hecho caso”, afirmó Gabriela, una mujer mayor que ha vivido los últimos 30 años de su vida ahí, en la colonia la playa.

Ella permanece sentada observando el trajinar de soldados y sus vecinos, con las piernas inutilizadas por el paso de los años, que apenas le permiten ponerse de pie y dar un par de pasos.

Su esposo, un hombre igualmente mayor, encontró fuerzas en medio de la tormenta para cavar un surco en su patio, un “cortacorriente”, lo llamó. Para ellos fue parte de lo que ayudó a que su casa no quedara totalmente invadida de tierra como la de sus vecinos.

Alvarado tiene uno de los sistemas interlagunares más importantes del estado de Veracruz, sin embargo, debido a la gran cantidad de lluvia que cayó, aunado – dicen los vecinos – a las nuevas viviendas que se han construido en zonas donde antes había un cauce natural del agua, generaron inundaciones para las que no estaban preparados.

María de los Ángeles, otra persona afectada de la colonia, no pudo pegar el ojo en toda la noche. Su esposo, pescador, al igual que lo fue su suegro en algún momento, utilizaron todos los artefactos a la mano para intentar sacar el agua que entraba por todos lados. Incluso, parecía emanar de entre los poros del cemento del suelo, según sus testimonios.

Dos soldados trabajan para sacar el lodo de una casa en la colonia La Playa, en Alvarado.

“No pudimos dormir porque hay cuartos que están bajos y ahí emana mucha agua, se sacan tanques de agua, 10, 12 tanques de esos de 12 litros. Así estuvimos toda la noche, nos acostamos un rato y sobre las cuatro de la mañana volvimos a sacar agua”, explicó María mientras recorría su casa y abría las cortinas que usa a modo de puerta para las habitaciones.

El olor a humedad era muy intenso, se impregnó en toda la ropa y los colchones. A pesar de que habían pasado ya varias horas desde que dejó de llover y de que habían secado el suelo en varias ocasiones, el agua seguía buscando su cauce por el piso de la casa.

Una mamá cuida a sus hijos mientras mira las labores de limpieza en su casa.

Norma Cruz Lazo también vive en la colonia Escolleras. Su vivienda quedó más dañada que las demás debido a que las láminas de su techo están en muy malas condiciones. tienen agujeros por todas partes, por lo que su vivienda se convirtió en una coladera durante todo el tiempo que duró la lluvia.

“El agua entraba como cascada. Mire, por aquí era una cascada”, dijo, señalando una esquina de la cocina de donde hace tres días había comida y enseres y ahora hay agua y pedazos de lámina oxidada.

En cada habitación hay palanganas, cubetas o cualquier recipiente en donde pudiera contenerse agua de las goteras. Puso varios sobre los colchones, en un vano intento de evitar que se mojaran. Las cuatro camas que tiene están empapadas, no sabe dónde dormirán ella y los cuatro nietos que viven a su lado. Lo que sí sabe es que no se irá a uno de los albergues que las autoridades alistaron por la contingencia.

“Lo poquito que tiene uno se lo roban aquí, yo no puedo dejar mi casa”, exclamó casi en un grito, con el singular acento alvaradeño.

La alcaldesa Lizette Pérez realizó un recorrido por las zonas afectadas la mañana del sábado. Les llevó una rebanada de pastel, lo que para muchos afectados lejos de un buen gesto, fue un insulto.

“¿Yo para qué quiero pastel? Ok, sí, teníamos hambre, pero queremos láminas, queremos comida, queremos un lugar para dormir”, dijo Norma.

La Secretaría de Protección Civil indicó que al último corte hay 18 municipios con alguna afectación, ya sea comunidades incomunicadas, deslaves o viviendas dañadas, como en Cotaxtla y Tlalixcoyan, donde las escenas de personas rescatando sus pertenencias o sus animales se han hecho cotidianas durante septiembre. Protección Civil También informó que el estado se mantiene en alerta gris por la inminente continuidad de las lluvias. Las horas más difíciles no han terminado.

Esfuerzos de la ciudadanía para recuperar enseres de las casas invadidas por el lodo.

Amapola en la Sierra Mixe: el embarcadero estratégico al Golfo de México y al transístmico

0

En la Sierra Mixe desde la década de los ochenta hay registro de siembra de amapola. Sus carreteras y caminos escondidos sirven como rutas de trasiego de goma de opio al centro del país y a los mares del Atlántico y el Pacifico, a pesar de que la siembra de drogas en las comunidades se castiga con el destierro.  Desde hace cinco años los pactos internos entre autoridades, sembradores e intermediarios se han roto por la violencia que ejercen grupos paramilitares que buscan controlar el territorio. Violencia que el gobierno disfraza de conflictos sociales.

Por Antonio Mundaca

Santa María Tepantlali, Oax.– La Sierra Mixe de Oaxaca es un laberinto. Sus carreteras son serpientes extendidas en la niebla, corredores de aceras de piedra blanca y hierbas crecidas. Sus comunidades son como países minúsculos, intrincados, clavados en el bosque húmedo con gobiernos propios, elegidos en asambleas, y reconocidos por el Estado mexicano desde 1995 bajo el sistema normativo indígena. Para su autodefensa se han protegido con topiles, policías comunitarios que al paso del tiempo se han ido armando y vigilan las entradas y salidas de los pueblos.

Por siglos, la convivencia entre estas comunidades ha sido regida por una diplomacia construida por música de viento, fiestas patronales y la palabra jurada. También hay un largo proceso de desplazamiento interno, forzado por el despojo de terrenos a través de invasiones entre comunidades, terrenos buenos para la siembra, y otros escondidos entre barrancas. Y sin secretos, en reuniones entre serranos, hilos de pólvora apuntan a que el problema de fondo para los que siembran ilegalmente  en Oaxaca ante el abaratamiento de la goma de opio  y la caída del precio de la marihuana, son los mismos que en Guerrero: la pérdida del trabajo como mano de obra en los sembradíos, y el incremento de la violencia por el reacomodo de las relaciones entre productores rurales e intermediarios, entre los gobiernos comunitarios, el gobierno estatal y células del narcotráfico que intentan controlar el territorio.

Tierra comunal que los mixes consideran sagrada y lleva décadas atravesada por la violencia que ejercen grupos paramilitares para apoderarse de sus terrenos, sus plantíos y sus casas, a través de asesinatos, desaparición forzada, violaciones a los derechos humanos, el secuestro y la tortura que el gobierno disfraza de conflictos sociales, para dejar el territorio en manos armadas.

Los soldados entran a sus territorios como ladrones

El Ejército entró a la Sierra Mixe por la noche. Desplazó dos camionetas artilladas, vehículos modificados que usa el ejército como símbolo de poder contra el combate al narcotráfico, que incluye una ametralladora multicañón y lanzagranadas.

Treinta soldados rodearon el monte para avanzar sobre las cumbres. Se abrieron camino durante 16 horas entre los árboles hasta encontrar con sus datos de cartografía militar, 195 plantíos de amapola y 25 de marihuana en una extensión de cuatro hectáreas. De acuerdo  con el reporte oficial publicado el 16 de abril de 2018 por la 28 zona militar perteneciente a la octava región ubicada en la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca, fue un “decomiso exitoso”.

Para los comuneros de Santo Domingo Tepuxtepec, los soldados entraron a sus territorios como ladrones.

–El Ejército llegó a Tepuxtepec a intentar imponer su ley como si no conociera cómo funcionan las cosas aquí.  Llegaron en tres camionetas largas donde había soldados sentados de lado y lado en los linderos de la comunidad, y no pidieron permiso a la autoridad. Ahora lo hacen una y otra vez –nos contó Gabino, un viejo sembrador de amapola al que tuvimos que ver en un pueblo ubicado a 25 kilómetros de su lugar de origen. Nos cambió el lugar de la primera cita en la carretera de Colonia Minas por cuestiones de seguridad.

Era nuestro segundo viaje a la sierra y nos pidió que no fuéramos a Tepuxtepec, un pueblo de mil 900 habitantes donde todos habrían sabido que lo vimos.

Nos alcanzó a las afueras de un hotel en San Pedro y San Pablo Ayutla, a las 11 de la noche. La calle estallaba todavía con petardos porque en la localidad realizaban calendas por las fiestas de San Pedro Apóstol, el 25 de junio. Mezclado entre la gente, nos pidió que habláramos al costado de su camioneta Toyota Hilux. Tenía prisa. Nosotros, cansados del viaje, queríamos también guardarnos de los cohetes y la procesión que alumbraba las calles.

Bajo de estatura, llevaba una impecable camisa blanca que le cubría las muñecas. Gabino hablaba con nosotros intranquilo, con sobresalto, engañando al frío frotándose las manos. Durante la hora y media que platicamos, nos dio la sensación de que buscaba entre las siluetas del pueblo a una horda de asesinos. 

Desconfiado, su plática se centró en el papel del Ejército y sus incursiones cada vez más frecuentes a territorios sagrados. Sobre sus actividades no quiso abundar. 

–Hablar con los que siembran es meterte con gente peligrosa –se escudó.

Gabino nos explicó que las comunidades les pagan a los soldados por la protección y el patrullaje.

–Cuando vienen los soldados por la buena, pasan con la autoridad de cada comunidad para hacer campamento, entonces bajo ese acuerdo ellos acampan a las afueras del pueblo y patrullan. El Cabildo, la autoridad municipal, les da gasolina y comida, pero no se meten en otros asuntos –relató apresuradamente.

Dijo que en la sierra los comuneros siempre saben cuándo llegan los militares, dónde dejan sus armas en guarniciones, pero no les hacen nada mientras respeten los acuerdos.

–Cada vez que vienen, acampan en los mismos lugares –reveló Gabino.

Para él, todo el show montado por los militares y sus decomisos publicados en la prensa, son un pacto roto que ahora expone a una comunidad entera que siembra amapola para subsistir.  La conversación terminó. Gabino, un hombre pequeño, se subió a su camioneta muy grande con movimientos rápidos como de felino gateando sobre la hierba. “Hablar con los que siembran es meterte con gente peligrosa”: sus palabras calan como la neblina. En la Sierra Mixe parece que llueve el día y la noche.

Ataque armado para silenciar la siembra de amapola

En la capital oaxaqueña pocos supieron del asesinato del indígena mixe Luis Juan Guadalupe de un tiro en la cabeza el 5 de junio de 2017 en San Pedro y San Pablo Ayutla, municipio ubicado al norte de Oaxaca.

Poco, o casi nada se supo de la emboscada en la misma comunidad horas antes, que dejó decenas de heridos, varios de ellos fueron trasladados al Hospital Rural de Tlacolula de Matamoros, 64 kilómetros abajo sobre los caminos de la sierra. Los sobrevivientes pensaron que se quedarían sordos, que no iban a terminarse los tiros, y el mundo era ver caer a sus vecinos en zanjas, que iban a quedarse en penumbras y enterrados, sin ver a sus hijos morir.

Tampoco llegó a la opinión pública la violación de 4 mujeres mixes después de ser despojadas de sus tierras por un grupo paramilitar un mes antes en la misma comunidad que, con casi todo perdido, acusó al gobierno estatal oaxaqueño de proteger a los agresores del pueblo de Tamazulápam del Espíritu Santo -municipio vecino, a 6.6 kilómetros o 15 minutos por carretera- que los habían despojado de un manantial comunitario y se apoderaron de llanos estratégicos para el trasiego de drogas, también acusaron al gobierno estatal de mantener en silencio una red de siembra de marihuana y amapola que atraviesa las agencias municipales de El Crucero, llega a la zona rural de Costoche y termina en Santo Domingo Tepuxtepec, en lo profundo de la Sierra Mixe.

Nadie sabía de dónde habían salido tantas armas. Nadie parecía entender por qué un grupo armado defendía una parcela con agua, unas barrancas inaccesibles, cubiertas la mayor parte del año por el bosque lluvioso y la niebla.

Las guerras en la selva de la Sierra Mixe no tienen el impacto de las guerras en el desierto del norte mexicano. En la capital oaxaqueña y en México poco se sabe, con certeza, sobre qué tipo de ritos y violencias internas devoran a las comunidades.

*Este reportaje forma parte del proyecto, Amapola en Oaxaca: Sembradores en la niebla que fue realizado con el apoyo de la Fundación Gabo y la Open Society Foundations , gracias al Fondo para investigaciones y nuevas narrativas sobre drogas (FINND).

El reportaje completo en estos enlaces:

https://sembradoresenlaniebla.elmuromx.org/  

https://especiales.piedepagina.mx/sembradores-en-la-niebla

Sembrar deforestación: los bosques que México pierde por la agroindustria

0
  • Cada año, por lo menos, 47,770 hectáreas de bosques y selvas son desmontados para enraizar campos agrícolas. Esa cobertura forestal equivale a la superficie que ocupa Cozumel, una de las islas más grandes de México.
  • Territorios que antes eran habitados por la biodiversidad forestal, ahora son dominados por monocultivos como el aguacate, la soya, la caña y la palma de aceite.
  • Desde hace décadas, el desmonte provocado por la agroindustria avanza sin obstáculos en varias regiones del país. Los motores que lo alientan son, entre otros, los subsidios del gobierno, un mercado creciente, las leyes ambientales ignoradas y, en especial, el desdén hacia los territorios boscosos.

Por Thelma Gómez/ Mongabay

Las imágenes satelitales permiten tener una dimensión de la pérdida de cobertura forestal. De un año a otro, y a veces en tan sólo unas semanas, un bosque puede ser borrado del mapa. Los árboles que daban identidad a una ladera, a una planicie o a la ribera de un río dejan de existir, se transforman en un recuerdo. En esas imágenes, el desmonte tiene tonalidades ocres.

Las mismas imágenes permiten mirar el cambio paulatino de esos terrenos que antes eran forestales. Gran parte de ellos se transforman en homogéneos campos agrícolas en los que sólo crece un monocultivo.

En México, cada año, 47,770 hectáreas dejan de ser terrenos con cobertura forestal para convertirse en tierras agrícolas, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal. Esa superficie de bosques y selvas que se pierden anualmente equivale a casi la misma extensión que tiene Cozumel, una de las islas más grandes del país.

El cambio abrupto de terrenos forestales a tierras agrícolas es la segunda causa de deforestación en México, después de la ganadería, según el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal.

Entre 2001 y 2019, la expansión de la agricultura llevó a que el país se quedara sin, al menos, 889,188 hectáreas de cobertura forestal y todo lo que eso representa: hábitats de flora y fauna, así como servicios ecosistémicos. Esa superficie equivale a 18 veces la isla de Cozumel.

Zona desmontada al sur de Jalisco para instalar huertas de aguacate.

Esta investigación periodística, que hemos titulado Sembrar deforestación, hace un recorrido por regiones en donde el país pierde bosques y selvas por la agroindustria. Para este trabajo, revisamos estadísticas oficiales del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) para identificar municipios en donde se ha registrado un alza en la producción de los monocultivos que aquí se abordan: aguacate, soya, caña de azúcar y palma de aceite.

También usamos datos sobre pérdida de cobertura arbórea en esos municipios. Esa información se obtuvo gracias a un análisis realizado por Global Forest Watch y el Instituto de Recursos Mundiales (WRI-México) y que compartieron para esta investigación. Además, utilizamos las plataformas de Google Earth, Google Earth Engine y Planet para obtener imágenes satelitales de los sitios en donde se encontraron evidencias de que existió una transformación ilegal de terrenos forestales en tierras agrícolas.

Estos son algunos de los hallazgos que se desarrollan en cada uno de los cuatro textos que integran este trabajo periodístico colaborativo en el que participaron periodistas de Mongabay LatamAnimal Político y La-Lista.

En varias regiones del país, los terrenos forestales se incendian para después transformarlos en campos agrícolas. Foto: Robín Canul.

Más producción, menos bosques

Hay regiones en donde esa pérdida forestal es más evidente, territorios en donde la agricultura mecanizada ha dejado su huella, zonas en donde un monocultivo predomina o comienza a tomar fuerza.

Hopelchén, en el estado de Campeche, es un ejemplo. Este municipio del sureste del país es hoy el principal productor de soya en México. También es considerado como una zona crítica cuando se habla de pérdida de bosque.

En los últimos veinte años, el municipio de Hopelchén perdió 153,809 hectáreas de cobertura arbórea, de acuerdo con el análisis realizado por GFW y WRI-México.

“Lo que más me preocupa es que si esto sigue así, al paso a como va, de aquí a 20 años ya no habrá bosque aquí en la península”, dice un apicultor que nació en una de las comunidades mayas de Hopelchén y ha padecido los cambios en su entorno.

Monocultivos en Hopelchén, Campeche. Foto: Robin Canul.

Antes de que Hopelchén viviera la transformación de su territorio, en otros lugares ya era posible observar el resultado que dejan décadas de políticas gubernamentales que han privilegiado la agricultura y ganadería por encima de selvas y bosques.

En Othón P. Blanco, al sur de Quintana Roo, por ejemplo, desde hace 40 años, los cañaverales se extendieron en lo que antes era selva. En ese municipio fronterizo con Belice la deforestación no se ha detenido, avanza dentro y fuera de la zona cañera. Hoy la región está dentro de los mapas de puntos críticos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

El municipio de Bacalar no aparecía en las estadísticas agrícolas oficiales. Fue a partir de 2013 cuando comenzó a reportar la siembra de miles de hectáreas con maíz y soya. En este territorio se repite la historia que ya se vivió en Hopelchén: las tierras ejidales son rentadas o vendidas a menonitas que están instalando en el lugar amplios campos agrícolas.

Zona desmontada en el municipio de Bacalar, en Quintana Roo. Imagen tomada de Google Earth.

También en el sur del país, en estados como Chiapas y Campeche, los gobiernos federal y estatal impulsaron con ahínco durante varios años la siembra de la palma aceitera. Hoy esas dos entidades ocupan los primeros lugares como productores del aceite de palma y que se utiliza, sobre todo, en la industria de alimentos procesados.

