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Pesca de arrastre en áreas restringidas, los riesgos en la búsqueda de camarón

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Causa Natura detectó la proliferación de embarcaciones que practican la pesca de arrastre en zonas donde esa práctica está prohibida, principalmente en las costas del Pacífico. Pescadores de la región dan sus testimonios sobre los daños registrados en esos lugares.

Por Patricia Ramírez/Causa Natura

Durante 2021 en México se detectaron 66 mil 63 puntos de posible pesca de arrastre de camarón en áreas restringidas o no permitidas. Se trata de señales satelitales que reflejan la frecuencia con la que embarcaciones entran a estas zonas a una velocidad, profundidad y posición que sugiere que están pescando.

Un análisis realizado por la Unidad de Datos de Causa Natura localizó estos puntos conforme a datos de Monitoreo Satelital de Embarcaciones (registros VMS), permisos y avisos de arribo, que por norma deben llevar embarcaciones de altura.

Si bien, no es posible con los datos confirmar la cantidad de pesca de estas embarcaciones, estas señales que las embarcaciones envían cada hora muestran comportamientos de posible pesca en Áreas Marinas Protegidas (para este reportaje sólo se consideran zonas núcleo aunque existen otras áreas de restricción
según cada plan de manejo); zonas de protección en refugios pesqueros, bocas de ríos, lagunas y esteros; y en las primeras 5 brazas de profundidad.

Pero mientras los datos reflejan un panorama de riesgos, en dichos sitios cada pescador complementa con su propia versión.

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En las costas del Golfo de Ulloa existe una batalla silenciosa. En esta región del Noroeste de México que va desde El Delgadito, municipio de Mulegé, hasta Cabo San Lázaro, municipio de Comondú, en Baja California Sur, pescadores ribereños que utilizan pangas de pequeña escala trabajan en las mismas aguas que aquellos de embarcaciones industriales, por lo que han surgido desacuerdos por las diferentes formas de trabajo.

“Sabemos el daño tan grande que hacen los barcos industriales cerca de la costa. Matan un montón de tortugas”, explica Wendy Higuera, pescadora ribereña en Cabo San Lázaro.

Wendy es originaria de Puerto Adolfo López Mateos, también ubicado en el municipio de Comondú. Su familia se ha dedicado por décadas a la pesca, ella misma aclara que pertenece a la tercera generación de pescadores.

Su principal zona de trabajo es Cabo San Lázaro donde dirige una cooperativa pesquera que captura escama, pulpo y jaiba.

Cuando Wendy habla de las muertes de tortugas se refiere a que los barcos camaroneros las atrapan y ahogan en sus redes. Este fenómeno conocido como captura incidental es común en la pesca de arrastre, donde grandes redes se dejan caer al fondo marino y capturan todo lo que encuentran a su paso, no sólo la
especie objetivo que es el camarón. Sus impactos son tales que esto se ha convertido en una problemática ambiental.

Aunque existen tecnologías como los Dispositivos Excluidores de Tortugas (DETs) que ayudan a detectarlas y liberarlas, su uso todavía presenta irregularidades.

“Ahorita (los barcos de arrastre) se están justificando que entran (al refugio) con el uso de los excluidores, pero incluso hasta el día de hoy hay barcos que no los traen o que los que traen y de todas maneras agarran tortugas”, explica la pescadora.

Foto: Delimitación de la Zona de Refugio Pesquero del Golfo de Ulloa y su respectiva Área Específica de Restricciones Pesqueras.

Como parte de las medidas de prevención, desde 2016 el Golfo de Ulloa está catalogado como una zona de refugio pesquero, una herramienta establecida por la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca) para recuperar poblaciones de especies.

En este caso, se protege a la tortuga caguama que se encuentra en peligro de extinción, pero también a otras de valor comercial afectadas por la sobreexplotación como tiburón, raya, almejas, langosta, camarón, jaiba, caracoles, cangrejo, pulpo y pepino de mar.

“La problemática más grande que hay es que ahorita tenemos a los barcos arrastrando aquí enfrente, dentro del refugio y nadie les dice nada”, señala Wendy.

Si bien la pesca de arrastre no está prohibida en todo el refugio pesquero del Golfo de Ulloa, su acuerdo de establecimiento publicado en el Diario Oficial de la Federación ( DOF ) indica que existe un “Área Específica de Restricciones Pesqueras”, la más cercana a la costa, donde no podrá permitirse el uso de redes de arrastre.

Una medida similar ocurre en las Áreas Marinas Protegidas de México, que son otra categoría para la protección para ecosistemas, donde se establecen zonas núcleo dentro de estas áreas y se prohíben actividades, como la pesca de arrastre, que pongan en peligro la conservación.

Sin embargo, en el análisis de datos de Causa Natura, el Golfo de Ulloa se posiciona en el primer lugar de las 13 zonas de México en cuanto a mayor frecuencia de señales VMS con características de pesca de arrastre en áreas restringidas durante 2021.

En el sitio se identificaron 14 mil 309 puntos de posible pesca por parte de 23 embarcaciones. El análisis de Causa Natura les nombra como posibles irregularidades ya que dichos datos están indicando sólo el comportamiento que siguieron las flotas.

Para confirmarse como irregularidad debería de existir un acta administrativa de sanción emitida por dependencias como la Conapesca o la Procuraduría Federal de Medio Ambiente (Profepa), pero esto no es algo que ocurra siempre.

CIFRAS PARA RESALTAR


Incursiones de embarcaciones en Áreas Restringidas

2020

12 áreas restringidaspor 274 embarcaciones

2021

11 áreas restringidas – por 258 embarcaciones
Fuente: Análisis Unidad de Datos Causa Natura

Tras el Golfo de Ulloa, los sitios con mayor cúmulo de frecuencia de estas señales se halla en zonas de importancia en la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SAG/PESC-2013 como Agiabampo, en los estados de Sonora y Sinaloa, con 4 mil 132 puntos de pesca de 78 embarcaciones; Bahía de Kino, Sonora, con 3 mil 990 puntos de 63 embarcaciones; y el Área Natural Protegida La Encrucijada, en Chiapas, con mil 100 puntos de pesca de 25 embarcaciones.

Otro caso relevante por tratarse del área de refugio para la vaquita marina en el Alto Golfo de California, al norte de México, refleja seis puntos de posible pesca correspondientes a cuatro embarcaciones.

Aunque solo se trata de seis, los datos VMS no pueden inferir la cantidad de pesca que se haya hecho.

Ante este panorama, los pescadores de arrastre responden por los datos y los señalamientos de ribereños en el Golfo de Ulloa. Uno es Oscar Valdez, pescador industrial originario del estado de Jalisco, quien actualmente vive en Guaymas, Sonora. 

Valdez tiene una pequeña empresa de embarcaciones industriales dedicadas al arrastre de camarón. Tanto él, como otros pescadores de Sonora y Sinaloa, han llevado sus flotas hasta el Golfo de Ulloa.

“El Golfo de Ulloa es zona de trabajo de la flota camaronera (industrial), pero se  arrastra lejos de la costa, generalmente de las 15/20 brazas de profundidad hacia afuera”, argumenta Valdez. 

De acuerdo con el pescador, las razones por las que los barcos no entran hasta la costa son la caída de la captura debido a la sobreexplotación en los últimos 10 años y el exceso de pescadores, tanto de ribereños como de industriales, ya que se trata de una región donde la mayoría de los pobladores y visitantes dependen del sector pesquero.

Pese a esto, el pescador reconoce que no puede hablar por todos y que las irregularidades existen, pero también representa un riesgo para su trabajo.

“No puedo negar que quizás algunos se arriesguen (a entrar a la zona de restricción del refugio), yo jamás lo realicé porque las redes no trabajan (funcionan)”, indica.

“En la costa poniente de Baja California Sur, por ser mar abierto la cresta de la ola es muy alta, al acercarse a la línea de la costa provoca una elevación del barco. Esto hace que el equipo sufra un fuerte jalón y la tensión de los cables de arrastre provoque que las redes se levanten del fondo, de tal forma que no trabajan. Esto se maximiza cuando trabajas a baja profundidad. De 15 brazas de profundidad en adelante, este efecto se pierde, por la longitud del cable de arrastre”, complementa.

Y es que a pesar de que la pesca en áreas restringidas representa una problemática de importancia pesquera y ambiental, estas afectaciones representan el 1.79% en la pesca de arrastre de camarón, según el análisis del equipo de datos de Causa Natura.

Pesquería de camarón. Foto: Instituto Nacional de Pesca (Inapesca).

La regla de las 5 brazas

“La ley en altamar la incumplimos todos”, dice Noé Aranzubia, pescador ribereño originario del municipio de Navolato, en Sinaloa, al noroeste de México. 

Noé pesca camarón con suriperas desde hace más de 30 años. Estas son artes de pesca para aguas poco profundas, como esteros y bahías, consideradas una alternativa sustentable a la pesca de arrastre, principalmente porque son más selectivas, lo que genera que la pesca incidental sea menor.

Sin embargo, en las costas de Sinaloa, el estado con mayor producción pesquera del país, las regulaciones para la pesca de camarón quedan de lado en el trabajo diario. 

“Respetamos los tiempos de veda cuando no se puede pescar, pero cuando se levanta la veda no deberíamos capturar dentro de las 5 brazas. Lo hacemos porque de lo contrario no tendríamos producto, los pescadores de altura están allí día y noche y también entran hasta la costa”, explicó Noé.

La captura en las primeras 5 brazas (una profundidad menor a 9.14 metros) es una regla establecida en la NOM-002-SAG/PESC-2013 en la que se prohíbe el uso de redes arrastreras dentro de los primeros 9.14 metros de profundidad.

De acuerdo con la Norma Oficial, pescar con redes de arrastre incide negativamente en la población de especies juveniles o en periodo reproductivo, incluida el camarón.

Pero en México esta es una de las posibles irregularidades que más ocurre, estando presente en el 6.97% de los puntos de pesca identificados en la captura de camarón.

Durante 2021 en la costa de Sinaloa 95 empresas propietarias de 295 embarcaciones se ven reflejadas en 42 mil 59 puntos de posible pesca dentro de las primeras 5 brazas, de acuerdo con los datos analizados por Causa Natura. 

A Sinaloa le sigue el estado vecino de Sonora con 108 empresas propietarias de 186 embarcaciones que incurrieron en 6 mil 664 puntos de posible pesca. Mientras el tercer lugar lo ocupa Baja California, también al norte del país, con 30 empresas responsables de 64 embarcaciones que cometieron 788 puntos de pesca de arrastre.

Aunque los datos VMS no permiten identificar la cantidad de captura, sí se infiere que hay intensidad pesquera, por lo que su frecuencia las considera zonas de vulnerabilidad.