El entusiasmo que había por este monocultivo llevó a que los plantíos avanzaran en terrenos de acahuales, donde la selva o el bosque busca recuperarse. Incluso, se sembraron palmas de aceite, una especie originaria de África, dentro de áreas naturales protegidas, entre ellas la Reserva de la Biosfera La Encrucijada.

Análisis cartográficos realizados por los autores del estudio Cultivo de palma de aceite en México permiten conocer que entre 2014 y 2019 se perdieron al menos 5,400 hectáreas de bosques y selvas por la expansión de la palma de aceite en Chiapas, Campeche, Tabasco y Veracruz.

Frutos de palmas aceiteras sembradas en Chiapas. Foto: Isabel Mateos.

En el estado de Jalisco, cada 75 segundos un árbol es derribado en forma ilegal en las montañas de la entidad y su lugar es tomado por plantaciones de aguacate. Desde 2019, al menos, 5,160 hectáreas dejaron de ser bosques para transformarse en huertas aguacateras. Así lo determinó un estudio realizado por las propias autoridades ambientales del estado.

Las imágenes satelitales permiten mirar que en el sur de Jalisco, los bosques de pino-encino, el bosque mesófilo de montaña y las selvas medianas y bajas se quedan sin espacio ante el avance de las huertas aguacateras.

En Jalisco ya viven lo que desde hace tiempo padecen en el estado vecino de Michoacán: la fiebre por sembrar aguacate llega acompañada del control territorial de grupos que se presentan como parte de los cárteles del narcotráfico.

Desmontes en la zona sur de Jalisco para sembrar aguacates. Foto: Abraham Pérez.

“Están arrasando con todo. Han comprado, a las buenas o a las malas, la madera y los ranchos. Ellos ponen el precio y si no lo deseas vender (el rancho, las tierras), de todos modos se lo llevan. Luego, llegan con los aguacates… es un negocio que controlan completo”.

Los aguacates cosechados en lugares en donde se cambió el uso de suelo forestal en forma ilegal, en teoría no podrían ser exportados a Estados Unidos, el principal mercado de estos frutos mexicanos. Las reglas del Tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) establecen que no se puede exportar un producto que haya violado las leyes del país productor.

Cumplir con ese requisito pone a México en un tema que ya se discute desde hace tiempo en otras naciones: crear certificaciones eficientes que permitan garantizar que un grano, un fruto, un aceite no proviene de zonas deforestadas.

En Jalisco buscan la certificación de aguacates libres de deforestación. Foto: Abraham Pérez.

Impunidad que abona la deforestación

En México está prohibido talar o desmontar un terreno con cobertura forestal, incluidos los acahuales. La única forma legal de hacerlo es con una autorización de cambio de uso de suelo forestal que se tramita ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Como parte de los requisitos que se deben cumplir para solicitar esta autorización están el demostrar que se es propietario legal del terreno, presentar un estudio técnico justificativo —que evalúa los impactos ambientales que provocará la remoción de la cobertura forestal— y, en caso de que la Semarnat emita una resolución favorable, pagar la cantidad que se establezca como compensación al Fondo Forestal Mexicano.

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece que no se puede autorizar un cambio de uso de suelo forestal en terrenos “en donde la pérdida de cubierta forestal fue ocasionada por un incendio, tala o desmonte sin que hayan pasado 20 años y que se acredite a la Secretaría que la vegetación forestal afectada se ha regenerado”.

Terrenos forestales desmontados en Laguna Om, en Othon, P. Blanco, Quintana Roo, en 2009. Imagen tomada de Google Earth.

Desde 2015 y hasta febrero de 2022, tanto las oficinas centrales como las delegaciones estatales de Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Michoacán, Jalisco, Chiapas de la Semarnat recibieron 1,218 solicitudes de cambio de uso de suelo forestal, de acuerdo con respuestas a solicitudes de información realizadas para esta investigación periodística.

La información que entregó la Semarnat no permite determinar cuál fue el motivo por el que se solicitó cambio de uso de suelo forestal en 263 casos. De las 955 restantes, sólo en cinco de ellas se pidió una autorización para transformar terrenos forestales en agrícolas. Las cinco solicitudes eran para predios ubicados en Campeche. Ninguna se autorizó: tres fueron negadas y dos desechadas.

Estos datos muestran que en Campeche, por lo menos durante los últimos siete años, todo el desmonte de terrenos forestales que se ha registrado para transformar esos lugares en campos agrícolas se ha dado en forma ilegal.

Tierras agrícolas que antes albergaban selva. Hopelchén, Campeche. Foto: Robín Canúl.

Entre 2015 y febrero de 2022, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dependencia encargada de vigilar el cumplimiento de la legislación ambiental, ha realizado en todo el país 5,551 procedimientos administrativos por presuntos cambios de uso de suelo forestal ilegales.

La información que la Profepa entregó por transparencia no permite conocer cuántos de esos 5,551 procedimientos son exclusivos de cambios de terrenos forestales a tierras agrícolas, ya que ese número incluye también los casos en donde se quitó la cobertura forestal para construir en esos terrenos o realizar otras actividades, como explotación de tierra.

En ese mismo periodo de tiempo, en todo el país, la Profepa sólo ha ejecutado 1,915 sanciones (multas) por cambios ilegales de suelo forestal. En 2,168 procedimientos se determinó no imponer ningún tipo de sanción, porque se llegó a un acuerdo y en 1,468 casos no existe información pública disponible que permita conocer qué sucedió.

Por su parte, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente y previstos en Leyes Especiales, de la Fiscalía General de la República (FGR), ha abierto 112 carpetas de investigación por delitos de cambio de uso de suelo forestal en todo el país desde 2015 y hasta febrero de 2022, de acuerdo con una respuesta a una solicitud de información.

En doce de ellas se declaró incompetencia, en cuatro se determinó el no ejercicio de acción penal, una se acumuló a un expediente que ya existía y 95 continúan en trámite.

El estado que más carpetas de investigación tiene abiertas por el delito de cambio de uso de suelo es Quintana Roo (42). En todos los demás hay menos de 15.

En los otros estados en donde los monocultivos han avanzado con fuerza en los últimos años, solo hay unas cuantas carpetas de investigación abiertas por el delito de cambio de uso de suelo. En Michoacán hay once; en Campeche, seis; en Jalisco, nueve, y en Chiapas, tres.

Zona boscosa de la Meseta Purépecha afectada por un incendio. Foto: Abraham Pérez

Y mientras los bosques y selvas pierden terreno ante el avance de los monocultivos, la Profepa recibe un presupuesto cada vez más bajo. En los últimos tres años no ha sido mayor a los 800 millones de pesos, menos de 40 millones de dólares.

Además, la dependencia sólo cuenta con 303 inspectores para realizar labores de vigilancia en el área de recursos naturales.

El número de inspectores se desvanece ante este dato: México tiene más de 138 millones de hectáreas de ecosistemas forestales, de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

“La desatención a las denuncias se debe, entre otras cosas, a los recortes masivos que ha tenido el sector ambiental desde Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y ahora Andrés Manuel López Obrador… Además, la ley no se aplica”, señala David Linares, abogado con más de diez años de experiencia en temas ambientales. “En México, dice, no se atiende el valor de la naturaleza”.

Árboles rodeados del monocultivo de caña. Foto: Robin Canul.

El desdén hacia bosques y selvas

Los datos también muestran que México es un país forestal: alrededor del 70.6% de su territorio está cubierto por vegetación, de acuerdo con el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal. Eso representa poco más de 138 millones de hectáreas en donde se despliegan bosques templados, selvas, manglares, matorrales y otros ecosistemas forestales.

En México, además, alrededor de 12 millones de personas viven en regiones forestales. Por ello, no es casualidad que este país sea el pionero en el manejo forestal comunitario. Este modelo de aprovechamiento sustentable de los bosques y selvas comenzó a construirse hace poco más de cuarenta años.

En diferentes regiones del país, el manejo forestal comunitario ha demostrado ser un camino para conservar los recursos forestales y, al mismo tiempo, tener alternativas laborales y económicas para quienes viven en territorios rodeados de bosques

Aún así, el manejo forestal comunitario no ha logrado captar los mismos apoyos gubernamentales que se destinan a programas que impulsan la agricultura mecanizada y la siembra de monocultivos.

Campos de soya y al fondo se mira la selva de Campeche. Foto: Robin Canul

El investigador Edward Ellis, del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana, y quien ha estudiado los efectos de la pérdida de bosques y selvas en México, en especial en la Península de Yucatán, ha documentado cómo aquellas regiones en donde se realiza manejo forestal comunitario los bosques y selva se mantienen en mejor estado.

En sus últimas investigaciones también ha encontrado que aquellos bosques que están rodeados de extensas áreas de cultivo, en donde se realiza la agricultura mecanizada, sufren un proceso de degradación: “Pierden su biodiversidad, su biomasa, su capacidad de retención de carbono”. Explica que es como si esos bosques y selvas estuvieran enfermos.

Ellis también otorga dos datos que vale la pena recordar: es necesario que pasen 40 años para que un bosque o una selva recuperen su biomasa, “pero para recuperar su estado ecológico maduro, pueden pasar hasta 70 años”.

Cuando se desmonta un bosque o una selva, cuando se les deja como terrenos desnudos, no sólo se pierde biodiversidad, también se deja sin hábitat a muchas especies de flora y fauna. Se pierde la posibilidad de recuperar suelo, se termina con una zona que ayuda a regular el clima, que da oxígeno y que es vital para el ciclo del agua. Es, a final de cuentas, un camino para comprometer el futuro de una región.

* Imagen principal: Zona de bosque desmontada para instalar una huerta de aguacate, al sur del estado de Jalisco. Imagen satelital tomada de Google Earth.

* * *

Sembrar deforestación es una investigación periodística colaborativa de:
Mongabay LatamAnimal Político y La-Lista.

Coordinación general y edición: Thelma Gómez Durán y Alexa Vélez. Investigación y reporteo: Mayela Sánchez, Agustín del Castillo, Aminetth Sánchez, Adriana Varillas y Alejandro Castro. Analista SIG: Juan Rubén Julca Torres. Fotografía y videos: Lizeth Ovando, Elizabet C. Larios, Robin Canul, Isabel Mateos, Abraham Pérez, Everardo Chablé, Juan Ibarra y Víctor Abreu/CCMSS. Análisis y visualización de datos: Daniel Gómez Hernández y Alejandra Franco Silva. Solicitudes de información: Antares Galicia. Diseño de información: Rocío Arias Puga. Infografías y GIFs: María José Vázquez, Jesús Santamaría y Richard Romero. Coordinación editorial del equipo de Animal Político: Tania L. Montalvo.  Coordinación editorial del equipo de La-Lista: Aminetth Sánchez. Programación del sitio del proyecto: Ángel Daniel Medina. Audiencias y redes: María Isabel Torres, Dalia Medina y Richard Romero.

Antes de su asesinato, Rosario Lilián dejó en este video su único deseo: encontrar a su hijo desaparecido

0

La rastreadora recién salía de una misa especial que pidió fuera dedicada a  su hijo Fernando, un joven de 20 años desaparecido el 16 de octubre de 2019. 

Por Scarlett Nordahl y Marcos Vizcarra*

“Quien se llevó a mi hijo está detenido en San Luis Río Colorado y la Fiscalía en Mazatlán me dice que no se puede hacer nada”, denunció Rosario Lilián Rodríguez Barraza. Esto fue hace un par de semanas. Este miércoles 31 de agosto  esta madre, que había recibido distintas amenazas por buscar a su hijo, fue asesinada en La Cruz de Elota, un pueblo al sur de Sinaloa.

En el video de un minuto, grabado por el proyecto #HastaEncontrarles, se le ve con la foto de su hijo Fernando Abixahy Ramírez Rodríguez, y se le escucha decir: “No sé de su paradero. Lo he buscado de día y de noche y nada más nada. Lo único que sé es que se lo llevaron unos hombres armados en un carro blanco”. Y denuncia la inacción de las instituciones: “Yo espero una respuesta, yo busco a mi hijo, no busco responsables”.

La mujer  fue subida a una camioneta a la fuerza ayer, el 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas por Desaparición Forzada, a las 21:10 horas cuando recién salía de una misa especial que pidió fuera dedicada a  su hijo Fernando, un joven de 20 años desaparecido el 16 de octubre de 2019. 

Ella iba hacia su casa y de camino, a la altura del Cine México, de La Cruz de Elota, llegó una camioneta Suburban blanca con personas armadas y se la llevaron. Apareció cuatro horas después, asesinada en la avenida Manuel pilar Abraham, altura del puente vado de la colonia Victor Manuel Quintero.

Ese fue un crimen anunciado tiempo atrás. Rosario Lilián había sufrido una serie de amenazas y ataques contra ella y su familia por buscar a su hijo en La Cruz de Elota, un pueblo conocido por su ubicación frente al mar y por estar silenciado por el crimen.

Una integrante de un colectivo de búsqueda en Mazatlán, al que Rosario pertenecía, y quien pidió anonimato por temor a represalias, recuerda:“La última vez que salió a búsqueda se le acercó una patrulla de la Policía Municipal con un civil que no era policía para preguntarle ‘Bueno, señora, ¿usted qué tanto busca?’, ella le dijo que solo pedía que le dieran a su hijo”.

“Eso fue lo último, pero antes ya le habían rociado gasolina a su casa para incendiarla, intentaron desaparecer a su otro hijo, en una ocasión le quitaron una camioneta y se la regresaron al siguiente día. Siempre recibió amenazas”, relató una mujer integrante de un colectivo de búsqueda que pidió anonimato por temor a represalias

La noche del 30 de agosto, uno de los hijos de Rosario Lilián reportó su desaparición apenas se enteró de la  privación de libertad de su mamá. Llamó al 911, pero fue en vano. Lo tuvieron en la línea  y no enviaron una sola patrulla. Al colgar llamó a una activista buscadora de Mazatlán para pedirle ayuda.

“Sabemos que 20 minutos marcan la diferencia y nadie hizo nada”, dijo la activista en entrevista con este medio, quien  asegura haberse intentado comunicarse con Patricia Figueroa, subsecretaria de Derechos Humanos de Sinaloa, y con Víctor Manuel Pérez, Comisionado Estatal de Búsqueda, sin que pudiera conectar una sola llamada.

Rosario Lilián no fue buscada y la madrugada de este 31 de agosto, un día después de que se la llevaran a la fuerza los hombres armados, su cadáver fue encontrado.

Esta mujer fue jornalera, trabajaba en los campos de la región de Elota cortando chiles para sostener su casa, donde vivió con uno de sus hijos mientras buscaba a otro.

Ilustración del colectivo Juan Panadero dedicado a Rosario Lilián Rodríguez:  “Madre Rastreadora De Corazones Sin Justicia, Ahora Tu Voz Será Nuestra Voz”.

Colectivos de búsqueda en Sinaloa como Por las Voces Sin Justicia, Tesoros Perdidos Hasta Encontrarles y Sabuesos Guerreras, así como colectivos feministas y de artistas activistas se pronunciaron por el asesinato de Rosario Lilián, asegurando que fue víctima del abandono institucional: cuando desaparecieron a su hijo y no lo buscaron, cuando la amenazaron y nadie la protegió, cuando la secuestraron y nadie atendió las llamadas para su rescate. 

En un posicionamiento exigieron que “se realicen todas las diligencias necesarias para que el crimen cometido contra la compañera sea investigado como feminicidio agravado y la desaparición forzada de su hijo”.

“Ninguna madre debe ser ultimada por la búsqueda de sus hijas e hijos, al contrario, el Estado está obligado a garantizarles la seguridad para continuar con las búsquedas en tanto los miles de casos de personas desaparecidas se siguen acumulando

Realicen urgentemente las gestiones que correspondan para la prevención de las desapariciones forzadas y proporcione la protección debida a las madres y familiares que emprenden el viacrucis de las búsquedas”.

Fue asesinada mientras buscaba a su hijo

Ficha de búsqueda de Fernando Abixahy Ramírez Rodríguez

La señora Rosario Lilián fue asesinada mientras buscaba a su hijo de nombre Fernando Abixahy Ramírez Rodríguez. Tenía 20 años y trabajaba de jornalero cuando fue desaparecido el 16 de octubre de 2019, por hombres armados en un carro blanco. 

La señora interpuso denuncia por la desaparición en la Fiscalía de Mazatlán, a una hora de donde vive; por su cuenta recabó videos y encontró testigos de la desaparición y los presentó a las autoridades en el intento de acelerar la investigación y ubicar el paradero de Fernando.

El presunto responsable, aseguró la señora en la entrevista videograbada el 11 de junio, está detenido en San Luis Río Colorado, Sonora, pero la Fiscalía General de Sinaloa le informó que no podía realizar alguna acción de investigación contra el hombre por estar fuera de su jurisdicción. De su angustia se desprende que la fiscalía tampoco se coordinó con las autoridades de Sonora.

“Yo busco una respuesta, yo busco a mi hijo, no busco culpables”, señaló la señora apenas hace unas semanas al ser entrevistada y videograba para el proyecto #HastaEncontrarles, de la revista Espejo.

Investigar y presentar pruebas se paga caro también en Sinaloa

Con el crimen  de Rosario Lilián, el proyecto A dónde van los desaparecidos ha contabilizado el asesinato de al menos 15 personas, la mayoría familiares, dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas. No sólo las mata y enferma el paso del tiempo y la impunidad, en México también mueren por represalia a sus investigaciones y su exigencia de justicia.