CIFRAS PARA RESALTAR

2020

14 estados / 235 empresas / 587 embarcaciones / 57,606 puntos de pesca

2021

15 estados / 223 empresas / 536 embarcaciones / 52,563 puntos de pesca

Entre las empresas que se detectaron con posible actividad pesquera en zonas no permitidas están la Pesquera Axel, S.A. de C.V.; la Pesca Integra de Altamar, S.A. de C.V.; Pesquera Jusajeli, S.A. de C.V.; Operadora Marítima del Pacífico, S.A. de C.V.; y Pesca Mar y Sola, S.A. de C.V.

Por su parte, algunos pescadores industriales señalan que las irregularidades no sólo recaen sobre la flota camaronera de las grandes embarcaciones que, a diferencia de las pangas ribereñas, están monitoreadas satelitalmente, sino sobre un problema de la revisión de parte de las autoridades, tanto para la pesca regulada como la ilegal.

Las medidas y las opciones

De cara hacia las soluciones en el futuro, el Golfo de Ulloa es un reflejo de las distintas posiciones que se gestan en torno a las incursiones en áreas restringidas.

Además de dedicar sus días a la pesca, Wendy Higuera se involucró desde hace dos años en las campañas de concientización para conseguir el decreto de ANP en la zona, una iniciativa planteada por la organización Beta Diversidad, cuyo objetivo es alejar a los pescadores de altura.

La ANP tendría la categoría de Reserva de la Biosfera y se extendería desde la zona de Guerrero Negro, en el municipio de Mulegé, hasta Cabo San Lucas.

“Uno de los motivos por los que a mí me motivó apoyar la creación de la Reserva es el poder sacar a los barcos de nuestras costas para que también nuestra producción aumente”, explica Wendy. 

Para ella lo importante es que los pescadores ribereños puedan seguir pescando y generando alternativas de turismo sustentable y proyectos productivos. Por lo que actualmente se involucra en jornadas de concientización para que los pescadores conozcan qué representaría tener una ANP.

Por su parte, para Oscar Valdez, como pescador industrial, las medidas para solucionar los problemas no están en crear más zonas restringidas y sí en dar un ordenamiento tanto a la pesca de altura como a la ribereña.

“Creo que el gran problema no está en la flota de camarones de altamar, sino en el desorden que existe en la pesca de ribera. Son tantos, entre embarcaciones, concesionarios e ilegales que pescan todo el año y así no es posible (trabajar)”, señala.

Añade que los pescadores de arrastre han pensado en la actualización de la Ley de Pesca y Acuacultura para realmente poder trabajar en conjunto y que todas las herramientas, sean refugios pesqueros o ANP, cumplan con sus objetivos y eviten la pesca en zonas restringidas. 

* Este artículo fue realizado por la unidad de Periodismo de Causa Natura. y publicado originalmente en el sitio web de reportajes.

Cumbre trilateral traza el plan para explotar la riqueza de América del Norte

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Bajo la promesa de cuidar el medio ambiente y cuidar a las comunidades indígenas de sus países, los mandatarios de Canadá, Estados Unidos y México trazaron las primeras directrices de cadenas de suministro para la creación de automóviles eléctricos y para hacer un plan de sustitución de importaciones por productos regionales.

Texto: Arturo Contreras Camero

Fotos: Isabel Briseño

CIUDAD DE MÉXICO.- La palabra favorita de la décima Cumbre de Líderes de América del Norte fue cadenas de producción, si se juzga por los discursos de Joe Biden y Justin Turdeau (presidente de Estados Unidos y primer ministro de Canadá respectivamente). Durante el encuentro los mandatarios, junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, sentaron las bases del plan para explotar a escala industrial-continental los minerales estratégicos para la transición energética.

Entre las palabras de los mandatarios convivían términos como autos eléctricos, cargadores homologados y minerales con otros que parecieran opuestos, como soluciones sostenibles, cuidado de saberes tradicionales y crecimiento liderado por la creación de trabajo para indígenas.

Cumbre de Líderes de América del Norte. Al terminar el Mensaje a medios de los presidentes y el primer ministro de Canadá. Patio Central de Palacio Nacional. Foto Isabel Briseño.

Hasta el momento, los planes de negocios y cadenas de suministro quedaron próximos diálogos públicos privados entre empresas y gobiernos de los tres países para identificar retos y oportunidades en común. Cada país se comprometió a mapear las reservas de materiales críticos en la región, según informó la Casa Blanca en un comunicado sobre el encuentro. Además los servicios geológicos y de estadística de los tres países organizarán talleres trilaterales para compartir estos datos y facilitar la cooperación.

Las negociaciones de la cumbre tomaron más tiempo de lo esperado, por lo que el mensaje de los mandatarios a medios de comunicación, que estaba agendado a las tres y media de la tarde, inició alrededor de las cinco. En el patio central de Palacio Nacional no solo esperaban cientos de periodistas de los tres países, también secretarios de Estado y ministros, parte de la comitiva de los presidentes. 

Joe Biden. Foto Isabel Briseño.

El primero en hablar fue el estadounidense Joseph Biden, que dijo que las relaciones de los Tres Amigos se renovaron: “Trazamos la línea general general  para un futuro más próspero para nuestra gente. La razón de esta cumbre es compartir valores compartidos y un futuro común”.

Después prometió crear una fuerza de trabajo trinacional que se aproveche de la migración ordenada:

“Ya no puede haber más dudas, no nos podemos amurallar –dijo respecto a la creación de un muro en la frontera– somos mejores y más fuertes cuando trabajamos en conjunto”.

En su momento el presidente López Obrador le reconoció como el único presidente de Estados Unidos que no ha continuado con la construcción del muro fronterizo.

Acto seguido, el estadounidense presumió el programa de recepción de migrantes que anunció este domingo desde El Paso, Texas, en plena frontera. El plan pretende ampliar el programa de recepción patrocinada para venezolanos que implementó Biden al llegar a la Presidencia a ciudadanos de Cuba, Haití y Nicaragua. Esto también implica que México tendrá que recibir a los migrantes que no califiquen con los requisitos de este programa; hasta 30 mil por mes. 

Después, tomó la palabra Trudeau. “El libre mercado que creamos a través del TLCAN hace a nuestras economía una de las más grandes del mundo; nuestro PIB unido es más grande que el de la Unión Europea”, dijo en un marcado discurso con tono empresarial.

Después, como si se tratara de una campaña de responsabilidad social de una empresa, mencionó el compromiso de conservar el 30 por ciento del territorio y de los mares, firmado por estos tres países y otros durante la COP-15 de biodiversidad llevada a cabo a finales de 2022 en Montreal

A la par, Estados Unidos se comprometió a reducir sus emisiones de metano de residuos sólidos y líquidos en un 15 por ciento para 2030, mientras que en una conferencia matutina días antes el canciller Marcelo Ebrard compartió que, por orden de López Obrador, México reduciría sus emisiones de gases contaminantes en 35 por ciento en el mismo periodo.

Al final tomó la palabra López Obrador, quien celebró que se fortalecieron las relaciones económicas y comerciales. Anunció la creación de un comité trilateral para la planeación e implementación de un plan de sustitución de importaciones para productos elaborados en América del Norte. La idea es “procurar ser cada vez más autosuficientes, así como para hacer realidad el desarrollo, la cooperación y el bienestar de todos los países de nuestro continente”, según dijo el presidente. 

El comité estará integrado por cuatro representantes de cada país, por parte de México lo integrarán el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebradrd; el de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O; la de Economía, Raquel Buenrostro, y el empresario Alfonso Romo Garza. 

Durante su discurso, el presidente mexicano aplaudió el programa de recepción de trabajadores jornaleros implementado por Canadá para 25 mil personas de México, mientras que agradeció a Biden no llevar a cabo redadas contra migrantes como su antecesor. Después le pidió regularizar a todos los millones de migrantes mexicanos en Estados Unidos. 

El presidente López Obrador evitó hablar del combate al trasiego de drogas, a pesar de que se le hizo una pregunta de la prensa al respecto de la detención de Ovidio Guzmán y sus implicaciones para el tráfico de fentanilo. Por su parte, Biden anunció un plan amplio para reforzar los pasos fronterizos en los que se instalarán máquinas de rayos x de última generación.

Durante su participación, López Obrador se tomó un paréntesis para aplaudir el apoyo de Trudeau y de Biden al gobierno constitucional de Brasil, que el fin de semana sufrió un intento de golpe de Estado por parte de simpatizantes del expresidente de derecha, Jair Bolsonaro.

Por su parte, el primer ministro aseguró que su gobierno seguirá con el plan de intervenir la seguridad pública de Haití, donde a partir de un terremoto desastroso y del asesinato de su presidente ha estado sumido en un clima de violencia y control de varias bandas armadas. El primer ministro anunció que aplicaría sanciones a las élites de ese país, a quienes responsabilizó del estado de esa isla.

Justin Trudeau. Foto: Isabel Briseño.
AMLO. Foto: Isabel Briseño.

Las Barrancas, el pueblo que se organiza para no ser tragado por el mar

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El paisaje de playa está cambiando en Veracruz, el estado con más kilómetros de costa en el Atlántico Mexicano. El mar gana terreno en comunidades -a causa de fenómenos naturales y obras públicas mal diseñadas- destruyendo casas de familias desprotegidas por autoridades que las excluyen de sus recomendaciones y medidas de protección.

Texto: Ana Alicia Osorio

Fotos: Iván Sánchez

Desde el patio de su casa Emelina tiene clavada la mirada hacia el mar que le ha dado todo pero que está a punto de quitárselo. Su casa está destrozada por la mitad y unos bultos de arena intentan amortiguar la intensidad de la llegada de las olas, pero cada vez lo logran menos. Desde ahí, solo puede observar.

Lo que eran kilómetros de arena antes de llegar al agua se han convertido en unos cuantos metros que desaparecen en cuanto llega el viento. Por eso las mujeres y algunos hombres de Las Barrancas se han organizado para encontrar una solución ante esa pérdida de playas y las consecuencias que trae consigo para el pueblo pesquero, como buscar nuevas formas de ingresos.

Emelina Castellanos, como muchas personas de la localidad, lleva 42 años viviendo en Las Barrancas, en el municipio de Alvarado, Veracruz. Vio a si hija e hijo crecer en el mar. Su esposo es pescador como la mayor parte de las personas en la comunidad. Toda su vida está ahí, donde ahora la playa está a punto de perderse y se ha llevado o dañado varias casas.

Ahora solo observa ese par de metros de arena que desaparece por las noches cuando sube la marea y en especial cuando hay viento y las olas azotan con violencia, como una noche de octubre del 2022, cerca de las 2 de la mañana, cuando el fuerte golpeteo del agua las despertó a ella y su esposo y salieron a ver cómo los costales de arena habían sido rebasados y los cimientos de su casa estaban siendo destruidos.

Esa noche no durmieron, la pasaron en vela en el patio de su vecina viendo si era necesario evacuar la casa, su único patrimonio, con su hija embarazada a quien intentaban no espantar con lo que estaba sucediendo.

“Mi esposo compró como 400 o 300 costales. nnos costó a 5 pesos cada costal y allá compró tres costales de mil pesos cada costal, para cuando menos amortiguar un poquito, pero no hemos tenido ninguna clase de ayuda (…) no tenemos a donde ir y aquí estamos, mi esposo quiere comprar más costales para meter ahí, pero esta cosa está muy fea, muy triste, muy crítica y desgraciadamente el gobierno no ve para donde uno está”, contó desde su casa.

Emelina Castellanos platica con dos vecinas en la parte de su terraza que no ha sido derribada por el mar.

Esa ‘pérdida’ de playas que han vivido con el paso de los años es un fenómeno llamado erosión costera que se debe al cambio climático, fenómenos naturales como nortes o huracanes y, por supuesto, a la mano humana como la construcción de infraestructura en diversos puntos. Todos eso confluye en Las Barrancas.

Hasta el 2021, un total de 71.7 kilómetros de playas en Alvarado presentaban erosión costera. Es decir, son playas donde el mar ha ganado terreno. Además, ese municipio presenta 7.9 km donde la costa ha ganado terreno, que es otro efecto de la sedimentación causada por fenómenos naturales.

Los datos oficiales -basados en análisis de ortofotos del INEGI de los años 90 e imágenes satelitales de 2012 a 2016- revelan también que en en estado de Veracruz el 77 por ciento de la línea costera ha ganado terreno al mar y el resto, el 33 por ciento, presenta el efecto contrario. Es donde la marea está alcanzando casas y construcciones como en Las Barrancas.

Alvarado es el municipio del estado con mayor afectación por este fenómeno, seguido por Tampico Alto y Tecolutla según el documento Recomendaciones de Protección Civil dirigidas a las autoridades municipales por erosión/sedimentación de zona costeras, realizado por el Gobierno del Estado de Veracruz.

Aunque algunas casas ya han sido afectadas, Protección Civil no tiene un censo de los daños y su documento de Recomendaciones no incluye un plan para solucionar las afectaciones sufridas por los habitantes, según informó la titular Guadalupe Osorno.

De hecho, la funcionaria reconoció que la dependencia a su cargo «tiene que hacer la visita correspondiente» porque aún no saben «si hay recomendaciones técnicas específicas para las casas que a veces se puede solucionar con alguna cuestión que pudiera ser como paliativo».

En caso de no haber «paliativo» -dijo la funcionaria- «pues tendríamos que buscar la reubicación, la reubicación implica un trabajo entre dos niveles de gobierno, los municipios y el Estado», lo cual implica donaciones de tierra del municipio a las familias afectadas.

Un habitante de Las Barrancas camina entre los escombros que deja el mar a medida que gana terreno.

Habitantes de Las Barrancas en recorridos por la superficie ganada por el mar donde antes estaban sus predios completos.

Alvarado es un municipio en la zona de la Cuenca de Veracruz, en su mayoría costero y aunque ha sido fuertemente afectado por la erosión, ningún poblado lo refleja más que Las Barrancas, una comunidad de apenas 350 habitantes que está entre la playa y el manglar y donde la pesca se lleva en la sangre casi tanto como el olor a mar que llena el ambiente.

Por eso hace 10 años, Nancy Ochoa y otras dos mujeres de comunidades cercanas comenzaron con la lucha para intentar que alguien volteara a ver lo que estaba sucediendo y les tendiera una mano. En ese momento eran agentes municipales, pero después se convirtieron en una asociación civil llamada Recuperación de Playas Las Barrancas, Playa Zapote y Mata de Uva, sumando a diferentes mujeres de la zona, quienes han trabajado para intentar rescatar Las Barrancas y buscar soluciones a los problemas que están viviendo.

Pero, aunque los gobiernos han prometido, no han cumplido. De hecho, el 2 de abril del 2014 el entonces gobernador, Javier Duarte de Ochoa, inauguró una escollera o rompeolas (una estructura que busca proteger la costa y desviar las corrientes) en una población cercana y anunció que el proyecto contemplaba ocho en total. Una de ellas era para Las Barrancas, pero nunca llegó.

El proyecto para la escollera de esa población se licitó, se adjudicó y se entregó dinero, según el Órgano de Fiscalización del Estado de Veracruz en su Cuenta Pública 2016 que señala que el proyecto estaba “sin terminar” por lo que dejó a su fiscalización para el siguiente año aunque ésta ya no se realizó.

Además, en junio del 2016 el extinto Consejo del Desarrollo del Papaloapan aceptó la propuesta por 2 millones 944 mil 993 pesos de la empresa Cocowarris México SA de CV para construir un proyecto de escolleras en la zona de Las Barrancas específicamente. No se volvió a saber nada de él y el Consejo fue desaparecido por la administración del Gobierno del Estado.

La secretaria de Protección Civil afirmó, en entrevista telefónica en diciembre del 2022, que la pérdida de playas se debe a un fenómeno natural, pero también a las construcciones, por lo que por este momento no hay ningún proyecto del que tenga conocimiento de generar nuevas escolleras y desconocen lo que sucedió con los de administraciones pasadas.

Nancy Ochoa, en recorrido por la zona afectada por las mareas en la comunidad de Las Barrancas.

Organización para pedir ayuda

Desde la playa un grupo de pescadores observan dos casas destrozadas que dejó el último frente frío; los restos de algunos muebles se dejan entrever, el refrigerador, una mesa y unos trastes, un ropero y restos de una cama en otra. Sus habitantes se fueron esa noche a vivir con familiares, pues de su casa ya no quedaba nada.

Cuentan acerca de esa escollera que les prometieron y que algunos de los habitantes ven como la única solución mientras que otros y otras creen que deben hacer nuevos estudios para saber qué es lo que sucede.

Pero en su totalidad están  de acuerdo en que el problema de la pérdida de playa en Las Barrancas se empeoró en 2014 cuando construyeron ese rompeolas en la comunidad cercana, que Duarte de Ochoa tanto presumió.

Jacobo Santander, investigador del Instituto Tecnológico de Boca del Río y quien ha estado trabajando de cerca con habitantes de Las Barrancas afirmó que la erosión costera es la pérdida de la playa provocada por fenómenos naturales como nortes o huracanes.

“Cuando hablamos de erosión costera es eso, hablamos de una pérdida de la costa, ¿no? Entonces cuando hablamos de erosión costera es esta pérdida de la playa, esa pérdida de la costa por diferentes fenómenos aquí lo estamos atribuyendo sobre todo, digamos, a meteoros como huracanes, a meteoros como bueno no meteoros, sí, como los nortes o fenómenos como los nortes”, afirmó

“Pero también la erosión es provocada por la falta de aporte de sedimentos. Entonces si tú estás perdiendo playa puede ser, porque esté subiendo el nivel del mar, puede ser porque te están construyendo un puerto, te están construyendo infraestructura costera y esas estructuras físicas te están modificando las corrientes y te están modificando la distribución de sedimentos”, aseguró.

Para las y los habitantes de Las Barrancas, la construcción de infraestructura en el mar es justamente causa de que la erosión costera haya avanzado tan rápido. Si bien saben que el cambio climático les afecta y que han perdido terreno a lo largo de los años, piensan que la construcción de la escollera en la comunidad cercana (Mata de Uva), la ampliación de la Heróica Escuela Naval Militar y el nuevo Puerto de Veracruz son también causa de que todo se haya acelerado. Esas obras se hicieron en 2014 y desde entonces los metros de playa que han perdido son muchos.

Santander señaló que no es posible asegurar qué tanto afectaron esas obras puesto que se carece de estudios para poder determinarlo, sin embargo, es posible que algunas hayan tenido un impacto directo puesto que en donde se coloca infraestructura genera cambios en corrientes y por lo tanto puede provocar que algunas playas desaparezcan de manera más rápida.

Nancy y sus compañeras han caminado, han acudido a foros, han hecho trámites ante todas las instancias, han expuesto su situación en diversos espacios e inclusive tienen invitaciones al extranjero. Pero nada de eso ha hecho que las autoridades les volteen a ver.

Inclusive en una ocasión, contó, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez les dijo que lo que les hacía falta eran chalecos salvavidas. El poblado lo tomó como una burla. Aun así fueron a buscarlos con esperanzas de allí poder dialogar con alguien que les tomara en serio, pero no obtuvieron ni respuesta ni chalecos.

Un pueblo pesquero sin playa

Varios hombres colocados alrededor de una lancha la empujan cada vez que gritan tres, mientras un tronco grande la hace rodar a un terreno que está unos cuantos centímetros más arriba. Unas casas más adelante algo similar sucede, pero apoyados de una camioneta que jala desde el frente la pesada herramienta de los pescadores.

Esa escena se repite todos los días. Son un pueblo de pescadores que no tienen donde poner las lanchas porque en cuanto la marea crece un poco, la playa desaparece y las olas provocan que éstas se golpeen generando daños cuantiosos.

Inclusive, eso ha hecho que haya noches que deban levantarse para ir a salvar las lanchas, el poco patrimonio que tienen, en medio del agua que ya empieza a llevárselas.

Por eso la solución que han encontrado es hacer el esfuerzo por subirla a los terrenos que son un poco más altos e invertir cuando menos 30 minutos para dejarlas acomodadas en esos espacios. Algunos, inclusive, deben rentar en los terrenos que han considerado que tienen menor riesgo.

“Es lo único que tenemos y nos lo está desbaratando el mar y más duro es que nomás no hacen caso las autoridades de alto grado”, sentenció Carlos Manuel Tello, quien ha dedicado su vida a pescar, aprendió de su papá y éste a su vez de su papá, pero ahora él no quiso transmitir el oficio a sus hijos porque está consciente de que en breve no habrá playa donde hacerlo.

Pescadores de Las Barrancas, en la tarea de bajar la lancha desde un nivel donde la dejan para no ser alcanzada por la marea.

A Las Barrancas han llegado algunos y algunas investigadoras para conocer la situación, estudiar el cambio climático, la erosión costera y la forma en que sus habitantes están viviendo las afectaciones. Las integrantes de la asociación se han unido para hacer trabajos en conjunto y han animado al resto de la comunidad para participar, intentando mitigar los problemas.

Estos investigadores les han planteado proyectos como sembrar vegetación en la playa para evitar que el mar se continúe llevando la arena y lo que ha funcionado en otras partes, pero se descartan porque no son viables para la zona.

Santander aseguró que la erosión costera es multifactorial pues fenómenos naturales, el cambio climático, la contaminación del manglar y la construcción de estructuras afectan. Por lo que acciones como el rompeolas que le han prometido a la comunidad podrían ser un paliativo (si se hace con estudios que revisen cuál será la verdadera afectación tanto allí como a otros lados) pero a la larga no será una solución.

Allí, la comunidad ha entendido también que el manglar que está detrás de sus casas puede ser una ayuda porque éste ‘arrastra’ sedimentos hacia el mar que trae desde otras partes. Pero debido a la alta contaminación que tiene y las malas condiciones en las que está, actualmente, el manglar no está haciendo esa función.