“En esta lista fatal está un ranchero que en el norte buscaba a su hijo y sus secuestradores le dieron la muerte, un vendedor de mariscos que caminó por todo el país con el pendón en el que llevaba la foto de su hijo, una comerciante que buscó en silencio 12 años y los últimos excavó buscando huesos, un padre que en 15 días localizó 15 fosas clandestinas, dos madres que acecharon a quienes desaparecieron a sus hijas, un mecánico en busca de su hermano mayor y una madre en busca de un hijo a quienes les ofrecieron información y les tendieron una trampa”, documentó la periodista Analy Nuño cuando el conteo iba en 12 asesinatos. 

Los 12 asesinatos ocurrieron en Chihuahua, Durango, Sonora, Veracruz, Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas. A pesar de que en distintos casos advirtieron en público, ante la prensa o las autoridades del riesgo que corrían, sus muertes no fueron evitadas.

A la lista de las 12 personas que buscaban a un familiar y fueron asesinadas se suman Brenda Jazmín Beltrán Jaime, quien formaba parte del colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme y estaba en busca de su hermano Luis Heraldo Beltrán Jaime, secuestrado en 2018 en la comunidad de Bácum. Brenda, de 38 años, fue encontrada sin vida y con señas de tortura y golpes en la habitación de un motel en Cajeme, Sonora, en junio de este año.

En octubre de 2020, María del Rosario Zavala, fue asesinada afuera de su casa horas después de realizar la última búsqueda de su hijo Yatziri Misael Cardona Aguilar de 16 años, desaparecido en diciembre de 2019.

Ocurrido también en Sinaloa, es el caso de Sandra Luz Hernández, asesinada el 12 de mayo de 2014 en Culiacán, la capital de Sinaloa, 25 meses después de la desaparición de su hijo Edgar García Hernández, de 25 años; el 12 de febrero de 2012, personas armadas se lo llevaron de su casa por la fuerza.

Sandra Luz Hernández fue asesinada el 12 de mayo de 2014 en Culiacán, cuando buscaba a su hijo Édgar García Hernández, desaparecido el 12 de febrero de 2012. Ilustración: Colectivo Juan Panadero

Después de investigar, Sandra Luz, vendedora de cosméticos por catálogo, entregó a la Procuraduría de Justicia los nombres de los responsables de la desaparición de su hijo, sus apodos, el lugar donde vivían y la ubicación de sus ranchos. La investigación oficial nunca avanzó. 

Sandra Luz señaló a los hermanos Joel y Gabriel Valenzuela, habitantes de la comunidad de Paredones, Culiacán, como los responsables de la desaparición de su hijo, quien trabajaba como office boy del entonces procurador Marco Antonio Higura Gómez.

Dos años después de la desaparición, Sandra Luz —quien ya era integrante del colectivo Voces Unidas por la Vida— recibió una llamada para pactar un encuentro con un informante que supuestamente le daría información sobre la localización de su hijo. En el camino al lugar donde se encontraría con la persona, 15 disparos terminaron con su vida. 

Fernando Valenzuela, hombre señalado por la Procuraduría General de Sinaloa de ser el asesino de Sandra Luz, quedó en libertad por supuestas faltas de pruebas pese a haber confesado el homicidio y señalar la ubicación del arma con que fue asesinada la activista.

Buscar familiares: una tarea de riesgo 

Tras ese crimen, en Sinaloa han ocurrido más ataques contra madres buscadoras, lo que ha provocado el desplazamiento de activistas en Concordia, El Fuerte y Guasave.

“O pagan o les quemamos la casa”. Ese era el mensaje que le dejaron a Esther Preciado López en la puerta de su domicilio ubicado en Juan José Ríos, al norte de Sinaloa, en el año 2013, mientras buscaba a su esposo Bladimir Castro Flores.

Ella no dudó que la advertencia se fuera a cumplir, sabía que esas personas no se detendrían y eran capaces de quemar su casa con todo y sus hijos adentro. Así que sin esperar a que sucediera algo, todos agarraron sus cosas y se fueron a San Blas, una comunidad ubicada en El Fuerte.

Como ellas, hay más mujeres amenazadas en Sinaloa. Entre ellas, Mirna Nereyda Medina Quiñónez, fundadora de Las Rastreadoras de El Fuerte, y María Isabel Cruz Bernal, de Sabuesos Guerreras.

Ambas mujeres han denunciado amenazas y robos en distintas ocasiones, y se han mantenido en búsqueda acompañadas por elementos de la Policía y la Guardia Nacional.

En cambio, hay colectivos, como Una Luz de Esperanza en Mazatlán, que decidió parar actividades tras la agresión contra uno de sus integrantes en 2019.

Rosario Lilián fue asesinada mientras buscaba, con el estrés de no encontrar a su hijo y la angustia de ser perseguida, pese a que las autoridades conocían de su situación.

***

*Scarlett Nordahl es feminista y periodista sinaloense. Marcos Vizcarra es reportero sinaloense especializado en cobertura de derechos humanos. Integrante del proyecto A dónde van los desaparecidos. Ambos son integrantes  del proyecto #HastaEncontrarles y miembros de Revista ESPEJO

Veracruz: millonario presupuesto para una comisión que no garantiza protección a periodistas

0

Expedientes archivados, versiones oficiales y extraoficiales de autoridades que difaman a las víctimas sin investigar el periodismo como posible causa de los crímenes. Y una comisión que no ha garantizado la seguridad de las y los comunicadores.

Por Sandra Segura

La numeralia del horror de las agresiones contra periodistas en Veracruz se cuenta en periodistas asesinados, desaparecidos, agredidos, amenazados, pero también en  viudas, huérfanos y familias victimizadas por la burocracia. De norte a sur, del mar a la montaña, no hay región que no conozca de algún caso de un periodista asesinado, desaparecido, amenazado y difamado con las versiones oficiales que sin antes haber investigado su caso difundieron información que los criminaliza.

En Veracruz hay expedientes “archivados” o que “siguen en investigación”. Al momento de escribir este texto, al Sur de Veracruz, fueron asesinadas en Cosoleacaque las periodistas Yessenia Mollinedo Falconi y Johana García Olvera, ambas laboraban en el diario digital El Veraz, propiedad de Mollinedo Falconi.

En el primer  semestre del 2022,  ya iban tres periodistas atacados. En uno de los casos la fiscalía de Veracruz afirmó que se trataba de un tema de una “herencia” e imputó al sobrino de la víctima José Luis Gamboa; mientras que en el doble homicidio de Yessica y Sheila confundieron y detuvieron a un estudiante por el presunto autor material, tras la pifia que fue exhibida por familiares y amigos del joven mostrando evidencias de que él no tenía nada que ver con el multihomicidio.

De  2000 al 2011, antes de la creación de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), nueve periodistas fueron asesinados, en su mayoría en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Los periodistas trabajaban en medios impresos, radio y medios digitales. 

Una comisión que nació desacreditada

Siete días después de que el ex gobernador priísta, Javier Duarte de Ochoa, hablara del nuevo organismo, el 14 de junio de 2012, Víctor Manuel Báez Chino, editor del periódico Milenio, fue privado de la libertad al salir de la redacción de la página digital “Reporteros Policíacos”; su cuerpo fue desmembrado por el grupo criminal identificado como los Zetas, quienes presuntamente se adjudicaron el crimen en un mensaje. 

En ese anuncio de la CEAPP estuvo Víctor Báez. Incluso hay una fotografía que le tomaron con Javier Duarte dándole unas llaves al haber ganado un auto del año en una tómbola. Tras el asesinato de Báez Chino todavía pasaron seis meses más para el nacimiento de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas.

El anuncio oficial llegó después de los asesinatos de Regina Martínez (28 de abril de 2012) y de los tres fotoperiodistas Gabriel Huge Córdova, Guillermo Luna Varela y Esteban Rodríguez Rodríguez (todos el 3 de mayo de 2012), cuando el entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, anunciaba la creación de la CEAPP en una comida en el World Trade Center de Boca del Río, a la que acudieron dueños de medios y periodistas.  

Música, platillos de tres tiempos, brindis con whisky o brandy, acompañaban la gala en la que se rifó un auto del año, computadoras, grabadoras digitales, tarjetas departamentales y más.  

De pie en el atril, Duarte de Ochoa dio un discurso de poco más de 13 minutos para afirmar: “sin el derecho a opinar libremente, de denunciar injusticias y reclamar cambios, el hombre está condenado a la opresión. Con esta tesis el gobierno de Veracruz comulga y coincide. Es por eso que esta fecha es más que propicia para que juntos, gobierno y medios de comunicación y periodistas, refrendemos el pleno respeto a la libertad de expresión”.

Comida organizada por el entonces gobernador Javier Duarto de Ochoa con motivo del Día de la Libertad de Expresión. Crédito: Gobierno de Veracruz.

También dijo, quien gobernaba en el sexenio más mortífero para los periodistas veracruzanos, que desde su Gobierno era indispensable tomar medidas adicionales y complementarias a las de la procuración de justicia.

Duarte envió al Congreso su iniciativa  para proteger a los periodistas. Tres años más tarde sería directamente señalado como el principal perseguidor del fotógrafo, Rubén Espinosa, antes de morir asesinado en una masacre en la Ciudad de México el 31 de julio de 2015. 

Diez años después, Javier Duarte está en prisión y la CEAPP es vista como un organismo que principalmente da apoyos económicos y no como un espacio que garantice el respeto al ejercicio periodístico.

Una vez creada la CEAPP los ataques aumentaron. Hasta el cierre de esta edición eran 25 víctimas (20 hombres y 5 mujeres). Algunos de los periodistas agredidos tenían medidas de seguridad o habían avisado a la Comisión que eran hostigados, amenazados y agredidos.

La CEAPP nace sin potestad jurídica, sujeta presupuestaria y organizacionalmente al Poder Ejecutivo. Esta comisión nació desacreditada para el gremio periodístico en medio de críticas a sus comisionados ya que desde entonces son designados por el gobernador en turno ya sea del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Partido Acción Nacional (PAN) o del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas fue  aprobada por los diputados el 29 de noviembre de 2012 al publicarse en la Gaceta Oficial del Estado la Ley 586 de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas. 

Esta legislación decretó la conformación del organismo público descentralizado por cuatro comunicadores de una trayectoria relevante con prestigio y reconocimiento de los periodistas; dos representantes de organismos no gubernamentales, dos directivos o dueños de medios de comunicación, y un investigador.

A más de una década de la creación de la CEAPP, la lista de homicidios y ataques de todo tipo a periodistas no paran mientras que las familias de las víctimas denuncian que pese a contar con medidas de seguridad aún son intimidadas y amenazadas. En algunos casos las medidas fueron insuficientes porque nadie detuvo a los agresores. 

TE PUEDE INTERESAR:

8 años de millonario presupuesto a salarios

La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, desde su creación, ha mantenido el mayor gasto a los salarios, no ha variado en diez años y desde que se autorizaron los recursos de ayuda social debido a la precariedad de las condiciones laborales de los periodistas en Veracruz es que se han presentado en cascada solicitudes de ayuda social que son para gastos que no tienen que ver directamente con el riesgo de su vida por el ejercicio periodístico. 

Además la misma Comisión ha diversificado estas entregas abriendo el abanico incluso a pagos escolares o apoyos en gastos médicos. Otro problema es que las medidas de seguridad de  la CEAPP se dictan por 12 meses, pero en la práctica no se quedan todo un año ya que a los seis meses fenecen las medidas.

Este es un análisis del presupuesto de  2013 a 2021 asignado a la CEAPP para la atención y protección de periodistas. Para esta investigación se revisaron informes de actividades, se realizaron solicitudes de información así como entrevistas a las autoridades y periodistas que confirmaron que, pese al millonario presupuesto, las agresiones siguen y el recurso público sólo benefició a funcionarios públicos asignados a este organismo no centralizado.

La CEAPP inició labores en 2013, el mismo año en que Sergio Landa Rosado, periodista de la sección policíaca del Diario de Cardel (ciudad a 65.9 kilómetros de la capital del Estado, Xalapa) fue privado de la libertad por el crimen organizado que operaba en la región. 

Lo liberaron por intermediación directa de la Secretaría de Seguridad Pública ante el grupo criminal; un mes después, Sergio volvió a ser privado de la libertad por el mismo grupo criminal y desde entonces, nada se sabe de él. 

Era el primer año de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas en Veracruz. Mientras ocurría la desaparición de Sergio, esta comisión iniciaba gestiones administrando 15 millones de pesos como presupuesto anual; del cual 10 millones 959 mil 230 pesos fueron asignados al pago de servicios personales que incluye salarios, es decir, erogaron el 70 por ciento del presupuesto en gasto corriente. 

Algo que se volvió una constante. En contraste, el gasto de materiales y suministros para la atención de los informadores fue de 733 mil 45 pesos. En la revisión de los informes de la CEAPP para esta investigación no explica en qué consiste ese gasto de materiales y suministros.

En aquel 2013, la revista Proceso señaló al gobierno de Veracruz de perseguir y amedrentar al reportero Jorge Carrasco, quien llegó a la entidad para investigar sobre la muerte en 2012 de su corresponsal Regina Martínez.

Como una de las pocas veces, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas en Veracruz reconoció que en la entidad había amenazas, intimidación y obstrucción al trabajo periodístico por lo que emitió 32 procedimientos administrativos contra servidores públicos ese año. Por violentar y obstruir el trabajo periodístico, la Secretaría de Seguridad Pública fue la dependencia con más quejas en 2013. 

En 2014, para el segundo año de operación de la CEAPP, la misma dependencia reportaba un incremento significativo de casos de denuncias de agresiones y amenazas contra periodistas, a la par también aumentó su presupuesto de 15 a 20 millones 100 mil pesos. 

Ese año volvería la violencia extrema a mostrar su peor cara en Coatzacoalcos, donde el cartel de los Zetas domina. Ahí fue secuestrado el fotoperiodista, Gregorio Jiménez de la Cruz “Goyo” y asesinado días después.

Este caso conmocionó al país y a la región por las condiciones precarias en las que laboraba el periodista. La precariedad laboral más las agresiones son parte del contexto en Veracruz; la CEAPP señaló en ese año que los principales agresores de los periodistas eran particulares, servidores públicos y crimen organizado. Este año el ejercicio presupuestal fue de 20 millones 100 mil pesos,  15 millones 536 mil 461 pesos a servicios personales, es decir, otra vez, salarios.

El año 2015, fue uno de los más mortíferos para el periodismo veracruzano con los asesinatos de Moisés Sánchez Cerezo del semanario La Unión de Medellín, Armando Saldaña de radio EXA Fm, Rubén Espinosa de Proceso y Cuartoscuro, y Juan Atalo Mendoza Delgado del Blog digital Escribiendo la Verdad.

En el cierre del informe 2015 la CEAPP solo considera a 2 periodistas asesinados, no incluye al fotoperiodista, Rubén Espinosa Becerril, asesinado en la Ciudad de México después de huir de Veracruz; tampoco incluye al fotoperiodista y bloguero, Juan Atalo Mendoza Delgado porque la Fiscalía lo reportó como “atropellamiento” aún cuando su cuerpo fue encontrado con huellas de tortura y había sido reportado como desaparecido horas antes. 

Protesta por el asesinato de periodistas en Veracruz. Crédito: Cortesía Familia Sánchez.

La violencia tampoco paró en 2016 cuando la reportera policíaca del Sol de Orizaba, Anabel Flores Salazar, fue víctima de privación de la libertad y horas más tarde su cuerpo fue localizado entre los límites de Puebla y Veracruz. Ella era la primera mujer que asesinaban existiendo la CEAPP.

Anabel no fue la única víctima que en 2016 las balas acallaron su ejercicio periodístico, a Manuel Torres González, de Noticias MT y Pedro Tamayo Rosas, del diario digital El Piñero de la Cuenca, los mataron violentamente. Ese año se notó en el informe un aumento en talleres de garantía a la libertad de expresión para periodistas y servidores públicos con el argumento de la Comisión que la mayoría de las agresiones eran por parte de servidores públicos. En contraste, disminuyeron las medidas preventivas de protección para periodistas en comparación con 2015.

Los periodistas seguían muriendo en Veracruz y el dinero seguía fluyendo en la CEAPP, con un presupuesto en el año 2016 de 20 millones 100 mil pesos, de estos, una partida de 16 millones 652 mil 794 pesos fueron designados a servicios personales (salarios, entre otros) y apenas 160 mil 89 pesos a la compra de materiales y suministros para la protección de periodistas.

Hacia el año 2017 cuando el PAN gobernaba Veracruz, en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, las agresiones continuaron y 10 periodistas tuvieron que abandonar sus casas para evitar agresiones mientras que otros cuatro periodistas fueron asesinados.

A la CEAPP en 2017 le designaron un presupuesto menor al año anterior con un equivalente de 17 millones 200 mil pesos de los que utilizaron 11 millones 765 mil 683 pesos en gastos personales (salarios). 

En ese periodo aprobaron un concepto denominado “asignación de recursos económicos por concepto de ayuda social” con un monto de 2 mil 498 pesos con 26 centavos por 12 meses a periodistas que reuniera los requisitos específicos. Este recurso no está relacionado con periodistas agredidos o amenazados. 

Iniciando el 2018, la CEAPP dedicaba 10 cuartillas del informe anual a un censo económico-laboral de los periodistas para analizar las condiciones de trabajo mientras apenas en un breve espacio mencionó el asesinato del periodista, Leobardo Vázquez Atzin, autor del medio digital Enlace informativo regional.

Ese año el presupuesto aumentó a 19 millones 548 mil 936 pesos, pero otra vez 63 por ciento del recurso anual se fue en pago de servicios personales (salarios) con un monto de 12 millones 807 mil 41 pesos.

En el 2019, el partido Movimiento de Regeneración Nacional designó a los nuevos Comisionados de la CEAPP que autorizaron dos modificaciones presupuestales a los 20 millones 150 mil 900 pesos para enfocarlos en ayudas económicas a periodistas, pero no por amenazas o riesgo de su ejercicio de la libertad de expresión. Eso pasaba mientras otro periodista sumaba la lista de asesinados: Jorge Celestino Ruiz Vázquez, del Gráfico de Xalapa. 