Esa es la razón por la cual se pusieron como meta intentar rescatarlo e inclusive aprovecharlo económicamente. Se han reunido con personas de otras regiones donde han logrado hacer actividades similares y comenzaron jornadas de limpieza sacando aquellos desechos que por desconocimiento de sus consecuencias vertieron al agua.

Nancy contó que buscan que el manglar sirva para dar paseos turísticos en la zona, que puedan acudir personas a observar la riqueza de aves y especies que tienen, pero también a la playa. Además, con eso están intentando mitigar, aunque sea un poco, la pérdida de una playa que saben no recuperarán.

Porque saben que no volverán aquellos años, en los que narró el papá de Nancy, construía palapas para aprovechar la llegada de turismo en temporada vacacional y las rentaba mientras que las mujeres de la zona sacaban dinero adicional friendo los pescados que les pedían quienes llegaban.

El espacio para las palapas del papá de Nancy poco a poco fue desapareciendo y en los últimos años, el tramo que quedaba se convirtió en un lugar donde poner llantas para evitar que el agua llegue de golpe a su terreno. Así a sus 80 años, libra una batalla contra el mar que parece no ganar, una batalla contra el lugar al que le debe todo lo que es y del que nunca se quiso ir por más que le ofrecieron otros oficios: lo suyo es ser pescador.

Pero ahora ser pescador en Las Barrancas es difícil, cuenta Nancy quien también es lideresa de una cooperativa de pescadores y pescadoras, porque no hay donde dejar las lanchas y el cambio climático ha generado modificaciones en las especies. Además el turismo ya no llega porque ya no tienen playas.

Por eso alternativas como generar ecoturismo en el manglar pueden ser una opción para tener ingresos en la comunidad. También lo es la Planta de Procesamiento Primario Las Bonitas, otro de los esfuerzos que como comunidad tienen para enfrentar su problemática pues la crearon mujeres y que procesa el pescado que genera la cooperativa haciendo minilla y ceviche para empaquetar y vender.

Pescadores de Las Barrancas llegan a tierra firma después de una jornada de trabajo.

“Hasta allá llegaba el mar”

Hace poco, contaron, llegó un funcionario municipal y les dijo que su problema es que se encuentran en zona federal porque están en esa franja de 20 metros conocida como Zona Federal Marítimo Terrestre, donde no se puede construir. Lo único que logró fue la indignación de las personas porque sus terrenos y casas son propiedad privada, comprada hace muchos años, a los que les alcanzó esa franja federal porque el mar llegó a ellos y ahora están teniendo serios problemas.

“Allá donde ves aquel pelícano, hasta allá llegaba la playa”, “las lanchas las podíamos dejar hasta allá, ve donde viene aquella”, “mira allá por donde se ve esa mancha”, es una constante de las y los pescadores parados frente al mar.

Desde la orilla del mar añoran aquellos años en los que la playa ocupaba grandes extensiones de terreno, cuando transportarse caminando o en vehículo por la playa entre los poblados cercanos era cosa de todos los días, cuando ese lugar donde ahora solo es agua servía de carriles para las carreras de caballo, cuando llegaba turismo y les dejaba algo de dinero, cuando no tenían que vivir con miedo de que el agua se llevara sus casas una noche cualquiera o cuando acomodar sus lanchas tras regresar de pescar era un reto del día a día.

De esas épocas solo queda el pensarlas, mientras suplican ayuda de algún tipo, pues aunque están conscientes de que el cambio climático y el aumento del nivel del mar provocará que en algún momento Las Barrancas deje de existir.

Acusan que las obras que el propio gobierno ha realizado han acelerado el proceso y ahora ese mismo gobierno debe hacer algo para tenderles una mano. De esas épocas solo quedan algunas imágenes viejas que cargan en sus teléfonos y muestran a la menor provocación y los recuerdos que atesoran y narran sin miramientos mientras la incertidumbre reina e intentan acostumbrarse a la nueva vida.

Feliciano Ochoa Quevedo, habitante de Las Barrancas y abuelo de Nancy, señala hasta dónde llegaba la playa.
Las Barrancas, hace 30 años, en una foto guardada por Nancy en su teléfono.

​​* Este trabajo contó con el apoyo de la Red de Periodismo del Mar (Repemar), impulsada por Causa Natura con la ayuda de la Earth Journalism Network de Internews.

Así vivió Sinaloa 15 horas de terror por réplica del Jueves Negro y captura de Ovidio Guzmán

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Como el 17 de octubre de 2019, Culiacán y ahora varios municipios del estado sufrieron por grupos armados en las calles, bloqueos, despojo de vehículos, quemas y enfrentamientos por un operativo de la Marina que ahora sí logró la aprehensión de Ovidio Guzmán López.

Texto y fotos: Noroeste

CULIACÁN._ Un operativo de la Marina en la zona rural serrana al norte de Culiacán, que ahora si logró la detención de Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, provocó una embestida de grupos ligados al Cártel de Sinaloa en varios municipios de Sinaloa por 15 horas.

ASÍ LO VIVIÓ SINALOA:

04:40 horas: Un convoy de elementos del Ejército Mexicano se movilizó por la zona de la sindicatura de Jesús María, perteneciente a Culiacán.

Cómo sería confirmado horas después por el Secretario de la Defensa Nacional Luis Crecencio Sandoval González, los militares desplegaron un operativo en el sector al ubicar civiles armados al interior de vehículos tipo pick up.

En el sitio los civiles y los agentes se enfrentaron. En medio del encuentro fue detectado entre los civiles armados al hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán López.

05:35 horas: Surgen los primeros reportes del enfrentamiento comenzaron a difundirse acompañados de material gráfico en el que podía apreciarse helicópteros de las Fuerzas Armadas y a civiles que se encontraban en tierra sostener un enfrentamiento armado.

6:39 horas: El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo, publicó un tweet en el que confirmaba el que sería el inicio de una jornada violenta que inició en Culiacán y se propagó por el estado de Sinaloa.

“Se están presentando despojos de vehículos y bloqueos en diferentes puntos de la ciudad, pedimos a la ciudadanía no salir, estamos actuando en consecuencia, informaremos cuando estemos en condiciones”, puede leerse en la publicación.

06:45 horas: Algunos choferes de camiones urbanos habían sido despojados de sus unidades por sujetos armados. Después se verían imágenes de estas mismas unidades funcionando como barreras en distintas vialidades de la ciudad.

07:00 horas: La Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa emitió un comunicado en el que anunciaba la suspensión de actividades administrativas y académicas por los hechos violentos que se registraban. A la Sepyc se le sumaron diversas instituciones como el Gobierno de Sinaloa en su totalidad, el Ayuntamiento de Culiacán y el de Navolato.

07:02 horas: Los servicios de salud, la Secretaría de Salud emitió un comunicado informal que solicitaba a los colaboradores no acudir a sus espacios de trabajo si esto representaba un peligro para su seguridad.

07:15 horas: Vehículos quemándose, balaceras, movilización de grupos armados y despojo de vehículos fueron los hechos con los que se despertó Culiacán este jueves.

Los bloqueos comenzaron en las calles Constitución y Calzada Heroico Colegio Militar, salida norte en Espacios Barcelona, Lola Beltrán y Rolando Arjona, y en el Sauz a la altura del Huizache.

07:30 horas: Los reportes de hechos violentos ya abarcaban el municipio de Ahome.

07:31 horas: El Presidente Andrés Manuel López Obrador declaró en su conferencia de prensa La Mañanera que desconocía el estado de seguridad que vivía Sinaloa.

“Eso más tarde se informa para que tengan la información precisa, no nos adelantemos”, pidió a los periodistas.

07:43 horas: el Aeropuerto Internacional de Culiacán informó que los usuarios que pretendían viajar este jueves debían verificar el estatus de sus vuelos directamente con las aerolíneas, pues en esos momentos se registraba una importante movilización de grupos armados alrededor de las instalaciones.

08:32 horas: Las autoridades aeroportuarias resolvieron cerrar las instalaciones ante la creciente movilización de civiles armados.

09:25 horas: Un avión de la Fuerza Aérea despegó de Culiacán rumbo a la Ciudad de México, en él se transportó a Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, en calidad de detenido.

09:30 horas: En Badiraguato se cerraron vialidades para salir del municipio, lo mismo se registró en el municipio de Rosario.

En Escuinapa comenzaron movilizaciones de vehículos con personas armadas, despojo de camiones pesados, quemas y bloqueos de las autopistas; en Mazatlán se detuvieron las corridas de autobuses y comenzaron a registrarse quemas de vehículos en la autopista con Culiacán, y en la que conecta con Durango.

11:00 horas: En Mazatlán se cancelaron servicios médicos y se confirmó el cierre de centros comerciales y plazas, además de que el servicio de transporte urbano se detuvo y las corridas de autobuses por las autopistas.

11:30 horas: Ya sumaban 18 bloqueos de carreteras y vialidades principales por todo Sinaloa: 9 de ellos en Culiacán, tres en Los Mochis y 6 en el sur del estado. Además se informó que 7 elementos de la Policía Estatal se encontraban heridos.

12:00 horas: El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crecencio Sandoval González, confirmó la detención de Guzmán López, quien se tenía ubicado como uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, encabezando el grupo delictivo Los Menores.

“No venimos a ganar una guerra, venimos a construir la paz”, dijo a la nación la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Patricia Burgarín Gutiérrez.

13:00 horas: En total 102 vuelos fueron cancelados en Sinaloa, pues los aeropuertos de Los Mochis, Culiacán y Mazatlán fueron cerrados por motivos de seguridad.

13:05 horas: En Escuinapa hay reportes de que los grupos armados ya entraron a la ciudad, despojo de vehículos pesados e incendios en las principales calles. Los grupos de civiles aprovecharon camiones cargados con chiles para incendiarlos.

15:00 horas: Ante la confusión en la ciudad, se registran los primeros saqueos en Culiacán, mismos que fueron registrados en videos donde se puede ver a civiles entrar por la fuerza a establecimientos comerciales y llevarse artículos.

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán confirmó la detención de seis personas.

16:11 horas: Ned Price, vocero del Departamento de Estado de EEUU, reiteró la alerta de viaje nivel 4 para Sinaloa. Instó a la ciudadanía estadounidense a seguir las recomendaciones de las autoridades mexicanas ante los hechos violentos ocurridos en la entidad

16:29 horas: Patrullas de la Policía Municipal de Escuinapa viajan a las afueras de la ciudad, La Estacada, en donde recogen y trasladan a trabajadores de empaques a sus domicilios en la cabecera municipal.

16:34 horas: El Ayuntamiento de Mazatlán envió vehículos oficiales para ayudar a los mazatlecos que quedaron a la deriva por la falta de servicio de transporte público.