Silverio Quevedo, actual presidente de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, tomando protesta en el cargo. Crédito: Cortesía.

En este año, en el informe de la CEAPP resalta  un resumen de algunos casos de periodistas asesinados y desaparecidos: la misma Comisión acepta que no hay sentencias, ni avances en las investigaciones y en algunos reconoce no cuenta con expedientes porque no hubo la solicitud para atenderlos, son cinco casos.

Ese mismo informe revela que la Comisión se enfocó a tareas administrativas y otras gestiones como la atención a temas de salud, problemas laborales o acercar a las familias de periodistas asesinados o desaparecidos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a nivel Federal.

La pandemia no frenó las agresiones 

Ni el Coronavirus impidió que los periodistas fueran intimidados como lo confirmó la misma CEAPP que informó de  26 amenazas, cinco lesiones físicas, siete restricciones a la libertad de expresión, una detención ilegal y un abuso de autoridad. 

En el año 2020, al comienzo de la pandemia, María Elena Ferral Hernández, periodista en la región Papantla, quien ya había denunciado amenazas, fue víctima de un atentado armado como le ocurrió al periodista policiaco, Julio Valdivia, quien fue asesinado, pero su caso lo hicieron pasar por un accidente ferroviario.

Una situación de emergencia llevó a los periodistas a solicitar la ayuda social por haber sido afectados por el Coronavirus; era dinero para comprar medicinas, porque perdieron su trabajo y en su familia necesitaban medicamentos.

El presupuesto de 19 millones 300 mil 900 pesos aumentó en 2020 quedando en 19 millones 788 mil 702 pesos y siendo destinado por la pandemia 55 apoyos a igual número de periodistas contagiados de COVID-19 a quienes supuestamente les entregaron 338 mil 855 pesos.

En el último informe de la Comisión del 2021, este organismo informó que recibió 118 solicitudes para apoyo social, pero sólo fueron autorizadas 109 solicitudes y que brindaron apoyo en siete gastos funerarios no relacionados con amenazas o restricción de la libre expresión.

Ese año fueron 93 agresiones de diferentes actores como delincuencia, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, candidatos o representantes de partidos políticos, autoridad estatal, autoridad municipal, usuarios de redes sociales, entre otros.

En ese periodo aumentaron los expedientes 22 por ciento con relación al año 2020 al incrementarse las agresiones como privaciones a la libertad, acoso y extorsión. Ese año, el reportero y conductor de radio en Ori Stereo, Jacinto Romero Flores fue asesinado, él ya tenía medidas de protección de la CEAPP y recién lo había hecho público antes de su crimen. Sobre su caso la misma Comisión respondió que su asesinato no fue por las amenazas por las que le brindaron medidas de protección, sino por otro asunto.

En el  informe de 2021 se detalla una modificación presupuestal en el apartado de “Gasto Social, del capítulo 4000 de la partida 44101, por “Protección a Ancianos y Desvalidos” invirtieron $1,986,706.56 para la adquisición de equipo tecnológico para periodistas beneficiarios de medidas de protección y/o prevención. 

Aunque no aclaran en qué consisten esos sistemas de seguridad o los equipos tecnológicos. Los recursos supuestamente entregados a periodistas ascienden a más de un millón doscientos mil pesos ( $1,201,133.04) en efectivo o en especie para profesionalización, herramientas de trabajo así como atención en salud.

En el 2021, por primera vez los recursos de la CEAPP fueron sujetos a dos auditorías que señalaron que esta dependencia no mostró pruebas documentales ni expedientes de las medidas implementadas para proteger a periodistas y que es omisa en el número de registro de los proveedores de la comisión. La auditoría también arrojó que hubo inconsistencias en los expedientes de asesorías y asuntos a cargo de la dirección jurídica.

Desde el inicio la CEAPP ha tenido deficiencias. Así lo recuerda la periodista Norma Trujillo Báez, quien se mantuvo durante más de una década exigiendo justicia por cada periodista asesinado, como amiga cercana de varios de ellos, vió de cerca el funcionamiento de la comisión por lo que conoce sus deficiencias.

La periodista Norma Trujillo señaló algunas fallas en la creación de la CEAPP. Crédito: Cortesía.

“En la ley también hay lagunas, hay deficiencias y nadie hizo caso en su momento. Por ejemplo: no tenían programa de protección, no tenían programa de evaluación, ni diagnóstico del riesgo en que caía un periodista, uno lo fue conociendo en la marcha porque varios compañeros nos apegamos al Mecanismo Federal de Atención y Protección a Periodistas y ya sabíamos que tenía que existir ciertas áreas para determinar cuál era el grado de riesgo”, recordó.

“En la ley también hay lagunas, hay deficiencias y nadie hizo caso en su momento. Por ejemplo: no tenían programa de protección, no tenían programa de evaluación, ni diagnóstico del riesgo en que caía un periodista, uno lo fue conociendo en la marcha porque varios compañeros nos apegamos al Mecanismo Federal de Atención y Protección a Periodistas y ya sabíamos que tenía que existir ciertas áreas para determinar cuál era el grado de riesgo”, recordó.

Asegura que no hay un esquema de protección y que la Comisión no ha dado los resultados que debería de dar. Recordó los casos de periodistas del centro y sur de la entidad que acudían a la comisión y no los apoyaban.

“Me tocó apoyarlas, pero para que llevaran su caso al Mecanismo de Protección Federal porque de repente se quedaban solos, solas y no había una respuesta de parte de lo que era aquí esta Comisión”; aseguró. 

La versión oficial de la CEAPP justifica gasto en nómina

En entrevista, el comisionado presidente de la CEAPP, Silverio Quevedo,  aseguró que en el ejercicio 2022 fue autorizado el mismo presupuesto de 2021, poco más de 19 millones de pesos y explicó cómo se administra la Comisión.

De acuerdo al presidente de la Comisión, ese gasto es para el personal de la estructura de la CEAPP como personal jurídico, técnico, administrativo, analistas y evaluadores de riesgos y demás. Explicó que eso equivale a un  68 por ciento asignado a esa área. 

El resto se va al llamado “capítulo 1000” que es de ayuda social y también para protección –aseguró-  eso incluye capacitación y profesionalización para los periodistas. En ese mismo rubro está el área de la adquisición de equipos. “Tan solo en este año 2022 se invirtieron en adquisición de equipos un millón de pesos, en equipos tecnológicos, GPS, videocámaras, teléfonos y accesorios. Todo ello va para la protección al periodista”, afirmó Quevedo Elox.

Sobre el gasto corriente que absorbe el 68 por ciento del presupuesto, el tabulador de salarios está designado por la misma comisión y por la Secretaría de Finanzas del gobierno de Veracruz.

“Quiero decirte que los sueldos de la CEAPP son los más bajos de los organismos autónomos, a excepción del Secretario Ejecutivo, todos los directores y jefes de áreas de departamentos, ganan un 30 por ciento menos que todo el tabulador del poder ejecutivo de las dependencias y demás” , respondió el Comisionado Presidente al ser cuestionado sobre los salarios asignados a esta dependencia. 

De acuerdo a un contrato privado de honorarios asimilables a salarios firmado por la entonces Secretaria Ejecutiva, Namiko Matsumoto Benítez, con el comisionado (periodista) Gerardo Enríquez Aburto en vigencia de un año, en 2016 su remuneración mensual neta era de 20 mil pesos mensuales.

Dicho contrato especifica que la Comisión absorberá los gastos de viáticos que el comisionado requiera en viajes o representaciones de la CEAPP y la Comisión además entregará al término del contrato una “gratificación extraordinaria” de dos meses de remuneración a los Comisionados; todo esto firmado de rúbrica de los antes mencionados en papel membretado del Organismo Público Descentralizado.

Dentro de ese presupuesto de la (CEAPP) también se contempla un recurso para la formación profesional de los comunicadores donde informa sobre la realización de 10 a 12 talleres al año sobre herramientas para el uso de las plataformas de transparencia, elementos para desarrollar trabajos de investigación, entre otros.

“Cualquiera que se identifique como periodista en el estado se puede agregar a los talleres, a quienes contactamos por whatsapp donde tenemos grupos en los que contabilizamos a más de 600 periodistas en el estado donde se difunden las convocatorias para los cursos”, aseguró el presidente comisionado.

El actual período de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas inició en diciembre de 2020 y concluye en el 2024. La presidencia de la Comisión se releva cada dos años y se elige por votación.

Los actuales comisionados son los periodistas Silverio Quevedo Elox, Viridiana Reyes Cruz, Claudia Patricia González Vargas, María Alejandra Herrera Gómez, Tulio Moreno y  David de Guadalupe Guzmán así como los empresarios, Iván Gidi Blanchet, Fluvio César Martínez Gómez y el académico, Eric Abad Espíndola.

La CEAPP tiene tres direcciones: una es la Secretaría Ejecutiva de la que depende la dirección jurídica, la dirección de procesos y la dirección de administración, de ahí derivan otros departamentos y personal. El millonario presupuesto a salarios se distribuye en áreas como el departamento de seguimiento, departamento de monitoreo y evaluación, el departamento de recepción de solicitudes de intervención, apoyo y riesgos, la dirección de administración, unidades de transparencia, unidad de archivo, unidad de equidad y género, la dirección jurídica con dos abogados.

El comisionado presidente Silverio Quevedo Elox aseguró que la plantilla de personal de la CEAPP es de 39 personas contando los nueve comisionados. Sin embargo, en solicitud de transparencia realizada la CEAPP respondió que tiene una plantilla de 43 personas en nómina bajo el régimen de confianza. Aludiendo austeridad presupuestaria en el año 2020 en el informe la misma Comisión confirma la autorización de presupuesto para 46, pero el informe señala que solo laboran 43 personas.

Las familias de las víctimas, otra de las omisiones de la CEAPP

Jorge Sánchez Ordoñez, hijo de Moisés Sánchez Cerezo, asesinado el 2 Enero de  2015, lamentó que el principal problema de la CEAPP es que “no se dotó de las herramientas, no pueden hacer más, depende de la Secretaría de Seguridad Pública, eso quiere decir que dependen mucho de la relación que tenga el titular de la CEAPP y el gobernador”.

El apoyo recibido por este organismo cuando su padre fue asesinado fue para gastos de traslados para él y su madre María.  Desde 2015, esta familia recibió medidas de protección de parte de la CEAPP hasta cuando renunciaron a las medidas en 2018 por considerar que eran insuficientes y deficientes. 

Por ejemplo, en el 2016 quitaron a dos escoltas y solo dejaron a uno por turno, lo que disminuía la respuesta del escolta ante un posible ataque. La familia asegura que los incidentes que sufrieron posterior a la muerte de Moisés Sánchez Cerezo fueron por fallas en las medidas de seguridad.

Jorge Sánchez, hijo de Moisés Sánchez, periodista asesinado en enero de 2015. Crédito: Cortesía Jorge Sánchez.

En las medidas de protección de la CEAPP quedaba indicado que Jorge y María, su madre, debían ser custodiados por cuatro elementos, pero solo había dos físicamente, pero en el plan de protección aparecían cuatro y se firmaban como verificado.

Otros de esos apoyos fue un botón de pánico que se conectaba vía telefónica, pero si en esa zona no había cobertura el botón no funcionaría, algo que no es práctico porque en Medellín de Bravo, donde habita Jorge y su madre, hay mala recepción. Un técnico les dijo que solicitaran un teléfono satelital, pero nunca se los dieron.

De los apoyos que menos se otorgan a las familias de los periodistas asesinados es la contención emocional. Es el caso de la familia de Sánchez Ordoñez  que sólo recibió apoyo apenas dos meses, es decir,  entre cuatro o cinco terapias psicológicas.

Recientemente Jorge Sánchez sufrió un cerco en su contra y sufrió una campaña de desprestigio en redes sociales; a pesar de esto  la CEAPP no le brindó el apoyo.

Casos como el de Jorge Sánchez se repiten, esto hace que  se mantenga  la desconfianza a integrantes de la CEAPP. Jorge también ha tenido diversos problemas con los escoltas porque el documento que él firmaba donde quedaba estipulada la custodia de cuatro elementos a su guarda cuando solo enviaban dos; el vehículo asignado por Seguridad Pública presentaba fallas y no lo reparaban.

“Al final de cuentas nos quitaron a los escoltas, nosotros metimos un amparo. Pero la justificación era que mi madre hacía mal uso de los elementos porque ella se desplazaba sola”, compartió mientras que la Comisión resolvió que ellos habían rechazado a los elementos. Así pasaron varios meses. En 2018, Jorge y su madre acordaron renunciar a las medidas de la CEAPP para formar parte del Mecanismo de Protección Federal.

“Sí creo que la voluntad de quien está al frente es muy importante”, afirmó Jorge al referirse al desempeño de la CEAPP. En la actualidad, él sigue en contacto con el área responsable de las cámaras de seguridad y el área jurídica.

Por su parte, Carmela Hernández Osorio, viuda de Gregorio Jiménez de la Cruz, fotógrafo de periódicos que trabajaba casi sin paga y combinaba con fotógrafo de fiestas para poder sostener a su esposa y cuatro hijos, rechazó el recurso después de las trabas burocráticas.

“El apoyo fue un año 10 meses, fue económico, cuando estaba la doctora Namiko, pero ya de ahí no ha habido… Cuando salió Namiko me dijeron que yo tenía que hacer un oficio diciendo porqué se necesitaba (el apoyo económico). Yo les dije que no, que si habían apoyado les daba las gracias, yo ya no solicité nada, yo me he dedicado a trabajar”, contó.

Carmela Hernández, esposa de Gregorio Jiménez, periodista asesinado en noviembre de 2014. Crédito: Cortesía Familia Jiménez Hernández.

Desde que a Carmela y sus hijos les arrebataron el sostén de su hogar hace ocho años, ella se ha dedicado a trabajar, vende antojitos en la mañana y en la noche, además de que seguía tomando fotos en fiestas y las vendía; pese a la necesidad no quiso exigir dinero a la CEAPP. El apoyo psicológico que le dieron a esta familia, cuenta, fue a uno de sus hijos  que recibió terapias.

Hubo apoyos que tardaron en llegar más de cinco años tras el asesinato de Goyo. “Sí, las cámaras las instalaron, pero eso tendrá apenas como dos o tres años, cuando ya estaba de Secretario Jorge Morales, fue que se pusieron”, relató la familia.

Los apoyos de la CEAPP tienen una temporalidad de seis meses, después de medio año las medidas son retiradas, sólo se extienden si se hace un evaluación sobre  peligro inminente porque si el riesgo es menor las medidas se van modificando hasta desaparecer.

“La verdad sí considero que deberían reformar eso. Yo salí de la ciudad donde trabajaba, donde tenía mi casa, mi vida y todo por el acontecimiento de mi madre, la CEAPP junto con la Comisión de Víctimas me trajeron a otra ciudad porque mi vida corría peligro y para que estuviera más segura”, cuenta Fernanda de Luna Ferral, quien se hace cargo de la página Quinto Poder donde su madre, María Elena Ferral Hernández, hacía periodismo además de ser corresponsal del periódico Diario de Xalapa.

Las últimas medidas que tuvo la periodista con 32 años de trayectoria, María Elena Ferral Hernández, fueron sólo un botón de pánico (que no servía, a decir de su hija Fernanda) y las cámaras de seguridad de la casa; le habían retirado al único escolta en el año 2017 cuando ya gobernaba el panista, Miguel Ángel Yunes Linares.

Fernanda recuerda que no es sólo ella quien requiere un apoyo más completo: “Mi hermano es menor de edad. No se me ofreció ninguna medida en ese momento, no se me ofreció nada más que las condolencias”.

Después en la CEAPP hicieron un análisis de riesgo y era una zona altamente peligrosa para que Fernanda y su hermano estuvieran ahí: “Nos mudamos a un refugio que ellos nos pusieron, pero era por seis meses que era lo que estaba programado ese refugio que era una renta del lugar y apoyo de manutención. Tenía cámaras de video vigilancia; es todo lo que le puso la CEAPP”.

Al cambiar la administración, a la CEAPP la buscó el Secretario Ejecutivo porque conocía el caso de María Elena Ferral y le ofreció extender por seis meses los apoyos. “Me gustaría que hubiera muchas reformas en la CEAPP (..) Que se reformaran estos códigos para poder apoyar como deberían hacerlo, que los casos de los compañeros no queden impunes no solo es María Elena Ferral sino son muchísimas personas que se quedaron sin sustento porque matan a las personas que nos dan ese sustento”, dijo.

Fernanda de Luna Ferral y su madre María Elena Ferral, periodista asesinada en marzo de 2020. Crédito: Cortesía Familia Ferral.

Entre periodistas  es común escuchar los comentarios acerca de apoyos; hacen los trámites, pero no son atendidos o no llegan los apoyos. Hubo un caso específico donde al periodista Jorge Celestino Ruiz Vázquez, ejecutado a balazos en su casa en Agosto 2019, a la familia sólo le dieron el ataúd con que sepultaron al reportero.

Después del asesinato del periodista Leobardo Vázquez Atzin, de la zona norte de Veracruz, el apoyo para despensa se lo dieron por seis meses a los padres de él ya que vivían en pobreza casi extrema y habían perdido a su único sustento siendo ancianos. Aunque Leobardo dejó en orfandad a tres hijos el apoyo alimentario solo se concedió a los padres como una situación extraordinaria.

En Veracruz  hay dos posturas  sobre la CEAPP: una en pro que desaparezca y otra que continúe. Un punto de coincidencia entre deudos beneficiarios de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas tiene que ver directamente con omisiones en el tema de seguridad.

La familia del periodista Moisés Sánchez, víctima de homicidio en 2015, denunció falta de voluntad política para garantizar su protección. Crédito: Cortesía Familia Sánchez.

En este sentido Carmela, esposa de Goyo, minimiza y no precisa -por miedo- qué sucedió: “Pues habido algunos detallitos… cosas que mandan a decir…Sí habido algunos detalles. Sí han sucedido algunas cosas quizá más adelante las diga, pero precisamente por eso es que yo pido la seguridad y se le ha dado a conocer a la CEAPP por eso pido la seguridad”.

Moisés Sánchez Cerezo.jpg

En este sentido Carmela, esposa de Goyo, minimiza y no precisa -por miedo- qué sucedió: “Pues habido algunos detallitos… cosas que mandan a decir…Sí habido algunos detalles. Sí han sucedido algunas cosas quizá más adelante las diga, pero precisamente por eso es que yo pido la seguridad y se le ha dado a conocer a la CEAPP por eso pido la seguridad”.

“Hubo ocasiones al principio (amenazas), pero gracias a Dios no ha pasado a más. Yo por eso les dije desde el principio que no les iba a pedir: ¡manténganme oigan o denme un apoyo económico! Yo siempre he trabajado. Yo lo que siempre pido es la seguridad, eso es lo que siempre he recalcado y pedido, la seguridad”; insistió.

Según el reglamento de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas solo se darán apoyos y “medidas necesarias a petición de los periodistas que lo soliciten únicamente». 

Sobre este punto, cuestionó la periodista Norma Trujillo, que “llama la atención que se hablaba que (la CEAPP) tenían que dar protección solo si lo manifestaba el periodista amenazado, es decir, aunque ellos leyeran que estaba amenazado no lo apoyaban si el periodista no se acercaba a ellos”. 

Esas y otras contradicciones hacen que los periodistas como Norma Trujillo vean que en Veracruz es necesario otra estructura “un mecanismo federal distinto al que hoy opera, donde se cree un observatorio de periodistas a nivel nacional que vigile el funcionamiento”.

TE PUEDE INTERESAR:

Protección de papel para periodistas en México

0

En México, uno de los países más peligrosos para periodistas, los gobiernos estatales han creado instancias de protección que existen sólo en el papel porque no tienen presupuesto asignado, o personal suficiente y adecuado, ni se coordinan con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 

Por Samantha Páez

A los periodistas Margarito Martínez y Lourdes Maldonado los asesinaron en enero de 2022 a unos metros de su casa, en la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California, México. Habían solicitado protección a la Unidad de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Baja California, pero el trámite traspapelado y la falta de coordinación con el Mecanismo de Protección Federal fueron fatales.

Historias como la de Lourdes y Margarito se repiten en cada una de las 32 entidades federativas del país. En una investigación sin precedentes, el Colectivo Desde Provincia, conformado por reporteras y reporteros de seis estados, indagó sobre el trabajo de las unidades, comisiones, mecanismos y fiscalías estatales encargadas de proteger a periodistas y personas defensoras. 

A través de solicitudes de información a las autoridades, revisión de documentos oficiales y entrevistas con especialistas, los hallazgos fueron los siguientes: 24 estados respondieron que sí cuentan con alguna instancia gubernamental para la protección de periodistas y personas defensoras, pero sólo ocho tienen un presupuesto específico, la mayoría no tiene personal suficiente y capacitado en temas de libertad de expresión o de defensa de periodistas.

Los datos confirman que Guerrero, Morelos y Sinaloa son los tres estados donde las instancias de protección a periodistas están  operando sin titular. También hay estados donde quienes colaboran en dichas instancias lo hacen de forma honoraria, es decir, sin recibir pago, como ocurre en: Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco y Tamaulipas. Lo anterior ocurre,  ya sea porque no hay presupuesto o porque esta actividad es una más de las que ya tiene a su cargo en la administración pública.

A través de 115 solicitudes de información, revisión de 143 documentos oficiales de las unidades a cargo de la protección de periodistas, el Colectivo Desde Provincia analizó los casos específicos de Jalisco, Puebla, Guanajuato, Veracruz, Chihuahua,  Coahuila y Baja California, para los cuales habló con periodistas, organizaciones civiles y responsables de las unidades.

En el occidente de México, en Jalisco hay un consejo acéfalo, sin presupuesto y con más de dos años sin sesionar desde 2018, sus integrantes solicitaron reiteradamente asignación de presupuesto, sin que hubiera respuesta positiva y con la administración estatal actual, no se han nombrado a consejeras y consejeros que continúen con el trabajo. 

Mientras tanto en la parte central del país, en el estado de Puebla, tres oficinas simulan proteger a periodistas y personas defensoras de DDHH, dos de ellas dependen de la Secretaría de Gobernación, pero los recursos financieros y humanos son mínimos, y no existe transparencia en la conformación de las mismas. A pesar de esta estructura, periodistas de zonas de riesgos, como son aquellas donde existen delitos como el robo de hidrocarburos, siguen en el abandono.

La situación en Guanajuato es que existe un mecanismo de protección a contrapelo porque se creó un Atlas de riesgos para periodistas, el cual no es público y a través de transparencia se entregó testado. El Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos, que inicialmente integró a reconocidas activistas y periodistas, tiene recursos, pero han sido subejercidos, a pesar de la situación de violencia que ha puesto en riesgo a periodistas y personas defensoras.

Lo que ocurre en el centro de país se aguza en la costa Atlántica, en Veracruz,  donde se tiene un millonario presupuesto que no protege a periodistas; el estado con más casos de periodistas a quienes se ha asesinado en México: 31, de 2000 a lo que va 2022, de acuerdo con Artículo 19 para México y Centroamérica. A pesar de que en 2012 se creó la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, familiares de periodistas víctimas de homicidio aseguran que la atención es insuficiente, no sólo por la falta de potestad jurídica, sino porque el presupuesto de la dependencia se invierte en salarios de sus 41 colaboradores.

TE PUEDE INTERESAR:

Lo que pasa en el centro se extiende a los estados del norte, donde se han incrementado las agresiones contra periodistas.  En Coahuila, convenios inoperantes hacen que periodistas se enfrenten a impunidad, el gobierno del estado firmó un acuerdo para instalar la comisión de prevención y protección de periodistas desde 2012, pero a la fecha no se ha concretado. La Fiscalía de Investigaciones Especializadas Atención y Protección a Víctimas y Testigos es quien se encarga de dar seguimiento a las agresiones a periodistas, al igual que para casos de feminicidios y violencia familiar, sin que hasta el momento se haya logrado el acceso a la justicia de periodistas que han interpuesto denuncias.

Mientras que en Chihuahua hay dos mecanismos de protección con poco éxito, el primero creado en 2006 (en 2010, aprobaron el  protocolo) después de una gran exigencia por parte del gremio periodístico, fue dejado en el olvido y con los años se conformó otra instancia a que se le ha dotado de presupuesto de más de 19 millones de pesos anuales en promedio, pero sin que haya resultados exitosos. 

En tanto que en Baja California, el gobierno estatal reactiva el mecanismo de protección después de los asesinatos de Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, pero sin tocar el problema de fondo: la falta de acceso a la justicia y la falta de un compromiso real por parte de las dependencias para proteger a periodistas y personas defensoras.

Protesta por el asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez en Tijuana, Baja California. Crédito: Espacio OSC.

Lo anterior, confirma que la protección se queda en el papel en un país que encabeza, junto con India, la mayor cifra de periodistas asesinados durante 2021, de acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) y donde ocurre una agresión contra periodistas o medios de comunicación cada 14 horas, según la organización Artículo 19.

De acuerdo con el CPJ de 2019 a lo que va de 2022, 17 periodistas han sido asesinados en México. En tanto que Artículo 19 apunta que durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador suman 31 periodistas víctimas de homicidio, siendo éste el sexenio más violento si se toma en cuenta que en el mismo periodo durante el mandato de Enrique Peña Nieto ocurrieron 19 asesinatos y en el de Felipe Calderón Hinojosa, 26.

Cifras del propio gobierno federal, presentadas por la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación en marzo de 2022, daban cuenta de 55 homicidios de periodistas durante la actual administración federal, 49 periodistas hombres asesinados y seis mujeres. Pero no son sólo los asesinatos y feminicidios los que frenan la libertad de expresión, sino también los cientos de agresiones contra periodistas y medios de comunicación que ocurren cada año en el país.

En el último informe de Artículo 19  se da a conocer que durante 2021 ocurrieron 644 agresiones, siendo las autoridades del Estado mexicano las perpetradoras en por lo menos 42.5 por ciento de los casos, frente a 21.3 por ciento cometidas por particulares, seguido de partidos políticos (9.1%) y delincuencia organizada (6.5%). Las fuentes informativas vinculadas con las agresiones son: corrupción y política, con 44.2 por ciento del total y seguridad y justicia, conocida como “nota roja” en México, con 24% del total.

En 2021, las entidades con más agresiones documentadas fueron la Ciudad de México, con 100 ataques; Guerrero, con 52; Puebla, con 46; Baja California, con 44, y Yucatán, con 39. Asimismo, las agresiones más comunes ese año fueron: intimidaciones, amenazas y el uso ilegítimo del poder público.

TE PUEDE INTERESAR:

El antecedente: un pacto sin cumplir

En mayo de 2017, tras los asesinatos de los periodistas Miroslava Breach (23 de marzo) y Javier Valdez (15 de mayo), todos los gobiernos estatales, a través de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago), se comprometieron a asumir ciertos compromisos a propuesta del entonces presidente, Enrique Peña Nieto. Sin embargo, la voluntad política no fue suficiente para cumplir con los acuerdos.

A partir de esa reunión surgieron las llamadas “Acciones para la libertad de expresión y para la protección de periodistas y defensores”, que incluían: fortalecer la estructura y los recursos del Mecanismo de Protección Federal así como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (Feadle). Otras de las promesas fue establecer un Esquema Nacional de Coordinación con las Entidades Federativas y un Protocolo de Operación. 

El entonces presidente Enrique Peña Nieto durante la presentación de las Acciones para la libertad de expresión y para la protección de periodistas y defensores. Crédito: Presidencia de la República.

En las peticiones de información realizadas para esta investigación, la Secretaría de Gobernación federal (Segob) negó la existencia de pruebas documentales de dicha reunión, así como otras realizadas el 22 de mayo y 2 de junio; estos papeles no fueron entregados en las solicitudes de información porque  la Segob afirmó que no hay “prueba documental”. 

Lo anterior, se contradice con la información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que en su informe “Análisis Situacional de los Derechos Humanos de Periodistas y Personas Defensoras”  afirma que sí se tomaron acuerdos entre la Segob federal y la Conago.

Entre los acuerdos de los gobernadores también mencionaron que las Unidades Estatales de Protección debían tener un mínimo indispensable de personal, es decir, al menos  cinco personas para monitoreo, coordinación y reacción inmediata. Pese a ello, sólo 13 instancias de protección tienen esa cantidad de personal, incluso, hay otras cuatro que operan con una sola persona. La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, de Veracruz, es la que tiene una estructura más robusta con 41 funcionarias y funcionarios públicos, aunque su creación es anterior a la firma de estos acuerdos.

INSTANCIAS POR ENTIDAD

Desde 2019, el incumplimiento quedó evidenciado, en el Diagnóstico sobre el Funcionamiento del Mecanismo de Protección Federal, elaborado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,  que menciona “a dos años del anuncio, actualmente existen dos mecanismos locales y 12 UEP (Unidades Estatales de Protección), siendo que algunas de ellas están constituidas por una única persona que además tiene responsabilidades en varios otros temas. En 15 estados designaron enlaces con el Mecanismo de Protección Federal en la Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía o en la Secretaría de Seguridad Pública. Cuatro estados no tienen ni enlace, ni UEP”.

Erick Martín Javier Salas, director general del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, explicó el 3 de marzo de 2022, durante la ,mesa de lanzamiento del informe «BAJO RIESGO: Cómo superar las deficiencias de los programas de protección de periodistas en América Latina», elaborado por Reporteros Sin Fronteras (RSF), que en la junta de gobierno de agosto de 2017 se autorizó la firma de convenios con los 32 gobernadores del país, a fin de que implementen acciones coordinadas y estructuradas en materia de prevención de agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Detalló que si bien el convenio generaba la vinculación con las Unidades Estatales de Protección, solamente concretaron este enlace con 12 estados, pero tiene conocimiento que se crearon los mecanismos de protección estatales que no forzosamente se estaban coordinando con el Mecanismo de Protección Federal. 

Sin embargo, el problema comenzó en 2018 durante las elecciones estatales y federales porque en cada una de las entidades federativas se generó una “política sin orden”, de acuerdo con Javier Salas, sin contemplar el tema de personas defensoras de derechos humanos en sus planes y proyectos de gobierno.

En palabras de Lucía Lagunes Huerta, directora de Comunicación e Información para la Mujer AC (Cimac) e integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, «de ese tamaño es la voluntad política de las entidades federativas, o sea cumplieron como pueden cumplir con la ley general, pero no necesariamente están interesados en realmente hacer la tarea que les toca».

Lucía Lagunes durante una rueda de prensa del Consejo Consultivo del Mecanismo de protección federal. Crédito: Cortesía del Consejo Consultivo del Mecanismo de protección federal.

Por su parte, desde la organización Artículo 19, Itzia Miravete, coordinadora de Prevención, sostuvo que el “protocolo de coordinación nacional para la protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos”, promovido por Peña Nieto en 2017, pretendió obligar a los estados a asumir su responsabilidad de proteger a periodistas y personas defensoras, pero al final los convenios son de buena fe. 

“Fue, evidentemente, un acto público frente a las protestas que estaban viendo, pero realmente no vimos en ese momento acciones más allá de los discursos, como tampoco estamos viendo en este momento acciones de los estados para frenar la violencia contra la prensa”, añadió.

El propio subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, reconoció durante una entrevista después del Foro de Libertad de Expresión, organizado por la Embajada de Noruega y Artículo 19 el 16 de marzo de 2022, que “hay mecanismos estatales que son solo simulaciones”, por ello desde el gobierno federal buscan generar una nueva Ley de protección que obligue a las entidades federativas a ser corresponsables en la protección. Pasaron los años y las acciones para proteger a periodistas y personas defensoras de derechos humanos de Peña Nieto se quedaron en el tintero.

TE PUEDE INTERESAR:

Estados, omisos en obligaciones

De las instancias creadas en las entidades federativas, 13 dependen de la Secretaría de Gobierno o Gobernación del mismo estado; siete de las Fiscalías; tres son organismos autónomos y una más depende de tres dependencias distintas. 22 operan sin presupuesto o personal suficiente, incluso, hay instancias que laboran con personal “honorario”, es decir, que no reciben pago por ello, como es el caso de Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco y Tamaulipas.

Respecto al presupuesto, según el análisis de esta investigación, ocho de las 24 instancias tienen recursos económicos concretos: la de Hidalgo es la que menos ha invertido de 2019 a 2021, con un promedio de 529 pesos diarios para la protección de periodistas; mientras que Chihuahua ha destinado casi 52 mil 472 pesos al día en el mismo periodo de tiempo, es decir, 98 veces más.

En comparación con 2019, el presupuesto asignado para 2021 disminuyó en Guanajuato,  Ciudad de México, Veracruz, Chihuahua y Chiapas; en este último estado la caída fue de 452%, al pasar de 7 millones a 1.2 millones de pesos. En esas entidades que informan sobre el presupuesto no hay claridad de cómo se distribuyen los fondos, cuánto del presupuesto es para nómina y  para las medidas de protección u otras actividades.

El tema presupuestal de las dependencias para proteger a los periodistas no es menor, afirma en entrevista Lucía Lagunes, porque explica que la propuesta de crear las Unidades Estatales de Protección no es mala; pero desde su punto de vista, los estados esperaban recursos federales para trabajar, porque es difícil que destinen parte de su presupuesto a este tema.

El diagnóstico de la ONU apunta que en el marco de las Acciones para la libertad de expresión y para la protección de periodistas y defensores, de mayo de 2017, “se asumió el compromiso de dotar a las UEP ( Unidades Estatales de Protección) de recursos para su equipamiento, infraestructura y profesionalización, a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, a pesar de que el Protocolo de Coordinación Nacional no prevé la asignación de recursos. Sin embargo, las UEP, que la ONU-DH consultó, manifestaron que no habían recibido de la Federación dichos recursos”.

Sobre este tema, Alberto Xicoténcatl Carrasco, director de la Casa del Migrante Saltillo y presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas coincidió en la preocupación. “Hay estados donde no sólo no existe capacidad institucional, sino que no tienen disposición de invertir presupuesto en la protección de periodistas y personas defensoras. Evidentemente […] es una tarea que ni es su prioridad ni les interesa y al mismo tiempo el propio Estado es el máximo agresor. Entonces, ya en términos ideales, suena muy bien, pero en términos reales creo que en México tristemente no estamos todavía con esa transparencia, ética, institucionalidad y fortaleza no política para poder pensar que eso va a ser viable a corto plazo”, comentó.

Sin dinero por parte de la Federación o los estados, la protección de periodistas es endeble, como el papel mojado, mientras las agresiones persisten y se agudizan. 

Unidades de protección, sin infraestructura

El poco presupuesto en las dependencias hace que estos espacios estén debilitados para proteger a los periodistas, sumado a que no siempre cuentan con personal suficiente para atender la demanda de casos. En la revisión de la infraestructura de las comisiones, unidades y dependencias a cargo de la seguridad de las y los periodistas fue posible confirmar que 13 de las 24 instancias están integradas por cinco o más personas para operar, como fue la recomendación del gobierno federal de Peña Nieto. 

Pese a esto, hay otras diez que cuentan con de una a cuatro personas para trabajar y en el caso de Coahuila, a pesar de contar con la Unidad de Delitos en agravio de la libertad de expresión de personas físicas y morales que ejerzan la actividad periodística, de la Fiscalía, no informaron el personal exacto que la conforma. En ese sentido, es la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas de Veracruz  la que tiene más personal, con 41 funcionarias y funcionarios públicos adscritos.