16:41 horas: Por motivos de seguridad la Autopista Mazatlán-Culiacán permanecerá cerrada, según informó en su página oficial. En el comunicado señaló que no será hasta que la Guardia Nacional lo determine, que abrirán el paso vehicular de nuevo, esto derivado de los hechos de violencia que se han presentado en el Estado, sobre todo en Culiacán.

18:15 horas: Debido a los hechos violentos que se han registrado en el estado de Sinaloa la jornada de este jueves, la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa anunció la suspensión de actividades administrativas y académicas este viernes 6 de enero.

Mediante un comunicado se dio a conocer que la suspensión abarcará todo el estado.

18:22 horas: Una serie de audios, de una supuesta comunicación entre elementos de la Policía Estatal Preventiva y su base, reveló que los ataques por aire en La Campana durante el operativo de detención de Ovidio Guzmán, también había alcanzado a los agentes locales, falleciendo uno de ellos.

20:00 horas: Confirma Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya cierre de jornada violenta. En total se despojaron 250 vehículos, hay 29 heridos y al menos cuatro muertos.

“Haciendo recuentos, checando como se publica la situación, palpando la opinión que tienen los mandos policiacos y militares para determinar”, comentó el titular del Gobierno de Sinaloa.

La ministra que rompió el techo de cristal y otros paradigmas en la Suprema Corte

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Ni el ministro favorito del llamado bloque conservador ni la ministra apoyada por Andrés Manuel López Obrador fueron elegidos para la presidencia de la Suprema Corte; en una muestra de fortaleza institucional, dicen los especialistas. Norma Piña, primera mujer en presidir el máximo tribunal, ha apoyado temas como el aborto y la legalización de la marihuana, y se ha opuesto a proyectos presidenciales

Texto: Arturo Contreras Camero

Fotos: Alexis Rojas

CIUDAD DE MÉXICO.- “Demostramos que sí podemos”, dijo la primera mujer en presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación inmediatamente después de su nombramiento, el cual, como dijo, rompe un inaccesible techo de cristal no conquistado por las mujeres, pero más allá de eso, la ministra Norma Lucía Piña Hernández podría ser la voz de la despolarización en una sociedad profundamente dividida.

“Agradezco a las que siempre han creído, a las que no se han cansado de intentar cambios que poco a poco arrinconan nuestra cultura patriarcal. Honro en este momento a las que ya no están. Trabajaremos, nos esforzaremos todos los días por una sociedad más justa, mas igualitaria, sin violencia contra las mujeres”, dijo poco después de aceptar la máxima responsabilidad a la que ella misma podía aspirar como abogada y jurista. 

La ministra Piña es, sin duda, la que ha tenido un mayor apego a los nuevos principios de derecho internacional y derechos humanos, comenta en entrevista para Pie de Página David Peña, abogado especialista en Derechos Humanos, quien espera que la ministra pueda dar un aire nuevo a la palestra pública Mexicana.

“Creo que despolitizar el acceso a la justicia está bien. (El Judicial) es un poder que debería privilegiar la parte técnica y no dejarse llevar por esta vorágine en la que todo es político, en la que no hay nada que no pueda verse desde fuera de este este matiz”, dijo el abogado.

Precisamente esa vorágine politizadora fue la que centró la sucesión de la presidencia de la Suprema Corte en la ministra Yasmin Esquivel, inmersa en un escándalo por el presunto plagio de su tesis de licenciatura y el que fuera abanderado como el ministro de la oposición, 

“Cuanto hace a su trayectoria, lo primero es que hay que reconocer que se ha formado desde el Poder Judicial, con una muy larga carrera –de 34 años–. Eso es una señal positiva para quienes integran el servicio de carrera del Poder Judicial, les da una nueva aspiración”, añade al balance Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación Para la Justicia, una Organización no Gubernamental dedicada al litigio estratégico en Derechos Humanos. 

Según ambos abogados consultados, la ministra Piña no está ni en un bando ni con otro, ni con la 4T ni del lado de empresas o de la oposición, por lo que su nombramiento es una buena noticia en términos del avance de los Derechos Humanos al interior de la Corte.

“Yo creo que en esta ocasión vimos a una Corte que afortunadamente estuvo a la altura de lo que requiere el país. Es una ministra que no fue propuesta por el presidente, algo que históricamente buscan, que quien quede sea afín a su proyecto. Es una buena señal que no se haya impuesto una candidata como Yasmín Esquivel, es una señal de esperanza”, destaca Ana Lorena Delgadillo.

El 21 de diciembre, en la recta final de la elección de la presidencia de la Suprema Corte, la ministra Yasmín Esquivel fue acusada en una publicación de Latinus de haber plagiado su tesis de licenciatura, lo que la invalidaría no solo para ocupar la presidencia, sino también para ejercer su cargo de ministra.

Sin embargo, la ministra Esquivel se desvivió en asegurar que la publicación es una farsa, parte de un ataque coordinado desde la oposición. Incluso, esa misma mañana, el diario El Universal publicó una nota en la que informaba que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México había determinado que no existía dicho plagio. La información se difundió en redes sociales y chats, como una filtración. La información no fue difundida por el vocero de la Fiscalía ni formó parte de los comunicados de prensa de la dependencia de ese día. 

Postura ante proyectos presidenciales

Si bien la controversia de la Tesis deberá ser dirimida por la Universidad Nacional Autónoma de México, bastó para frenar las aspiraciones de Esquivel. Con ella fuera del camino, la prensa y los rumores políticos abrazaron la candidatura del ministro Gutiérrez Ortiz-Mena, mismo al que el presidente López Obrador había señalado por sus nexos con los poderes empresariales, a quienes ayudó a evadir impuestos en sexenios anteriores, según el mandatario. 

“Yo podría decir, con todo respeto, que el Poder Judicial está secuestrado, como estaba secuestrado el Poder Ejecutivo. Entonces, va a ser labor hacia adelante liberar el Poder Judicial”, sentenció por la mañana del lunes el presidente López Obrador, apenas unas horas antes, cuando aún no sorprendía la elección de la ministra Piña. Desde meses anteriores el presidente había insistido en lo necesario que es una reforma del Poder Judicial, sin embargo, su proyecto político no ha contado con las herramientas para llevar a cabo semejante tarea. 

El perfil de la ministra Piña, que pareciera pregonar la independencia de la Suprema Corte, más bien parece detentar una de las más férreas resistencias a la voluntad presidencial. En ocasiones anteriores la ministra se había manifestado en contra de proyectos centrales para el gobierno de López Obrador, como la legalidad de la reforma Eléctrica, la posibilidad de enjuiciar a expresidentes o la revocación de mandato.

Pasado el mediodía del lunes, las puertas del palacio judicial de Pino Suárez 2 están cerradas; pareciera que los ministros prefieren una sesión tranquila, lejos de la grilla política del momento. Ningún medio informativo pudo presenciar la Sesión Pública Solemne en la que se llevó a cabo la votación para presidenta. 

La primera ronda de votaciones fue apretada. Ninguno de los postulantes logró obtener los seis votos que necesitaba para asegurar la presidencia. Dos para Esquivel, dos para Ortíz-Mena y la sorpresa: tres para Piña Hernández. Caballo que alcanza, gana, dicen. 

En una segunda vuelta de la votación, la ministra Esquivel obtuvo solo un voto y quedó fuera; Piña conservó tres y Ortiz Mena sumó cuatro, lo que obligó a una tercera ronda de votación. Uno a uno, los votos caían a la par, uno para Piña, otro para Ortíz-Mena. Cinco a cinco, hasta que el último voto dio la victoria inesperada a quien hace 48 años inició su instrucción como profesora de educación básica y hoy ocupa el asiento más alto de la justicia del país. 

“La incertidumbre es un presupuesto de la igualdad”, dijo la flamante presidenta en su mensaje de toma de protesta. “Como sucede cuando presentamos un proyecto de sentencia, en esa decisión hay reservas derivadas de la pluralidad que representa sin duda una de las grandes riquezas de este órgano colegiado y como sucede en la labor la decisión no remite a una concepción personal sino a un proyecto del Poder Judicial que habremos de construir todos juntos”. 

Precisamente esa será una de las tareas más difíciles que enfrentará Norma Piña, según el análisis de Ana Lorena Delgadillo, de la Fundación para la Justicia.

“Creemos que en este momento es muy importante su nombramiento como presidenta, como mujer. Pero no es menos importante la actuación en conjunto de la Suprema Corte, que se vuelva un órgano garantista y progresista, que solo va a existir cuando sus integrantes cumplan con ser un órgano colegiado y que las decisiones que se tomen sean posturas más colectivas, consensuadas y que no sean personalistas”.

Los proyectos de sentencia de la ministra piña en temas como el aborto y la legalización de la marihuana han ayudado al resto de la corte a decidir asuntos con una mayor visión de fondo, enfocada en los derechos humanos, coinciden los especialistas consultados, sin embargo, esto por sí mismo no significa que la ministra Piña sea el liderazgo que la Suprema Corte esperaba, pues sus votos siempre han acompañado a los de la mayoría. 

Uno de los temas más próximos y de especial importancia que tocará la Suprema Corte de Justicia será la constitucionalidad de la incorporación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, un tema que la ministra apoyó en ocasiones anteriores y que podría tomar un nuevo cauce en los meses venideros. También temas coyunturales, como la misma reforma Eléctrica o la Electoral.

Sí, los refrescos acortan tu vida y la industria lo sabe

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La industria refresquera asegura que responsabilizar a sus productos de causar obesidad es simplista. Sin embargo, especialistas y estudios científicos demuestran que eso no es así

Texto: Kennia Velázquez @KenniaV10 / POPLab

Fotos. PicJumbo, FocaStokc / POPLab

GUANAJUATO.- Bajo el argumento de que criticar el alto contenido de azúcares y otras sustancias dañinas en las bebidas carbonatadas “es estigmatizante”, la industria refresquera busca trasladar la responsabilidad del balance energético a los consumidores, basada en conclusiones parciales afectadas por el conflicto de interés al provenir de organismos vinculados o patrocinados.

La industria refresquera asegura que responsabilizar a sus productos de causar obesidad es simplista y que calificar las bebidas azucaradas como dañinas “en nada contribuye a mejorar la salud, porque restringe la capacidad del individuo de elegir alimentos para llevar una dieta balanceada”. Sin embargo, especialistas y estudios científicos demuestran que eso no es así.

La Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC) envió una misiva a POPLab para aclarar algunos puntos de la nota Refrescos: dicen que te endulzan la vida. En realidad, te matan.

En el documento, la ANPRAC dice que “no obstante la cita de fuentes científicas en el artículo, las conclusiones y afirmaciones que realiza son, desde el título mismo, estigmatizantes y forzadas, pues en la mayoría de los casos los autores establecen que sus resultados son no conclusivos, discrepan de los obtenidos por otras investigaciones o tienen limitaciones”.

Sin embargo, Alejandra Contreras Manzano, doctora en Ciencias en Nutrición Poblacional, que fue consultada sobre las fuentes citadas por POPLab, señala que “los resultados de estudios científicos son descriptivos, cuantitativos y objetivos centrados en los efectos metabólicos y otros daños a la salud del consumo de las bebidas azucaradas, por lo que no se está centrando el estudio al individuo y mucho menos a su estigmatización”.

La investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública recuerda que algunos artículos científicos tienen conclusiones consistentes con el título de la nota: los refrescos están asociados a graves riesgos a la salud: riesgo de muerte por cualquier causa incrementa 11 por ciento por cada 12 onzas de bebida azucarada y 24 por ciento por cada onza de jugo de fruta; en pacientes con cáncer de mama consumir refresco incrementa el riesgo de mortalidad por cualquier causa en un 62 por ciento y por cáncer de mama 85 por ciento; otra investigación revela que el consumo de bebidas azucaradas se asoció con 15 por ciento de mayor mortalidad por todas las causas, 23 por ciento de muerte por enfermedad del sistema circulatorio y 35 por ciento de enfermedad cardiovascular. La evidencia sólida respalda la relación entre el consumo de bebidas azucaradas y el aumento de peso y las enfermedades cardiometabólicas.

Foto: FocaStokc.

La Industria Mexicana de Bebidas considera que las deducciones publicadas en la nota “poco suman a una cultura de la salud de las audiencias a las que buscan servir.”

Para Contreras Manzano, “por la evidencia científica reciente, consistente y publicada en las revistas de mayor impacto mundial por los expertos de mayor prestigio internacional, los contenidos de la nota de POPLab suman significativamente a la cultura de la salud al advertir a los lectores sobre los riesgos comprobados del consumo de bebidas azucaradas como el refresco”.

La ANPRAC rechaza ser la responsable de la epidemia de obesidad y sobrepeso en México, pues “las bebidas saborizadas representan menos del 10% de la ingesta calórica de los mexicanos, y es una visión simplista responsabilizar a un solo tipo de producto de la prevalencia de esta enfermedad.”

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en la dieta de los mexicanos los azúcares añadidos aportaron el 13 por ciento de la ingesta calórica total, es decir 3 por ciento más del límite máximo recomendado por la OMS. De este excedente, las bebidas azucaradas fueron la principal fuente de azúcares y contribuyeron con el 69 por ciento de los azúcares agregados. “Por lo que en efecto, las bebidas azucaradas son el principal producto que está ocasionando una ingesta excesiva de azúcares en la población mexicana” indica la doctora Contreras.

Un estudio realizado en 2010 estimó que las bebidas azucaradas causaron el 12 por ciento de todas las muertes por diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer relacionadas con la obesidad en México: en adultos mexicanos de 20 años y más, el 6.9 por ciento de la mortalidad por todas las causas fue atribuible a las bebidas azucaradas, lo que representa un exceso de 40 mil 842 muertes por año. “Además, el 19 por ciento de la mortalidad por cáncer relacionada con la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y la obesidad se atribuyó a las bebidas azucaradas, lo que representa un exceso de 37 mil muertes al año.

La especialista recuerda que la Organización Mundial de Salud “reconoce que los azúcares forman parte de una dieta habitual, mas no una dieta saludable, y es por ello que NO recomienda el consumo de azúcares añadidos, es decir, que no hay una cantidad establecida que las personas deban incluir en su dieta para mantenerse saludables, es por eso que la OMS establece límites máximos -10 por ciento de ingesta de energía- e invita a reducir su ingesta todavía menos del 5 por ciento de la ingesta calórica total independientemente de cuántas calorías consume una persona”.

Foto: PicJumbo.

La asociación de refresqueros indica que “expertos en nutrición coinciden en que definir un producto como bueno o malo en nada contribuye a mejorar la salud, porque restringe la capacidad del individuo de elegir alimentos para llevar una dieta balanceada”. Se le pidió a la ANPRAC qué indicara qué investigaciones concluyen lo anterior y citó como referencias a Margarita Maass Moreno (estudiosa de Cibercultura, Gestión Cultural y Comunidades de Conocimiento) y a Andrea Hernández López, nutricionista egresada del Tecnológico de Monterrey.

En opinión de Contreras Manzano, “los nombres citados sobre los expertos en nutrición que coinciden en la definición de un producto bueno o malo no es un consenso representativo de la comunidad científica o académica. En cambio, los perfiles nutrimentales como el de la OPS/OMS o el perfil de nutrientes de la NOM-051 fueron desarrollados por grupos de expertos en el tema y sin conflicto de interés con la finalidad de clasificar a los productos como saludables o no saludables”.

La investigadora del INSP explica que el perfil de la Organización Panamericana de la Salud considera que un producto es saludable únicamente cuando no rebasa los límites de los 6 ingredientes críticos: azúcares, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, sodio y edulcorantes. Mientras que el perfil de la NOM-051 son aquellos que no rebasan los límites de calorías e ingredientes críticos: azúcares, grasas trans, grasas saturadas, sodio, edulcorantes y cafeína.

En la nota de POPLab se citan los daños que provocan los edulcorantes, pero la asociación de refresqueros asegura que “éstos son resultado de años de investigación científica, han sido aprobados por las autoridades de salud nacionales e internacionales como la COFEPRIS y la FDA, y que han confirmado total seguridad en su consumo y pueden ser parte de una dieta en balance”.

Contreras Manzano explica que estas aprobaciones “se realizan basadas en evidencia que respalda que el consumo de estos aditivos es seguro en términos de toxicidad, no sobre su total seguridad, es decir, que en materia de efectos metabólicos existe múltiple evidencia en humanos que ha demostrado que el consumo de edulcorantes no calóricos tiene efectos adversos” .

Efectos de los edulcorantes

· La sucralosa puede aumentar la glucosa en sangre y por lo tanto, el riesgo de prediabetes.

· El Acesulfame puede estimular la acumulación de grasa. Durante el embarazo aumenta el riesgo de parto prematuro y alergia en los bebés.

· Aspartame aumenta el riesgo de cáncer y puede ser tóxico para hígado y riñones, puede provocar daño a los nervios, cáncer y diabetes. No recomendable en embarazadas ya que puede producir parto prematuro y alergia en los bebés.

· La sacarina puede alterar la microbiota del intestino y la glucosa en sangre, y aumentar el riesgo de diabetes.

· El ciclamato no recomendable durante el embarazo, en estudios animales ha producido cáncer de vejiga, está relacionado a malformaciones en bebés. En estudios animales ha producido cáncer de vejiga.

· El Advantame puede provocar problemas gastrointestinales.

· Neohesperidina puede provocar náuseas y migrañas.

· Sorbitol puede agravar síndrome del intestino irritable, diarreas severas en niños y habituación a sabores muy dulces.

· Manitol puede agravar la insuficiencia cardiaca y provocar diarrea y gases.

· Manitol, lactitol, inulina y maltitol pueden provocar flatulencias, distensión abdominal, cólicos y tener efecto laxante.

· Glicósido de esteviol (Estevia) puede afectar la glucosa y presión arterial y su alto consumo en formas procesadas se ha asociado con infertilidad.

Si bien “los edulcorantes pueden ser útiles en planes de alimentación de reducción de peso, existen varios estudios que asocian su consumo con mayor riesgo de obesidad, hipertensión, síndrome metabólico, diabetes, y eventos cardiovasculares”, continúa la doctora Contreras, pero también se les asocia a un mayor riesgo de cáncer; al incremento en el apetito y sobrecompensación de energía, con una la alteración de la microbiota intestinal y resistencia a la insulina. La Asociación Americana de Diabetes NO recomienda el consumo a largo plazo de edulcorantes no calóricos en pacientes con diabetes, sino como una medida temporal que ayude a la transición de la reducción del consumo de azúcar.

Cabe destacar, que los estudios citados son libres de conflicto de interés, mientras que a los que hace referencia la ANPRAC pueden si tenerlo, pues citan a la Asociación Internacional de Edulcorantes y una postura de la Federación Mexicana de Diabetes, A.C. sobre edulcorantes no calóricos. Esta organización recibió entre 2016 y 2017 cerca de 5 millones de pesos donados por Coca Cola.

Recurrir a este tipo de estudios es una estrategia de las empresas, Andrea Pedroza Tobías, académica postdoctoral de la Universidad Stanford y estudiosa de la interferencia de la industria asegura que “esa es otra táctica de la industria de querer financiar estudios para demostrar lo que ellos están buscando demostrar. La solución no es cambiar por edulcorantes, sino simplemente reducir la cantidad de azúcar que están poniendo en los productos, no es posible que un niño esté tomando en un refresco más de la cantidad de azúcar que requiere en todo el día”.

En la carta enviada a POPLab, la ANPRAC resalta la importancia que este sector tiene para la economía de México y el trabajo social que realizan a favor de la comunidad. Pedroza Tobías señala que “sí estoy de acuerdo que generan muchos empleos, pero también lo que están ocasionando es una mayor discapacidad, mortalidad prematura que al final de cuentas está afectando la economía de las familias, pues tanto obesidad y diabetes hace que las personas jefas de familia dejen trabajar a edades tempranas. Entonces afecta más la economía del país tener estos alimentos ultra procesados”

Sobre su promoción como empresas socialmente responsables, Pedroza explica “eso es parte de la estrategia que utiliza la industria, no solamente la de las bebidas azucaradas. Eso viene desde la industria del tabaco, que se sabe que lo que hacen es crear este tipo de campañas que aparentan ser una industria responsable, pero al final de cuentas es querer tapar el sol con un dedo, o sea, todo lo que están ocasionando de daño a la salud, al ambiente y a la economía del país por sus productos no lo pueden solucionar plantando arbolitos, es mucho más el daño que están ocasionando las botellas, la producción masiva de estos productos, el agua que están tomando para poder hacer estos productos”.

La industria refresquera ha logrado interferir en las políticas de salud pública en México, pero también buscan centrar la atención en otros aspectos. ”Esa es otra estrategia que utilizan, que es justamente cambiar el argumento y crear debate sobre lo que realmente se conoce con contraargumentos que realmente no tienen ningún fundamento científico”, dice la experta.

Un ejemplo de ello es cuando dicen que no tienen responsabilidad sobre la obesidad y la diabetes por ser un problema multifactorial, Pedroza dice que efectivamente es así “pero sus productos son la principal causa que está ocasionando estas enfermedades. Entonces, si sabemos que es un producto dañino, no hay razón para dárselo a los niños. Y si, es un problema multifactorial, vamos a atenderlo con diferentes políticas, pero como parte del paquete de políticas que se deben de hacer para solucionar este problema, hay que atacar por diferentes lados, y la forma más sencilla de eliminar la gran cantidad de azúcar es limitando el acceso de estos productos a la población”, concluye Pedroza.