Que haya personal no significa que estas dependencias están integradas por personas capacitadas para atender casos de agresiones contra periodistas. Si bien los perfiles de las personas que forman parte de las instancias de protección, en su mayoría son agentes policiales, policías ministeriales y personas con formación en derecho o comunicación, llama la atención que en Quintana Roo la persona titular de unidad de protección es técnica profesional en puericultura, es decir, se especializa en el cuidado de infancias. Lo mismo ocurre en Puebla, donde la jefa de seguimiento y reacción inmediata es médica con especialidad en Administración de Servicios de Salud.

Por otra parte, hay tres instancias que sí están operando, pero no tienen titular: Guerrero, Morelos y Sinaloa. Desde la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) que da seguimiento a las agresiones contra periodistas en México, Balbina Flores Martínez, representante de esta organización, explicó que son sólo 13 mecanismos o enlaces locales que están funcionando, pero incluso en esos casos donde hay una estructura mínima para operar, eso no quiere decir que estén funcionando correctamente, porque se desconoce cuáles son sus procedimientos internos, si cuentan con recursos o si han tenido alguna capacitación para funcionar.

“Eso también de enlaces se oye muy extraño porque para una situación tan grave como son las agresiones a periodistas y situaciones de emergencia, es parecido a una oficialía de partes, porque una oficialía de partes recibe y envía (oficios), pero no tienen ninguna capacidad de acción”, añadió Balbina Flores.

“Ahí viene personalmente mi preocupación, pensemos en el mecanismo que tiene Baja California donde han asesinado a tres periodistas […] se ha dicho que existe en tema de discurso, pero en términos reales no existe, […] a pesar de que el Gobierno del Estado tiene trabajando ahí a dos o tres personas, apenas iba a presentar […] el mecanismo, pero ya existía, claro, sin técnica, sin capacitación, sin presupuesto y aquí tenemos las consecuencias de solamente trabajar en discurso”, concluyó Alberto Xicoténcatl. 

Es así que las unidades de protección, como meras oficialías de partes, como encargadas del papeleo y los trámites, cuestan vidas de periodistas.

Capacitar en lugar de proteger

Sin presupuesto y sin plan de trabajo, las pocas comisiones en funcionamiento  se concentran en dar capacitaciones. En total, diez instancias de protección reportaron la realización de 372 talleres y cursos, pero no todos ellos fueron dirigidos a periodistas o personas defensoras. En el caso de la Fiscalía de Sonora, por ejemplo, las 17 capacitaciones fueron para funcionarias y funcionarios públicos, siendo los temas principales: derechos humanos, nuevo sistema penal acusatorio, teoría del caso, acceso a la justicia, integración de carpetas de investigación, tortura y desaparición.

Los estados de Chiapas, Durango, Oaxaca y Puebla informaron de la realización de talleres o capacitaciones, pero no detallan los temas que se abordaron. Coahuila reportó la realización de 260 capacitaciones, pero no especificó si fueron tomadas por periodistas, personas defensoras o funcionarios  públicos.

En la Ciudad de México impartieron 21 talleres de autoprotección para personas defensoras y periodistas; en Guanajuato se centraron en la autoprotección, seguridad digital y la creación de mapas de riesgos; en Guerrero, las capacitaciones se enfocaron en informar cómo es la incorporación al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y cómo opera, pero también hubo una  enfocada cobertura electoral. 

En Quintana Roo hubo un taller sobre seguridad digital y en Veracruz los cursos y talleres versaron sobre: perspectiva de género; herramientas digitales y desinformación; aspectos técnicos y conceptuales del servicio público; primeros auxilios psicológicos; hostigamiento sexual, y derechos humanos y herramientas para periodistas.

Si en el tema de talleres y capacitaciones son pocas las instancias que se han abocado a estas actividades, aún son menos las que han generado informes o diagnósticos sobre su trabajo, en este caso únicamente las dependencias de Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Puebla y Veracruz los han elaborado. 

Sin embargo, hay documentos sobre los diagnósticos realizados por las unidades o comisiones de protección que al buscarlos directamente con el personal o en las páginas web no son ubicados. Es el caso del Diagnóstico de la situación de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el estado de Puebla, presentado en julio de 2019, que  no es posible ubicar en el sitio oficial del gobierno estatal. Lo mismo ocurre con el Atlas de Riesgo de Guanajuato, que para consultarlo fue necesario pedirlo vía transparencia y cuando lo entregaron fue testado.

Taller realizado por parte de la Comisión para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el estado de Puebla. Crédito: Comisión para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el estado de Puebla.

Los estados sin unidad

Aún con la fragilidad de no tener presupuesto, personal capacitado o estructura para proteger a los periodistas, los estados mencionados anteriormente tienen, al menos, una dependencia que en el papel, en las leyes, está diseñada para resguardar a los periodistas. 

Hay casos, en los que ni siquiera se han abierto estas oficinas, se trata de Aguascalientes y Querétaro, que al momento de hacer solicitudes de información respondieron que no cuentan con alguna unidad especial, comisión, fiscalía o mecanismo para la protección de periodistas y personas defensoras. 

En el Estado de México fue hasta febrero de 2022 que instalaron el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección Integral a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos en el Estado de México, un año después de promulgada su ley estatal de protección y cinco años más tarde firmar los compromisos con Peña Nieto.

Otras cinco entidades, Baja California Sur, Campeche, Nayarit, Nuevo León y Tabasco, se declararon incompetentes para responder si existía alguna instancia encargada de la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en la estructura del Poder Ejecutivo. El gobierno estatal de Yucatán, por su parte, declaró la inexistencia de información al respecto.

En entrevista para esta investigación, el subsecretario Alejandro Encinas reconoció que parte del problema es la omisión de las entidades federativas, la falta de políticas de prevención, la nula investigación de las fiscalías locales de los crímenes contra periodistas y activistas y, desde luego, la impunidad. 

De allí la idea de crear un Sistema Nacional de Protección, integrado por dependencias federales y por autoridades estatales. «No queremos comisiones ni mecanismos a modo de los gobernadores,  tienen que estar sujetas a las normas y protocolos del Sistema Nacional, tienen que cumplir los mismos patrones y protocolos desde su integración, hasta el establecimiento de las medidas de protección», agregó el funcionario federal.

RECURSO MULTIMEDIA: FOTO DE MANIFESTACIÓN

Manifestación por el asesinato del periodista Rubén Espinosa en Puebla. Crédito: Marlene Martínez para LADO B.

Segurizar la protección a periodistas

No basta con asignar recursos materiales y humanos, las instancias de protección, afirma Itzia Miravete,  coordinadora de Prevención de Artículo 19, y explica que lo que se necesita es un enfoque de protección integral para atender riesgos físicos, pero también los psicoemocionales y digitales. 

A pesar de ello, las medidas de protección más recurrentes por parte de las instancias estatales son: brindar escoltas, números de emergencia, rondines policiales, vigilancia en domicilio, otorgar botones de pánico o dispositivos GPS, envío a un refugio temporal o extracción y reforzamiento de seguridad en vivienda o instalaciones. Aunque sí hay organismos que tienen medidas como la asesoría jurídica y psicológica, atención médica o apoyos económicos, no son las más comunes.

Para la activista estas medidas son tendientes a segurizar la protección de periodistas, es decir, a ver a reporteras y reporteros como objetos a los cuales proteger y no como a personas sujetas de derechos. “Las personas que manejen, tanto el mecanismo federal como los estatales, no pueden tener una mirada de securización. No tiene que ir encaminada hacia militarizar, hacia llenar a la persona de chalecos antibalas y refugios, porque lo que necesitamos hacer y es algo que se ha recalcado mucho: las personas que están en riesgo tienen que ser vistas como sujetas de derechos y no pueden ser vistas como objetos de protección”, explicó.

En el informe Bajo Riesgo: Cómo superar las deficiencias de los programas de protección de periodistas en América Latina (Brasil, Colombia, Honduras y México), de RSF, también señala que en ese sentido «es precisamente el enfoque restringido a la seguridad física e inmediata del beneficiario, en detrimento de la implementación de planes de protección integral, el que más críticas recibe por parte de los atendidos por el mecanismo”.

A través de una revisión de las respuestas de las entidades federativas a las solicitudes de información hechas por el Colectivo Desde Provincia, se encontró que seis de las instancias de protección sólo ejecutan las medidas y que es el Mecanismo de Protección Federal que las dicta. 

En ese sentido, la mirada de segurización inicia en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, basta con analizar las medidas implementadas que vienen en su último Informe estadístico, de abril de 2021: las más implementadas son el botón de asistencia (también conocido como botón de pánico) y número de contacto de emergencia. 

Ante esta situación “se vuelve urgente la necesidad de reforzar las capacidades de análisis sobre las causas de fondo del riesgo y la adopción de medidas políticas que las aborden y desactiven”, como señala el Diagnóstico sobre el Funcionamiento del Mecanismo de Protección Federal.

Mecanismo tampoco garantiza la protección 

Una de las principales medidas que dan a nivel federal a los periodistas que requieren protección es asignarles escoltas, que los acompañan a su trabajo, casa o a cualquier actividad, una de cada tres entidades aplican este tipo de acciones. Sin embargo, estos escoltas suelen pertenecer o a la policía estatal o municipal, las mismas que han sido identificadas como los principales agresores en los estados. 

El Mecanismo de Protección Federal se decanta por brindar botones de asistencia, también conocidos como botones de pánico, el 20% de las medidas extraordinarias y el 19% ordinarias consisten en ello. Pero, como dice Hilario Cruz, de Radio Xalli, de Palmar de Bravo, Puebla, el aparato no siempre funciona.

Ésta es una de tantas críticas que ha habido al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, lo que ha llevado a que organizaciones internacionales y nacionales hayan realizado diagnósticos y estudios al respecto. Pero como comentó Balbina Flores en la mesa de discusión “Agresiones a periodistas en el contexto del combate a la corrupción”, organizada por Iniciativa Sinaloa y el Border Hub en febrero de 2022, “el mecanismo de protección en México está sobre-diagnosticado, hay una gran cantidad de estudios, sería interesante revisar para hacer aportes muy concretos”.

Griselda Triana, viuda de Javier Valdez, periodista asesinado en mayo de 2017, durante su participación en el “Foro para la construcción de una política pública integral de protección para personas defensoras y periodistas”. Crédito: Espacio OSC.

Es por ello aquí sólo se mencionan los instrumentos que han evaluado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y sus resultados, sin perder de vista que es esta instancia federal la que dicta las acciones de al menos seis unidades de protección estatales:

Para esta investigación solicitamos en llamada telefónica y vía correo electrónico la versión oficial del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas sobre la falta de coordinación con los estados y que las instancias de protección locales son inoperativas. La respuesta fue que se confirmaba la recepción de la solicitud y que se turnaba al área correspondiente, sin que hasta el momento se haya dado respuesta.

Ante esta situación la Secretaría de Gobernación federal ha propuesto elaborar una nueva ley general de protección, para ello se han realizado desde enero hasta junio de este 2022 ocho foros regionales en Ciudad de México, Oaxaca, Sonora, Nayarit, Morelos, Baja California, Jalisco y Michoacán, donde se buscaría recoger propuestas de organizaciones de periodistas y activistas en los estados, con miras a elaborar con ello una iniciativa.

Al respecto, Encinas señaló durante una entrevista «es evidente que los foros regionales van a hacer insuficientes dada la trascendencia de este tema, pero si logramos conjugar una propuesta que surja de los foros sometida a la discusión de un parlamento abierto en el Congreso, creo que podemos construir un instrumento legislativo con mucha legitimidad».

Para que ello se concrete es necesario pasar del papel a las acciones porque la protección integral no sólo se trata de incluir la perspectiva de género e interseccionalidad o adoptar un enfoque de derechos humanos, sino que -como se menciona en el documento Puntos prioritarios para garantizar el Derecho a Defender los derechos humanos y a la libertad de expresión-, se base en cinco aspectos: prevención, protección, investigación, reparación y garantías de no repetición. 

Cuando ocurra esto, entonces, dejarán de ser comisiones de papel y se convertirán en espacios que garanticen la protección y vida de periodistas para que no se impongan las zonas silenciadas de información en el país.

TE PUEDE INTERESAR:

Red de 28 empresas recibió mil 900 mdp de Veracruz; a 6 años del hallazgo de posibles desvíos, las sanciones están estancadas

0

Hace seis años, el órgano de fiscalización de Veracruz detectó posibles desvíos de recursos en contratos asignados a una red de 28 empresas encabezada por David Enrique Terrón González. A la fecha, pese a los cambios de gobierno estatal, nadie ha sido sancionado penal o administrativamente

Texto: Ernesto Aroche Aguilar @earoche / Lado B

Fotos: Tomadas de Google maps

PUEBLA.- El 26 de octubre de 2016, Ángel Armando López llegó a la colonia Inmecafé de Xalapa, Veracruz, buscando la calle Tapachula del fraccionamiento Indeco Ánimas. Tenía la misión de notificar a la empresa Adso de México que el gobierno de Veracruz había decidido rescindir el contrato por más de 37 millones de pesos que en 2014 le había otorgado la Secretaría de Desarrollo Social del estado por la compra de material para atender un programa de mejora de techos para población vulnerable. La empresa nunca entregó el material, de acuerdo con los archivos de la dependencia.

—Sí, esta es la calle Tapachula —le respondió el dueño de una tienda ubicada sobre esa vialidad—, pero no forma parte del fraccionamiento. La calle está dentro de la colonia Inmecafé.

Una vista al mapa de la ciudad que Google ofrece en internet confirma lo dicho por el tendero: la calle Tapachula bordea la colonia, pero está fuera de ella.

A pesar del primer indicio de que la dirección era falsa, el funcionario del gobierno veracruzano recorrió la vialidad sin encontrar ni el número ni la empresa ni a su socio principal y representante legal, David Enrique Terrón González, que presume ser contador, aunque en la página de Cédulas Profesionales no hay registro de ello. 

Lo que Ángel Armando López encontró en el lugar fue nada, un hueco en la calle y la numeración: un terreno baldío. 

Así lo consignó en el acta que entregó a sus superiores: “No es posible localizar el número que busco en virtud de que no existe ya sea consistente en casa o local comercial que tenga asignado el número 75 en esa calle Tapachula, de tal suerte que el lugar o inmueble al que correspondería esa numeración (75) se encuentra un lote baldío”.

La dirección de Xalapa que buscaba el funcionario estatal fue anotada como el domicilio donde la empresa Adso de México recibiría notificaciones y comunicación oficial del gobierno veracruzano por su relación comercial de varias decenas de millones de pesos. Una dirección inexistente.

Adso de México es, además, el primero de los nodos de una red de 28 empresas, al menos, que entre 2013 y 2018 obtuvo contratos por más de mil 900 millones de pesos principalmente con el gobierno de Veracruz, pero también con el gobierno de Puebla y algunos municipales del mismo estado, y con entidades del gobierno federal, como el ISSSTE y el INIFED, e incluso con el partido Morena.

Adso y su red regional

La calle Arboledas en la colonia Bello Horizonte del municipio de Cuautlancingo, en Puebla, está apenas a unos metros de las oficinas regionales del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la entidad que además de cobrar los impuestos también se encarga de detectar a las Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (Efos), mejor conocidas como empresas fantasma.

Es una vialidad salpicada de terrenos baldíos, casas a medio construir y unas pocas que se ven terminadas. En una de las esquinas de esa calle se ubica un inmueble de dos pisos de entre seis y siete metros de largo, fachada blanca y tres ventanas. El número 31 es visible en la puerta.

—Ahí, en Bello Horizonte, es donde tenía su centro de operaciones el contador —cuenta Ernesto Maderas Martínez, quien aparece como socio en 10 de las 28 empresas de la red que Terrón González constituyó y que le sirvieron para defraudar al erario público. 

Sin embargo, el nombre que más se repite en las actas constitutivas de las decenas de sociedades que constituyó Terrón González es el de Claudia Melgarejo Zarco, esposa de Madera Martínez; ella aparece en 15 como socia principal.

Madera Martínez no se equivoca. La calle de Arboledas es mencionada en una decena de los contratos que se revisaron para este reportaje, a veces con el número 30, a veces con el número 29, otras con el número 31. 

No son los únicos números de esa vialidad que aparecen en los documentos gubernamentales; también se consignan los números 12 interior 2, 13 y 14 como direcciones de oficinas empresariales.

Las personas que viven en Arboledas lo dicen: “El contador Terrón, el del número 31, se dedicaba a eso de las empresas fantasmas”. 

Adso nació en junio de 2001 con Terrón González y su esposa, Maricamen Ravelo Cortés, como socios, y ha tenido al menos cuatro direcciones de oficinas: Arboledas 30 en Puebla y ubicaciones en Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz.

Aunque fue 10 años después cuando Adso de México comenzó a facturar decenas millones al gobierno de Veracruz. Y luego fue sumando poco a poco otras empresas. En 2003, una más: Comercializadora Alcón. 

Para 2005, agregaron otras dos: Ventas y Promociones Tomaky y Promociones Velot SIA. En 2007, integraron tres más: Comercializadora Calidadtel, Comercializadora SM y DM Estrategias en Construcciones Digitales. En 2009 y 2011, agregaron una a la lista por cada año: Blot de México y Agroproductores Sade, respectivamente.

Aunque fue en 2012 cuando se dio el boom de la red, 15 de un golpe: Sienfa Constructora, Ande OB Construcciones, Elmime Edificaciones, Santy Desarrolladora y Acabados, DETG Construcciones Ambientales, Agregados Facere, Constructora Haguen, Edificaciones Aperire, Proyectos en Construcción Triefe, Edificaciones Abnegatio, Construcciones Cehya, Edificaciones Tatsumi, Conurar Digital, Edificaciones Abissimus y Dublín, y Control Empresarial.