Décadas de ocultar evidencia científica

Un análisis histórico recientemente publicado en la revista especializada JAMA Internal Medicine revela que la primera evidencia del riesgo de enfermedad coronaria causada por azúcar se dio en 1950. Esto después de analizar documentos internos de la Sugar Research Foundation (SRF), los informes muestran que en 1965 se destacó la grasa y el colesterol como las causas de la enfermedad coronaria y minimizó la evidencia del consumo de sacarosa como un factor de riesgo. En esa década y durante la siguiente se promovió la grasa como la única responsable.

Ese mismo año hubo un estudio epidemiológico que sugería que los niveles de glucosa en la sangre eran un mejor predictor de aterosclerosis que el nivel de colesterol sérico o la hipertensión.

La investigación revela que la industria azucarera gastaría 600 mil dólares en esa época para enseñar a “personas que nunca habían tenido un curso de bioquímica que el azúcar es lo que mantiene a todo ser humano vivo y con la energía para afrontar nuestros problemas cotidianos”.

Lo que este documento revela es que la industria azucarera patrocinó su primer proyecto de investigación en 1965 para minimizar las señales de alerta temprana de que el consumo de sacarosa era un factor de riesgo en la enfermedad coronaria.

Los investigadores concluyen que el riesgo de enfermedad coronaria “es inconsistentemente citado con consecuencias para la salud por el consumo de azúcares añadidos. Debido a que esta cardiopatía es la principal causa de muerte en todo el mundo, se debe asegurar de que el riesgo de cardiopatía coronaria se evalúe en futuros estudios sobre azúcares añadidos”.

*Este trabajo fue realizado por POPLAB, parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leerla.

La silla vacía: un mueble y la memoria de las personas desaparecidas

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Las fiestas decembrinas son una expresión de alegría pública y son en estás cuando la pérdida del ser querido se aviva, pues detrás de cada desaparecido queda una silla vacía.

Por Scarlett Nordahl para #HastaEncontrarles*

En México la desaparición de personas ha dejado a su paso 120 mil 593 sillas vacías, de las cuales todavía existe la esperanza de que 109 mil 512 se ocupen de nuevo, una vez regresen a sus hogares los hombre y mujeres que continúan sin ser localizados, mientras que el resto, 11 mil 081 personas fueron localizadas sin vida, lograron estar de vuelta en casa, mas no como sus familias lo anhelaban.  

Cuando existe una pérdida de un ser amado, la silla vacía en la mesa de Navidad y Año Nuevo puede intensificar la pena y hacer que la persona que busca se enfrente a emociones complicadas de digerir. La silla vacía recuerda que en ese dolor hay esperanza de que vuelva ser ocupada por ese tesoro, como las madres en Sinaloa llaman a sus hijos desaparecidos, regrese a casa y comparta de nuevo los rituales propios de estas fechas.

“En el 2017 yo empecé a sentir en estas fechas la ausencia y el dolor de tener una familia incompleta y una silla vacía en casa…Pasar estas fechas sola en casa, llorando y viendo que a mi familia le hacía falta un miembro y ahí lo notaba”, comentó María Isabel Cruz Bernal madre de Reyes Yosimar García Cruz, quien fue desaparecido el 26 de enero del 2017 en Culiacán, Sinaloa. Estas fechas nos persiguen a donde vayamos, las decoraciones, las reuniones que nos exigen mostrar una faceta de alegría, aunque no se sienta en el interior, está ahí; recordar lo que se hacía con aquel hijo al que siguen buscando o probar los platos que más disfrutaba, remarcan su ausencia y eso lo vive cada familia que sufre la desaparición, expresa la también líder del colectivo Sabuesos Guerreras, el cual aglutina a más 300 familias en búsqueda de personas desaparecidas en Culiacán.

La silla representa ese espacio en la mesa que se encuentra vacía en decenas de casas. Fotografía: Leo Espinoza

Verónica de León de Cueto, Psicóloga especialista en duelos, explica que lo que viven las personas buscadoras es algo denominado como “duelo complicado”, que tiene que ver como un duelo sin cadáver, un duelo sin funeral, un duelo sin despedida.

Parte de esa complejidad, explica la tanatóloga, es que quienes buscan reconocen también de manera implícita que su familiar murió, pero al hacerlo tendrían que abandonarse en un dolor más grande.

“Hay que aceptar que están en un proceso de duelo por la búsqueda de sus seres queridos, que sepan que finalmente sus familiares están muertos, que las búsquedas son una esperanza para tratar de encontrar un cadáver

“Ellas no quieren dejar de buscar porque la búsqueda se convierte en su sentido de vida. Es por eso que no quieren hablar de duelo”.

La silla vacía, un duelo crónico

Para Ximena Antillón, Antropóloga Forense, la desaparición forzada de cualquier persona implica para sus familiares y seres queridos, entre otras cosas, un primer proceso de daño generado por la angustia y el miedo, la incertidumbre, la impotencia y la incomprensión de las razones y de la magnitud de la agresión.

«Es el llamado duelo crónico o duelo suspendido o duelo crónico, aquel que se caracteriza por una duración excesiva y porque nunca llega a una conclusión satisfactoria; al que otros autores designan como duelo imposible.

«Este proceso se traduce en una situación de estrés que se prolonga en la medida en que no se resuelve aquello que le da origen: la desaparición forzada», señala la antropóloga en el Informe de Impactos Psicosociales del Caso Ayotzinapa (2018).

La especialista refiere que no se puede comparar un asesinato con una desaparición, la cual por sí misma es un atentado a la vida y puede terminar con la muerte.

Las desapariciones de personas, explica, dejan una huella profunda desde distintas vertientes. Son como heridas de guerra, una no elegida, que se lleva en silencio, con la transformación del cuerpo, con la enfermedad.

«Como ha sido documentado ampliamente, el estrés crónico está asociado a una amplia gama de enfermedades no solo mentales, sino además orgánicas, desde autoinmunes hasta cardiovasculares y cáncer, pasando por digestivas, entre otras», indica Antillón.

Estos crímenes tienen singularidades, entre ellas la de falta de información sobre los perpetradores y con ello una serie de preguntas que se agrandan entre quienes buscan a personas desaparecidas: ¿Seguirá vivo? ¿Le tratarán bien? ¿Lo golpearán? ¿Comerá? ¿Tendrá frío o calor? ¿Habrá enfermado?, son algunas de ellas.

Cuando a las personas desaparecidas se les encuentra sin vida, las preguntas suelen mantenerse, pero se suman más: ¿Será mi familiar? ¿Por qué lo asesinaron? ¿Por qué lo dejaron en ese lugar (fosa clandestina, la carretera, un terreno baldío)?

La silla vacía ha servido para visibilizar las desapariciones en Sinaloa. Fotografía: Josué David Piña

La celebración convertida en resistencia contra olvido

En ocasiones realizar algo significativo en honor a ese ser amado ausente ayuda a mantener vivo su recuerdo, da consuelo y le dedica un espacio físico o simbólico para celebrar su vida y la esperanza, eso mismo representa la silla vacía el planteamiento que surgió desde las mismas madres rastreadoras, así lo explica Dante Aguilera Benítez.

El miembro de la colectiva de gráfica popular Juan Panadero  precisa que en torno a esta idea, desde el 2018 se comenzó a instalar en la plazuela Álvaro Obregón, a un costado de la Catedral de la capital sinaloense, una silla, que en su respaldo cuenta con un espejo y la leyenda ¿Dónde están?, con el afán de que más personas se cuestionen y tengan presentes esas ausencias.

“Tal cual, la silla vacía representa ese vacío que hay en un chingo de familias, basado en un símbolo muy cotidiano, porque en todas las casas y en todos los espacios, hay sillas. Incluso hay madres que realmente sienten el espacio de una silla vacía en el comedor, que solamente lo utilizan para cuando llegue a volver la persona que está desaparecida. Siento que es un símbolo muy poderoso y muy fuerte, muy entendible”, dice el artista y activista.

Al convertir un objeto cotidiano en un símbolo, es más fácil que las personas que no son artistas, activistas o estén involucradas con esta problemática pueda sentir el dolor y generar empatía hacia la misma y lo que representa para las familias que buscan a los suyos.

Es así que la silla vacía se convirtió en un símbolo para poder describir las desapariciones en Sinaloa. Incluso, desde 2018 hay ritos de colectivos como el de Sabuesos Guerreras, que instala una silla de dos metros de altura, enorme, al igual que la magnitud de la ausencia, y desproporcionada, como la problemática de desaparición forzada que existe en Sinaloa.

En esa silla colocan un espejo con una leyenda que reza “¿Lo has visto?” para que cualquier persona pueda verse a través de él como una manera de poder  explicar el sentimiento de ausencia, como el que sienten las 5 mil 659 familias con personas desaparecidas.

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*Scarlett Nordahl es feminista y periodista sinaloense. Investigadora para el proyecto #HastaEncontrarles, corresponsal en Mazatlán para Los Noticieristas y colaboradora de Revista ESPEJO.

**Ilustración de portada: Dante Aguilera/Colectivo Juan PanaderoEste trabajo fue realizado para www.hastaencontrarles.com  con el apoyo de Global Organized Crime Index (https://ocindex.net/) y Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GITOC)

Batalla legal alarga vigencia del Título 42 y Texas extiende bloqueo militar fronterizo

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La Corte de Estados Unidos mantiene la política que permite la expulsión inmediata de solicitantes de asilo al menos hasta febrero; Texas aumenta el despliegue militar en la frontera con Ciudad Juárez, donde además coloca malla ciclónica y hasta contenedores de carga

Texto y fotos: Verónica Martínez / La Verdad Juárez

CIUDAD JUÁREZ. – La Corte Suprema de Estados Unidos anunció su decisión de mantener vigente el Título 42, orden de salud pública implementada durante la pandemia de Covid-19 que permite la expulsión inmediata a México de personas solicitantes de asilo humanitario.

Con esta decisión bloqueó los planes de la administración Biden para poner fin a las restricciones implementadas desde la administración de Trump, luego de dar entrada a la impugnación presentada por 19 estados, encabezados por gobiernos republicanos.

En su decisión de este martes, la Corte anunció que el Título 42 se mantendrá vigente al menos hasta febrero, cuando debatirán las posturas de los gobiernos.

La situación mantiene en la incertidumbre a miles de migrantes varados en Ciudad Juárez a la espera de cruzar a Estados Unidos, mientras fuerzas militares de la Guardia Nacional Texana extienden el bloqueo de la frontera, colocando alambre de púas, contenedores de carga y una malla ciclónica en el bordo del río Bravo, a unos metros del muro de acero que delimita la frontera entre México y Estados Unidos.

Hasta antes de que Texas desplegara militares en la frontera con Ciudad Juárez las personas migrantes cruzaban el río eran recibidas por autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en un tramo fronterizo sin muro donde improvisaron un centro de recepción, a la altura de la calle Oro, de la colonia Bellavista.

Con las fuerzas armadas presentes, las personas en movilidad se trasladaron a otro punto, a pocos metros de distancia de los soldados texanos, para cruzar por una puerta del muro a la altura del puente internacional Reforma, que desemboca en la calle Lerdo.