Otras tres se sumaron en 2013: Promotora Empresarial JMD, JDRP Logistics y Servicios Logísticos Todo a Tiempo; y una última, en 2014: Comercializadora Drakos.

La historia del boom de la creación de empresas fue así: a finales de 2012, Terrón González llevó a Claudia Melgarejo Zarco y a Ernesto Madera Martínez, una pareja que conoció gracias a una persona que trabaja con él, a las oficinas del corredor público número 1 de Tlaxcala, Leonardo Adolfo Daniel Molina Yano. 

Ahí constituyeron un total de 17 empresas, 10 de ellas de un mismo día, las otras siete en los siguientes cuatro meses.

Años después, Madera Martínez aún se sorprende cuando se le menciona el número de empresas a su nombre y del de su ahora expareja: “¿Tantas fueron?”.

Y fue en Arboledas 31 donde tuvieron su centro de operaciones, pero registraron oficinas en seis estados del país: Tlaxcala, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Hidalgo y Querétaro, y lograron contratos entre 2013 y 2018 con gobiernos e instituciones de tres entidades federativas al menos —Veracruz, Puebla, Guanajuato—, con dos institutos del gobierno federal —el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)— y con el partido Morena; esto último, de acuerdo con una base de datos que el SAT entregó al diario El Universal tras una petición de información.

Y estos son algunos de los ejemplos de sus direcciones y contratos: en mayo de 2015, Juan Ignacio Basaguren García, director del Instituto Municipal del Deporte de Puebla capital, firmó un contrato con la empresa Adso. En aquel contrato, la empresa reportó como domicilio un inmueble ubicado en la carretera a Puerto Escondido número 36, municipio San Pablo Ixtepec, Oaxaca. El acuerdo era para que Adso diera mantenimiento hidráulico a espacios deportivos de la capital poblana a cambio de 1.9 millones de pesos. En otro contrato, también con el ayuntamiento de Puebla facturó servicios publicitarios; el espectro de posibilidades de la compañía era amplio.

Al respecto, se buscó al actual ayuntamiento de la capital poblana para tener una postura sobre el tema, pero al cierre de edición la respuesta seguía pendiente.

Blot de México, por su parte, registra cinco contratos, cuatro de ellos con el gobierno de Veracruz por más de 100 millones, y uno con el ayuntamiento de Puebla por menos de 200 mil pesos. 

Los contratos fueron firmados por Agustín Téllez en su calidad de representante legal. En los contratos, la empresa registra como dirección el número 100 de la avenida Tecnológico, en la colonia centro de Querétaro. En otro documento, un padrón de proveedores del ayuntamiento de Puebla, Agustín Téllez también aparece como representante pero de Adso.

Otro más: en noviembre de 2015, la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz, entonces encabezada por Alfredo Ferrari Saavedra, eligió a Santy Desarrolladora y Acabados para encargarle la adquisición de láminas para la rehabilitación de techos firmes de 52 municipios que habían resultado afectados por lluvias severas e inundaciones en octubre de ese año. Fue un adjudicación directa, justificó la dependencia por la premura de atender a las personas damnificadas, y por ello antes hizo un estudio de mercado donde pidieron precios a las mismas empresas de la red que encabezaba Terrón González.

Ese y todos los contratos que la Sedesol entregó a la red de Terrón González fue firmado por José Luis García Torres, jefe de la Unidad Administrativa de la Sedesol, y Jéssica Gasperín Fernández, directora jurídica.

De acuerdo con la documentación legal que la Sedesol firmó, Santy Desarrolladora tenía sus oficinas en Pachuca, Hidalgo, en el número 308 del fraccionamiento Villas del Álamo. 

Molina Yano, el corredor de las empresas fantasma

Un par de personas que han requerido sus servicios no dudan en calificarlo como alguien profesional. Sostienen, en charlas por separado, que la percepción que hay de Leonardo Adolfo Daniel Molina Yano en el mundo notarial de Tlaxcala, donde despacha como corredor público, no es negativa, y que se habla poco de él.

Otras dos personas más del mundo notarial tampoco lo mencionan cuando se les pregunta por notarios y corredores con fama de ser flexibles en los límites que la ley impone.

Pero aunque no lo mencionan, lo cierto es que por el escritorio de Molina Yano ha pasado la constitución de varias decenas de Efos, de empresas que solo existen en el papel que él valida, y que después serán usadas para desviar recursos en tramas varias o que forman parte de redes de Efos, como la de Terrón González.

Para esta investigación, se pudo documentar la constitución o los movimientos notariales de al menos 47 empresas con domicilio fiscal en Puebla y con operaciones con gobiernos poblanos, que después el SAT catalogó como empresas fantasma.

10 de las 28 que conforman la red de Terrón González se constituyeron el mismo día, 14 de septiembre del 2012, una situación que, a decir del corredor público, si bien puede sonar anómala, para él significa más bien “un muy buen día de trabajo”.

“No, no es normal que se constituyan 10 sociedades (en un solo día). Pero a mí también me parece que son de los días que son muy buenos días, excelentes, pero hasta ahí. ¿Me explico? Ahora, no le puedo decir más, vienen gentes distintas y constituyen las sociedades, pues nosotros, ¿qué les vamos a decir? No podemos impedirles, o decirles no, porque se están constituyendo muchas empresas un mismo día. Escapa de nuestras facultades. Lo que sucede en esos días excelentes es que trabajamos a todo vapor”.

La correduría número 1 de Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala, está instalada en un edificio de tres plantas que aspiró a la modernidad del vidrio y el metal como estructura arquitectónica, llamado Torre Millenium, y que ya vio pasar al menos dos décadas de este nuevo milenio y se nota avejentado. 

Fue justo unos meses antes del fin del milenio pasado cuando Molina Yano recibió del gobierno federal la autorización para ejercer como corredor público, el 5 de abril de 1999 para ser exactos.

“Es baratero”, dice José Luis Mecinas, abogado y analista político que conoce el mundo notarial tlaxcalteca, sobre por qué se han constituido tantas empresas poblanas, hoy calificadas como Efos, en ese edificio de vidrio y metal.

La misma respuesta ofrece Molina Yano cuando se le pregunta por qué tantas empresas fantasmas se constituyeron con él: “Le voy a decir una cosa —dice—, probablemente, porque nuestro costo es muy bajo”.

—¿Cuánto cuesta construir una empresa en esta correduría? 

—Con nosotros está sobre 6 mil 500, 7 mil pesos, 7 mil.

—¿Y en otros espacios?

—No sé, pero me han dicho que en México (la Ciudad de México) están cobrando 32 mil, en Puebla 17 mil, 12 mil. La gente siempre se acerca a donde hay un precio más barato, porque buscan proteger sus intereses y proteger su dinero. Sobre todo que van a iniciar una empresa. Van a arriesgar.

—O 10 empresas.

—Al menos eso dicen —responde—. Ahora, recuerde usted, después de que salen de acá se van a inscribir al Registro Público de Comercio, que es una institución que depende del gobierno federal y estatal, se van a dar de alta a un organismo federal que es el SAT, nosotros cumplimos con dar aviso a la procuraduría especializada en recursos de procedencia ilícita, de tal manera que en los términos que nos exige la ley, muchas veces ponemos alerta, vemos que puede haber algo y damos la alerta.

—¿Constituir 10 empresas, de un jalón, en un mismo día no da para una alerta?

—Pues realmente yo considero que es, como le digo, un magnífico día, excelente, pero, pero qué más le puedo yo decir, no estoy dentro de la mente de las personas, ni sé qué es lo que van a hacer saliendo de aquí, no tengo idea.

Durante la charla, insiste en dos puntos: que las empresas que ha constituido cumplen con los requisitos de ley, no más, pero no menos; y que, una vez constituidas, el uso que les den las personas que crean esas empresas ya no está en su cancha.

—Nosotros solo damos fe de que comparecen ante nosotros a realizar un acto constitutivo, es decir, una acta constitutiva de una sociedad que se va dedicar a esto, a lo otro, y nosotros damos fe de que sean lineamientos que permita la ley, que están dentro de la ley. Hasta ahí nos limitamos nosotros.

Los contratos millonarios de Adso & co en Veracruz

Fue el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz el que abrió la caja de pandora donde estaban las empresas de Terrón González. 

En 2015, en su Informe de Resultados sobre el gasto de ese año de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), a cargo entonces de Alfredo Ferrari Saavedra, quien fue presidente del PRI en el estado y más tarde se integró a la campaña presidencial de José Antonio Meade, se detectaron irregularidades e inconsistencias por 431 millones de pesos (Observación FP-020/2015/011 DAÑ).

De ese monto, el 70% fue facturado por las empresas de la red de Terrón González: Asociación de Agroproductos Sade (36.4 mdp), Promociones Velot Sia (33.3 mdp), Calidadtel (25.4 mdp), Blot de México (30.7 mdp), Servicios Logisticos Todo a Tiempo (30 mdp), Dublín Control Empresarial (26.1 mdp),  Comercializadora Alcon (20.9 mdp), Adso de México (19.6 mdp), Edificaciones Abnegatio (17.6 mdp), Agregados Facere (15.5 mdp), Santy Desarrolladora (14.3 mdp), Ventas y Promociones Tomaky (12.6 mdp), DETG Construcciones Ambientales (11.2 mdp), DM Estrategias en Construcciones Digitales (8.2 mdp) y Comercializadora SM (1 mdp).

En ese primer documento, el Orfis señala que que 10 de las 15 empresas enlistadas de la red de Terrón González no fueron localizadas por la Sedesol en los domicilios que se habían señalado en los contratos como direcciones fiscales, pues las peticiones de información que les enviaron para solventar el pliego de observaciones fueron devueltas.

Ese fue apenas el primer bocado. Al año siguiente, el Orfis detectó nuevos pagos a la red, esta vez, desde el área de Comunicación Social del gobierno de Javier Duarte. 

Ahí, el Orfis detectó irregularidades por 2.2 mil millones de pesos, cargados a la cuenta de Comunicación Social, pero una parte importante de ese monto fue tramitada y pagada por la Secretaría de Finanzas y Planeación, sin que se pudiera presentar documentación comprobatoria como contratos, facturas o testigos de los servicios.

En respuesta a una solicitud de información que se presentó para este reportaje, el Orfis reconoció que hasta la fecha sigue sin tener acceso a los documentos probatorios y que el litigio para sancionar continúa activo.

En su Informe General del Resultado de la Fiscalización Superior 2016, el Orfis documentó que las empresas recibieron pagos fragmentados en 306 facturas, el 91% pagadas el 11 de noviembre de 2016 y con numeración seriada, el resto pagadas tres días después, el 14 de noviembre. Fueron para: Construcciones Cehya (75.2 mdp en 42 facturas), Constructora Haguen (71.8 mdp en 45 facturas), Edificaciones Abissimus (59.7 mdp en 24 facturas), Edificaciones Aperire (62.2 mdp en 29 facturas), Edificaciones Tatsumi (64.9 mdp en 29 facturas), Proyectos en Construcción Triefe (41.1 mdp en 15 facturas), Comercializadora Alcón (65.5 mdp en 37 facturas), Comercializadora SM (86.4 mdp en 50 facturas), DETG Construcciones Ambientales (22.4 mdp en 11 facturas), Edificaciones Abnegatio (55.9 mdp en 36 facturas) y Ventas y Promociones Tomaky (49.5 mdp en 32 facturas). 

También se pagó a Agregados Facere (22.8 mdp en 12 facturas), Comercializadora Calidadtel (11.6 mdp en siete facturas), Promociones Velot-Sia (60.8 mdp en 28 facturas), Promotora Empresarial JMD (63.4 mdp en 35 facturas), y Santy Desarrolladora y Acabados (55.3 mdp en 36 facturas).

En total, casi el 40% de los 2 mil 268 millones de pesos que el Orfis observó a Comunicación Social pagados por la Sefiplan, es decir 868.5 millones, se quedaron en las cuentas bancarias que manejaba Terrón González a través de la red de empresas.

Orfis y Sedesol vs. Terrón González

Tras hacerse pública esa información, el Orfis emplazó a las dependencias involucradas con esas empresas a presentar la documentación que probara que no había ni irregularidades ni desvío de recursos, pero las dependencias no pudieron solventar los señalamientos. 

En consecuencia, la autoridad presentó dos denuncias penales. La primera, en noviembre de 2016 en la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción cometidos por Servidores Públicos (folio C.I./FESP/399/2016-VII), por un probable daño patrimonial de 431.4 millones de pesos. 

Para febrero del siguiente año, y luego de las acciones del Orfis, la Secretaría de Desarrollo Social inició procesos de rescisión de algunos de los contratos que se entregaron a las empresas de Terrón González, específicamente a tres de ellas: Adso de México, DETG Construcciones Ambientales y Calidadtel. 

En respuesta, el equipo jurídico de Terrón González llevó los casos al extinto Tribunal Contencioso Administrativo del Estado (hoy Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz) y empezó varios juicios (folios: JC 147/2017, JC 146/2017, JC 143/2017). En dos de ellos, las autoridades judiciales tumbaron las resoluciones de la Sedesol por errores de argumentación jurídica, como no haber citado con claridad el artículo que otorga a los funcionarios de Desarrollo Social las facultades para rescindir los contratos. 

En el único juicio que ganó la autoridad (JC 147/2017), Terrón González argumentó haber cumplido solo con el 30% de los contratos y haber acordado un cierre anticipado del acuerdo con la Sedesol a principios de 2015, pero la autoridad demostró que para ese cierre anticipado se usaron documentos falsos signados con firmas diferentes a las que se estamparon en el contrato inicial, según se lee en la versión pública de la sentencia que puede ser consultada en la página electrónica del TEJAV.

Se solicitó al gobierno de Veracruz una entrevista con la Secretaría de Desarrollo Social para profundizar en los detalles de los procesos de rescisión y los juicios posteriores, pero no hubo respuesta a la petición.

Denuncias penales, acciones administrativas

Tras el trabajo de revisión de las cuentas públicas de 2016, último año de Javier Duarte, el Orfis presentó una nueva denuncia, ahora en la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales (FGE/FIM/F9/C.I./17/2018), por un probable daño patrimonial de mil 895 millones de pesos.

No fue la única acción legal. A la par de las denuncias que se hicieron llegar a la fiscalía veracruzana, el Orfis también inició acciones administrativas para tratar de resarcir el daño al erario (folios: DRFIS/062/2016, IR/SEDESOL/2015 y DRFIS/010/2017, IR/CGCS/2016), responsabilizando a exservidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Coordinación General de Comunicación Social de los desvíos.

Hasta principios de marzo de este año, ni las denuncias del Orfis ni las rescisiones de contratos de la Sedesol veracruzana han tenido consecuencias, pues los procesos jurídicos aún siguen abiertos, de acuerdo con información que proporcionaron las dos dependencias a diversas solicitudes de información que se presentaron para este reportaje.

Toda la documentación jurídica que se le solicitó tanto al Orfis como a Sedesol fue reservada hasta por tres años más, con el argumento de que los procesos jurídicos aún no están concluidos. 

Y la espera aún se ve larga, reconoce en entrevista Felipe de Jesús Marín Carreón, director jurídico del Orfis.

“No hay posibilidad de estimar un tiempo para (la resolución de) cada uno de ellos, algunos ya tienen una sentencia de primera instancia, otros no la tienen, otros ya incluso estaría para resolverse en segunda instancia o en Sala Superior, pero además todavía tienen la posibilidad de acudir al amparo ante los Tribunales Colegiados de Circuito, son asuntos que van tardar algún tiempo en resolverse”, dice. 

—¿Están previendo que se pueda extender todavía mucho más? Son casos que llevan más de siete años y todavía no tenemos ninguna cosa fija ni firme. 

—Aquí la situación es que ya depende de los tribunales. Falta tiempo para que adquiera firmeza el acto emitido en su momento por el Órgano de Fiscalización Superior. 

Factura, factura, que algo quedará

El uso de las empresas de la red de Terrón González fue flexible. Más allá de los cientos de millones que facturaron al gobierno de Veracruz, también sirvieron para otros fines, como pagar la nómina de los jugadores del extinto equipo de futbol Tiburones Rojos.

De acuerdo con una nota publicada en el portal de la cadena de televisión deportiva ESPN, Santy Desarrolladora y Acabados y JDRP Logistics aparecen como las razones sociales mediante las cuales se pagó el salario a los jugadores del club.

Dice ESPN: “Los abonos de Santy Desarrolladora y Acabados SA de CV a los jugadores iban de los 300 mil pesos hasta algunos que rebasaban el millón, dependía del futbolista y el acuerdo que tenía con el club”.

Adso de México, la única empresa donde Terrón González está registrado como socio —en las demás aparece como comisario de la sociedad—, apareció señalada en una de las auditorías forenses (16-4-99279-12-0199) que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a una serie de contratos que replican el esquema de La Estafa Maestra: una dependencia gubernamental contrata a una universidad para que le dé servicios, la universidad subcontrata a su vez a algunas empresas fantasmas para realizar el trabajo y el dinero público comienza a desaparecer en cuentas bancarias de esas empresas. 

La cadena puede llegar más lejos y esas empresas fantasmas pueden distribuir el dinero a una segundo o tercer eslabón de empresas fantasmas. Adso está en ese nivel, de acuerdo con la ASF. 

La historia fue así: en 2016, la CFE firmó un convenio por 15.6 millones de pesos con la Universidad Tecnológica de Salamanca (UTS), para la realización de “investigaciones sociales” que sirvan de apoyo para la atención de conflictos derivados de proyectos de generación o transferencia de energía, entre ellos el Proyecto Integral Morelos en Puebla y Tlaxcala. 

Después de firmado el convenio, la UTS subcontrató a una empresa y a cuatro “expertos técnicos” para realizar los trabajos. Estos, a su vez. pasaron el dinero, o una buena parte de él, a la cuenta de la empresa de Terrón González.  Al final de la cadena, a la cuenta de Adso entraron 11.8 millones de pesos.

Aunque no había negocio pequeño. En 2017, Adso de México fue utilizada por el municipio poblano de San Gregorio Atzompa, una pequeña localidad ubicada en la zona conurbada de la ciudad de Puebla, para facturar un servicio de café que costó 11 mil 716 pesos. El servicio debía ofrecerse durante 11 días a partir de finales de julio de ese año, aunque para ese momento el SAT ya había declarado a Adso como empresa fantasma definitiva.

Elmime Edificaciones fue constituida en 2012, teniendo como socios a la citada pareja cholulteca, Claudia Melgarejo Zarco y Ernesto Madera Martínez, y como comisario, a Terrón González. Y fue en ese mismo municipio, San Pedro Cholula, en donde Elmime logró contratos por 35 millones de pesos en obra pública.

Un funcionario del ayuntamiento que estaba en funciones en aquel momento dice que Elmime era utilizada por otro funcionario municipal para adjudicar contratos a un familiar suyo, legalmente impedido por ley para competir, pero que las obras sí se hicieron. Hasta el cierre de esta investigación, Elmime no había sido declarada empresa facturera por el SAT, aunque forma parte del entramado de Terrón González.

Sobre ello, se buscó una postura del ayuntamiento, sin que hasta el cierre de la edición haya sido atendida la petición.

*Este reportaje fue realizado por LADO B, parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Se realizó como parte de la primera generación del Master-Lab para Editores de Quinto Elemento Lab. Aquí puedes leer el original.

Seis normalistas habrían permanecido vivos días después del ataque: Informe de la Comisión de la Verdad

0

Entre los miles de documentos presentados por la Comisión de la Verdad para el Caso Ayotzinapa, un dato se pierde: al menos seis estudiantes habrían permanecido cautivos por cuatro días, mientras autoridades y criminales hacían lo posible por borrar los rastros de la noche de Iguala.

Texto: Lydiette Carrión

Foto de portada: José Luis de la Cruz

CIUDAD DE MÉXICO.- Seis estudiantes de Ayotzinapa habrían sido mantenidos con vida hasta el 30 de septiembre de 2014, cuatro días después de la noche de Iguala, de acuerdo con las indagatorias efectuadas por la  Comisión de la Verdad de Presidencia.

El jueves pasado, el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, presentó el informe de Presidencia de Acceso a la Verdad y la Justicia del Caso Ayotzinapa. Durante su conferencia destacó que el equipo a cargo pudo comprobar que la verdad histórica, que fue presentada por la administración anterior, era falsa. En esta, los 43 normalistas habrían sido trasladado en conjunto, asesinados y quemados en el basurero de Cocula, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.

A través de las indagatorias que esta comisión realizó, en cambio, se pudo establecer que esta “verdad” habría sido fabricada. En cambio, se hallaron indicios, pruebas, documentos y testimonios, que apuntarían a que los 43 estudiantes que fueron víctimas de desaparición forzada fueron entregados a al menos 3 grupos criminales distintos y sufrieron destinos diversos. 

Un reducido grupo de estudiantes –de quienes no ha sido posible establecer su identidad– fueron retenidos durante al menos cuatro días en un lugar sólo conocido como La Bodega. Esto de acuerdo con el testimonio de un testigo no identificado.

El testigo mencionado  señalaría que la célula criminal que mantuvo con vida a estos seis estudiantes, estaba dirigida por un individuo identificado como El Coronel. Todo esto, ocurría en un contexto en el que autoridades y criminales borraban los rastros de los hechos criminales de la noche de Iguala.

Este viernes, un día después de la presentación del Informe, el ex procurador de Justicia durante los sucesos de Iguala, Jesús Murillo Karam, fue detenido en su casa de la Ciudad de México por elementos de la dependencia que él encabezó.

Murillo Karam enfrenta cargos por delitos contra la administración de justicia, de acuerdo con la Fiscalía General de la República que también giró órdenes de aprehensión contra 83 integrantes mandos militares y personal de menor rango.

Huitzuco, Iguala, Cocula

El énfasis del informe fue el análisis de cientos de llamadas, geolocalización, mensajería de texto, ocurridas durante el 26 de septiembre de 2014 y en días posteriores. De acuerdo con este trabajo de documentación, la Comisión concluye que: 

Todos los normalistas que iban en el autobús 1531 desaparecieron –la detención fue a las 22:30 pm aproximadamente–, y se presume que un grupo de éstos fueron retenidos por la policía de Iguala y luego llevados a Loma de Coyotes; un segundo grupo fue asegurado por la policía de Huitzuco y llevado a ese municipio

Los estudiantes que viajaban en el autobús 1531 son:

  • Adán Abrajan de la Cruz
  • Alexander Mora Venancio
  • Carlos Lorenzo Hernández Muñoz
  • Christian Alfonso Rodríguez Telumbre
  • Israel Jacinto Lugarrdo
  • Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa
  • Jorge Aníbal Cruz Mendoza
  • Jorge Antonio Tizapa Legideño
  • José Ángel Navarrete Gonzáez
  • José Eduardo Bartolo Tlatempa
  • Julio César López Patolzin (quien era soldado del Ejército en activo)
  • Luis Ángel Francico Arzonal
  • Magdaleno Rubén Lauro Villegas
  • Martín Getsemany Sánchez García.
Octubre de 2014. Foto: Diego Simón Sánchez/ Cuartoscuro

A las 22:30 horas, los normalistas detenidos en Juan N. Álvarez –la calle donde se realizó el principal ataque desde las 9 de la noche– y que viajaban en el autobús 1568, fueron trasladados por la policía de Iguala a la comandancia local. El informe subraya: “se desconoce por qué solamente a los estudiantes que iban a bordo del camión 1568 fueron asegurados”. 

Y es que los estudiantes que viajaban en el autobús 3278, que fue detenido 150 metros antes de Palacio de Justicia de Iguala a las 22:40 horas, no sufrieron esa suerte. Fueron, sí, detenidos en el lugar y registrados, pero luego los dejaron ir. Posteriormente, ese autobús se fue y viajó sin pasajeros hasta arribar a la terminal de autobuses en Jojutla, Morelos. Los estudiantes comenzaron a caminar, tratando de reunirse con sus compañeros. Pero una patrulla los agredió así que los jóvenes corrieron, se dispersaron y ocultaron en una colonia popular. 

Posteriormente, los ocho o diez estudiantes del camión 1568 y que habían sido detenidos y llevados a barandillas (esto fue declarado por un policía municipal desde el principio, y este elemento debió huir de Iguala), un mando policial, César N, ordena llevarse a los estudiantes desde la comandancia, y posteriormente les instruye a sus elementos dirigirse a la Loma de los Coyotes. En esto habrían participado policías de Iguala y del municipio de Cocula. 

Ahí, en Loma de Coyotes, fueron entregados los normalistas a otro grupo. Las comunicaciones revisadas arrojaron que Ignacio N, escribió un mensaje en el que aseguraba que los jóvenes fueron entregados a otro individuo apodado El Pato, quien iba en una camioneta blanca de tres toneladas (de volteo). Después, los policías que entregaron a los estudiantes regresaron a su municipio.

Leer más:

El asesino de Julio César

A las 23 horas, según comunicaciones telefónicas, se registró el arribo de los siguientes policías de Huitzuco al cruce de Santa Teresa: Celedonio N, Jesús N, y Marcelo N. Todos provenían del Palacio de Justicia. Este sería un elemento importante para establecer la participación activa de  policías de aquel municipio.

A las 23 horas fue el ataque contra el autobús del equipo de fútbol de los avispones. Ahí perdieron la vida tres personas, todas ajenas tanto a los normalistas, como a los agresores. El informe destaca que las pruebas de balística mostraron que algunas armas utilizadas en este crimen pertenecían a los policías de Huitzuco. Después de estos ataques, los policías de Huitzuco regresaron a su municipio. 

A la medianoche fue cuando se registró la conferencia convocada por maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) para denunciar el ataque sufrido. Había sido una conferencia convocada en calidad de urgente, llegaron sobre todo reporteros de la ciudad de Iguala. Ahí se encontraban estudiantes sobrevivientes a los ataques, profesores y normalistas que habían llegado a la ciudad a apoyar. En aquel momento no había ninguna claridad respecto a la gravedad de los hechos. 

Sin embargo, cuando daban la conferencia, de nuevo sufrieron un ataque.  En estos hechos fueron asesinados los normalistas Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava, quienes acababan de llegar desde Tixtla. 

Los estudiantes se dispersaron y se ocultaron en una azotea y un domicilio. Fue en este evento que uno de ellos, Julio César Mondragón siguió corriendo. Posteriormente otro estudiante escuchó gritos. El cuerpo de Julio César sería hallado a la mañana siguiente no lejos de ahí, con el rostro desollado. Su fotografía circuló  en redes sociales.

De acuerdo con el informe, por medio del análisis de mensajes interceptados por la Sedena, se advierte que Eduardo N, alias El Chucky es quien tortura y mata a Julio César Mondragón, sin haber tenido instrucciones de sus superiores.  Pero que el informe refiere a un testigo clave: Marco Antonio «N», alias la pompi, quien en sus mensajes de texto advierte estar presente cuando ocurre la tortura y asesinato. La pompi o el cuasi sería en realidad Marco Antoni Ríos Berber, quien fue detenido en 2014, pero liberado por un juez por 10 mil pesos. Así lo informó el propio Encinas en 2019.

Volviendo a El Chucky, éste habría asesinado a los estudiantes que fueron llevados a Loma de Coyotes. Los estudiantes habrían sido destazados y después cada grupo se desharía de los restos en diversos lugares. 

  • El Chino arrojó restos en el Río Balsas
  • La Gorda en el pozo del Pueblo Viejo.
  • El Moreno destruyó los cuerpos de cinco estudiantes y mandó a otros cinco con el Chucky (el asesino de Mondragón).
  • Otros cinco estudiantes fueron “desplazados” a la casa de Huitzuco.
  • El Chino comenta en mensajería que “hasta en la mina de los patrones” aventaron gente. 

Los estudiantes que vivieron unos días más

Sin embargo, por medio de comunicaciones se pudo establecer que al menos seis estudiantes permanecieron con vida en un lugar designado como “la Bodega Vieja”. Pero en este periodo se da un rompimiento entre los grupos y éstos son asesinados por alguien identificado como El Coronel.

Tomado del Informe de la Comisión de la Verdad de Presidencia

Los indiciados con nombre

Dentro del análisis de llamadas y mensajes hay personajes que fueron muy activos la noche del 26 de septiembre. El principal, señalado como encargado del operativo fue Ramiro Ocampo Pineda, alias el Chango. La mayoría de la actividad telefónica sale de su teléfono, y este sería el jefe de la operación de agresión contra los estudiantes.

Otro personaje activo aquella noche es El Caminante, identificado ya desde hace unos años como el general brigadier retirado Marcos Esteban Juárez Escalera; y quien después de la noche de Iguala fuera incluso  director de las cárceles de BC en el gobierno morenista de Jaime Bonilla. El Caminante habría sido el enlace bisagra aquella noche entre Ramiro Ocampo Pineda y la policía y otros grupos. 

El jefe en campo del operativo de desaparición habría sido alguien identificado Victor Alfonso Taboada. El contacto principal de estas personas con la policía de Iguala habría sido Felipe Flores Velázquez quien fue detenido en 2016, tras dos años de fuga, y quien era el jefe de la policía municipal. 

Leer más:

¿Cuál fue el móvil?

Si bien el informe no asegura tajantemente el móvil, en el contexto ubica tres aspectos: uno, que los normalistas tenían «prohibido» acercarse a Iguala; dos, que el ataque se dio en un contexto de enfrentamiento entre Los Guerreros Unidos (preponderantes en Iguala) contra los Rojos. Los primeros habrían confundido o determinado que algunos rojos viajaban mezclados con los estudiantes. Tres, en julio de 2014, un cargamento de 100 kilos de heroína proveniente de Iguala habría sido decomisado en Puebla por la FGR. Pero solo fueron entregados 10 kilogramos, lo que habría generado encono y conflicto en la zona.

Los secretos que guardan los cerros

Otro aspecto a destacar, es que hasta la fecha, las fiscalías de Ayotzinapa y de desaparición forzada han encontrado, desde noviembre de 2014, hasta abril de 2019, 323 puntos con rastros positivos de restos humanos. 

No queda claro de cuántas personas se trataría. Pero estas búsquedas se realizaron en los municipios de Iguala, Taxco, Carrizalillo, Zona de Minas, Huitzuco y La Gavia. Los principales puntos de hallazgo serían en Iguala y Carrizalillo.

En los anexos del informe se documenta que las búsqueda para probables puntos de fosas clandestinas se hizo por medio de información satelital: búsqueda de imágenes de paisajes con alteraciones en poco tiempo, y también por medio del rastreo de cargas aumentadas de nitrógeno.

Fuente: Informe comisión de la Verdad de Presidencia.

Leer más:

El gobierno mexicano descarta encontrar a los normalistas de Ayotzinapa con vida

0

Después de la primera reunión entre el presidente López Obrador con las madres y padres de los alumnos desaparecidos de Ayotzinapa en casi un año, la comisión presidencial para la verdad y la justicia en el caso informó que se descarta encontrar a los estudiantes con vida y categorizó los hechos como un crimen de Estado 

Texto: Arturo Contreras Camero

Foto: Rogelio Morales y Daniel Augusto / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO.- «Fue una reunión difícil, dolorosa», dijo al inicio de su mensaje a medios el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, después del primer encuentro entre las madres y padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa con el presidente. La noticia fue devastadora: no hay indicios de que sus hijos estén vivos.

Hace casi un año, en septiembre de 2021, las madres y padres de los familiares reclamaron los pocos avances en la investigación hasta ese momento y se distanciaron de López Obrador. Meses después, en marzo de 2022, el Grupos Interdisciplinario de Expertos Internacionales expuso una serie de videos en los que se mostraba información reservada por la Marina hasta ese momento, lo que ayudó a desmontar la llamada «Verdad histórica» presentada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y que hoy sabemos fue una farsa que explicaba la desaparición de los estudiantes con montajes.

Este jueves, a la reunión en Palacio Nacional también asistieron representantes de las organizaciones que han acompañado a las familias, como Serapaz, el Centro de Derechos Tlachinollan, el Centro Pro de Derechos Humanos, representantes de la ONU y de diferentes secretarías como la de Gobernación, de la Defensa, de la Marina y de la Fiscalía General de la República. 

«Siempre les vamos a decir la verdad, por dolorosas que sean», dijo Encinas sobre la reunión con las madres y padres. El subsecretario aceptó que la desaparición de los estudiantes fue un crimen de Estado en el que concurrieron diferentes actores del Estado, como autoridades locales, estatales y federales junto con la organización delictiva de Guerreros Unidos.

«Las autoridades estatales y federales fueron omisas y negligentes respecto de alterar las pruebas que las autoridades conocían sobre los movimientos de los estudiantes, desde su salida de la Normal Rural Isidro Burgos hasta el momento de la desaparición».

Según informó el subsecretario, en la desaparición forzada participaron autoridades de todos los niveles, que supieron de los movimientos de los estudiantes desde que estaban preparando la movilización para el 2 de octubre, pues realizaron un seguimiento puntual de los estudiantes, tanto que impidieron la toma de los autobuses en la ciudad de Iguala. Además de que la Sedena infiltró a un elemento en la escuela, Julio César Lopez Patolzin, bajo el mando del teniente de infantería Francisco Macías Barbosa, quien desapareció junto con los estudiantes sin que se aplicará el protocolo para militares desaparecidos.

«Hoy tenemos responsabilidades, es la primera vez que avanzamos en la resolución de crímenes de Estado», dijo el subsecretario.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Foto: Daniel Augusto, Cuartoscuro.

La conclusión de que ya no se encontraría con vida a los estudiantes responde a más de 101 acciones de búsqueda en 7 municipios de Guerrero desde 2019, además de más de 675 jornadas de trabajo.

También se hizo un análisis de todos los cuerpos encontrados en Guerrero entre septiembre de 2014 y enero de 2020, en el que no se encontró ningún estudiante, como tampoco pasó en ninguna de las búsquedas en vida, y en la revisión de más de 177 bases de datos que inuyen padrones de hospitales, cárceles y dependencias de salud tanto públicas como privadas, como se señala en el informe, que está disponible en este enlace.

Además, a lo largo de estos tres años de trabajo de investigación se han obtenido 115 testimonios de personas involucradas en el caso, tres de ellos perpetradores liberados, cuatro personas puestas en libertad por haberles forzado a dar un testimonio bajo tortura y de otras 15 personas privadas de la libertad.

En este proceso de recolección de testimonios, el gobierno identificó el asesinato de 26 personas clave para esclarecer el caso, entre ellos 14 integrantes de Guerreros Unidos, tres familiares de ellos, dos de Gente Nueva y siete testigos, activistas, funcionarios y policías. 

El subsecretario Encinas también informó que en febrero el gobierno mexicano tuvo una reunión con Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, señalado por su presunta responsabilidad en la alteración y ocultamiento de pruebas en el caso.

El gobierno de México ha pedido a Israel la extradición de Tomás Zerón, mismo al que le ofreció incluirse al Criterio de Oportunidad, una figura parecida a la de los testigos protegidos para tener acceso a información del caso; sin embargo la propuesta fue rechazada por los abogados de Zerón.

Horas después de la presentación del informe las madres y padres de los normalistas y las organizaciones que les acompañan emitieron un comunicado a la opinión pública. Dijeron que por la «complajidad y dureza» analizarán a profundidad el informe y la opinión técnica del GIEI y fijarán una postura.