Sin embargo, ese punto ahora es ocupado por vehículos militares y resguardado por un batallón. Autoridades del Departamento Militar de Texas informó que la Guardia Nacional trasladó a 200 personales militares adicionales a la zona fronteriza de El Paso y 40 vehículos para expandir las operaciones que iniciaron desde el 20 de diciembre.

La autoridad militar afirma que sus operaciones tienen el propósito de proteger el estado de Texas del “flujo de migrantes y actividad de carteles que entran al estado”, declararon en un comunicado de prensa.

“Estamos enfocados en la disuasión, estamos enfocados en mandar un mensaje de que los cruces ilegales no son una opción”, dijo el mayor general Ronald Burkett.

A pesar del despliegue militar, personas en movilidad continuan llegando a Ciudad Juárez con el propósito de solicitar asilo humanitario, siendo desplazados de sus lugares de origen por la pobreza y la inseguridad.

Solicitantes de asilo continúan acercándose al muro fronterizo pero el despliegue militar los moviliza cada vez más a la zona central de la frontera. Actualmente se concentran en un tramo del muro, entre los puntos 19 y 20, a la altura del Estadio Benito Juárez, donde comenzaron a ingresar a Estados Unidos.

rante los meses de octubre y noviembre el sector de El Paso ha reportado mas de 106 mil detenciones de migrantes en la frontera, siendo un incremento del 260 por ciento en comparación con cifras del año fiscal 2021, lo que puso a la comunidad paseña ante una nueva crisis humanitaria.

Muchos de ellos no eran elegibles para la expulsión bajo Título 42 porque sus países de origen y México no los aceptarían, por lo que han sido liberados en El Paso para continuar su viaje a otras comunidades de los Estados Unidos.

Autoridades de la ciudad de El Paso reportan que los números de detenciones se han mantenido constantes en esta última semana dando un promedio de 300 expulsiones diarias bajo el Título 42 y 530 liberaciones provisionales a la comunidad.

Continúa apoyo a migrantes en El Paso

Bajo una declaración de emergencia extendida, la ciudad continúa proporcionado apoyo humanitario a migrantes que ahora permanecen en El Paso esperando poder viajar a sus destinos finales en otros estados de Estados Unidos.

El albergue de emergencia ubicado en el Centro de Convenciones y los traslados a centrales de autobuses y el aeropuerto continuarán durante este periodo de flujos migratorios masivo, dijo el administrador adjunto de la ciudad, Mario D’Agostino.

Además del flujo entrante a la ciudad de El Paso, también se considera la gran cantidad de personas que permanecen en Ciudad Juárez a la espera del fin del Título 42 para intentar ingresar a Estados Unidos, bajo un proceso de asilo. D’Agostino detalló que las autoridades de El Paso continúan monitoreando el flujo de personas entrantes.

“Nos estamos asegurando de estar listos porque estábamos seguros que ya estábamos llegando a estas cifras de aprehensiones”, dijo D’Agostino. “Ahora con el clima que ha estado afectando al país y tienes los retrasos en vuelos y autobuses eso pone realmente el enfoque en los albergues”.

El funcionario municipal también detalló que hay una constante comunicación con autoridades en Ciudad Juárez para monitorear y evaluar la cantidad de personas que se pueden esperar en El Paso con necesidad de apoyo humanitario.

“En estos momentos tenemos comunicación con Ciudad Juárez, esto es meramente para propósitos de información. Estamos compartiendo información de cómo está la ocupación en nuestros albergues y en Ciudad Juárez, que recursos tienen ellos, qué recursos tenemos nosotros para de esta manera estar preparados cuando la población pase”, dijo.

La extensión del Título 42 se dará por algunos meses más con la nueva orden emitida este martes por la Corte. Se programó una audiencia en febrero del 2023 en donde se discutirá si la coalición de 19 estados republicanos tienen la facultad de oponerse a la orden de una corte de distrito que ordenó la terminación del Título 42 por ser ilegal e inconstitucional.

La fiscal municipal de El Paso, Karla Nieman, explicó que la orden anunciada este martes no detiene al gobierno federal de hacer cambios que consideren necesarios al Título 42.

En tanto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) anunció que continuará implementando el Título 42 y en consecuencia expulsando a México y a sus países de origen a individuos que intenten cruzar a Estados Unidos.

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En un comunicado oficial reiterar que la frontera no está abierta, la agencia federal advierte sobre las estrategias de contrabandistas y criminales que pueden aprovecharse de personas migrantes.

“Continuaremos administrando la frontera, pero lo haremos bajo las restricciones de un sistema de migración viejo por décadas y que todos afirman que está roto. Necesitamos que el Congreso apruebe la reforma comprehensiva de inmigración que el presidente Biden propuso el día que tomo la administración”, declararon autoridades de DHS.

La política migratoria que fue inicialmente implementada por la administración de Donald Trump ha sido criticada por organizaciones y defensores de los derechos de personas migrantes por poner en riesgo a la población en movilidad que ya es sumamente vulnerable. Con miles de retornos a México y expectativas de su fin atrayendo a más personas a la frontera, los traficantes de personas y al crimen organizado se han visto beneficiados significativamente por estos flujos.

“A pesar de la decisión sin bases de la corte, nosotros sabemos, desde las experiencias de nuestros clientes y comunidades, que el Título 42 es inhumano, peligroso, innecesario y su fin ha sido prolongado”, declaró la organización de apoyo legal en El Paso, Las Américas agregando que continuaran sus esfuerzos para ayudar a que personas migrantes puedan recibir excepciones a esta orden y tener la oportunidad de acceder al derecho de asilo.

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Esta nota fue realizada por LA VERDAD JUÁREZ, parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leerla.

La fe y la búsqueda de personas desaparecidas

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Dentro de la Brigada Nacional de Búsqueda, el trabajo hecho a través del llamado eje de Iglesias ha sido fundamental para sensibilizar a las comunidades y obtener información del paradero de las personas desaparecidas.

Aranzazú Ayala y Marcos Nucamendi para A dónde van los desaparecidos*

Rosendo Vázquez regresó a casa después de seis años de haber sido desaparecido. Su mamá, Virginia Zamudio, dice que todos los días rezaba, le pedía a Dios que la ayudara, que nunca perdió la fe y que por fin su hijo tiene cristiana sepultura. Para Vicky -como le gusta ser nombrada-, así como para muchas madres buscadoras, la fe –y no la Iglesia como institución– ha sido un pilar y un apoyo en el proceso de búsqueda de sus hijas e hijos. 

Esto está plasmado en el trabajo que hace el llamado “Eje de Iglesias”, una de las áreas de trabajo de la Brigada Nacional de Búsqueda (BNB) que organiza actividades con organizaciones religiosas. Desde el 8 de abril de 2016 se han realizado jornadas de búsqueda de personas desaparecidas en varios estados de la República y este 2022 ocurrió en Morelos.

Si bien la Iglesia con mayúscula como institución no ha sido un actor que apoye claramente la búsqueda, las familias se han hecho camino y ganando apoyos desde la fe. Y no una fe única, sino distintas: católicos, cristianos, evangélicos… cada familia y colectivo ha construido, desde su creencia, lazos de apoyo.

“Si la delincuencia nos está arrebatando a nuestros seres queridos, que no nos arrebaten la fe de seguir adelante”, dijo Benita Ornelas, mamá de Fernando —desaparecido en 2019—, quien junto a Vicky y otras madres compartió su historia durante un diálogo con enlaces municipales y estatales de asuntos religiosos en Morelos.

Un claro ejemplo de cómo se construyen estos lazos es lo que se hace para pedir información del paradero de sus seres queridos en iglesias y celebraciones religiosas; cada año las BNB inician con una misa –generalmente católica– en la cual desde el púlpito las familias suben con los sacerdotes y hablan de sus casos, pidiendo a la gente sensibilizarse y compartir información para encontrar a los desaparecidos. La mayoría de las veces los puntos donde buscan restos humanos salen de esas jornadas de acercamiento y de los papeles anónimos que la gente mete en los llamados “buzones de paz”: cajas de cartón con dibujos y recortes que invitan, que suplican por datos para que cada desaparecido regrese a casa.

Noé Amezcua es uno de los coordinadores de las actividades en las iglesias en la organización de la Brigada Nacional de Búsqueda, llamado también “Eje de Iglesias”. Desde el inicio ha hecho comunidad para conseguir información que ayude a encontrar a personas desaparecidas, ya sea en vida, o dentro de la tierra. Esta labor apela a la sensibilización de las personas, e insiste que no se buscan culpables, sólo se buscan a quienes están ausentes. Lo que se ha logrado, dice, ha sido no sólo a base de diálogo sino sobre todo a base de desafíos.

“Propiamente fue en la Cuarta Brigada que creamos el eje de iglesias. Fue cuando dijimos, qué va a ser el eje de las iglesias, cuál es su sentido, y era potenciar lo que normalmente las iglesias tendrían que estar haciendo, que es primero acuerpar, recibir, escuchar a las familias, generarles condiciones para que se sientan acompañados por la sociedad. Lo otro es solidaridad, la solidaridad traducida si en las brigadas pues es hospedaje y comidas. Y la tercera era también que ya queríamos que las iglesias tomaran un papel estratégico de combatir un poco la criminalidad, toda la revictimización que socialmente tienen las familias, la culpabilización”, explica.

La falta de apoyo institucional no ha sido un problema sólo de la iglesia católica, sino de las iglesias en general y todas las espiritualidades. “Los líderes morales de las religiones también están llamados a meter el cuerpo y acompañar y estar presentes. Tienen que acompañar a las familias y generar condiciones para la búsqueda; aquí es muy importante la disputa narrativa, tenemos que ampliar el mensaje de las familias y detener esto, no es normal que nos desaparezcan a más de 107 mil personas. Ahí la Iglesia tendría mucho que decir, tiene que exigir también a la autoridad e interpelar también desde lo moral”, dice Amezcua.

IV Brigada Nacional de Búsqueda, Guerrero 2019. Crédito: Marcos Nucamendi

Resignificar la desaparición desde la fe

Cuando un familiar desaparece, las personas creyentes suelen acudir a sus comunidades de fe, a sus templos, para pedir por el pronto regreso de la persona desaparecida, pero también para solicitar ayuda directa de las y los representantes de las instituciones religiosas. En ellas esperan encontrar orientación, cobijo e incluso un abrazo; una muestra de solidaridad y empatía ante un hecho que derrumba las creencias más fundamentales que se tienen sobre la vida misma. No siempre es el caso. 

A Benita Ornelas Rivera, por ejemplo, le negaron incluso la posibilidad de oficiar una misa en nombre de su hijo Fernando Iván, desaparecido el 21 de julio de 2019 en Ecatepec, Estado de México, cuando tenía 21 años. 

“Yo renegué de dios, me enojé mucho”, recuerda. Al acudir a su párroco local para pedirle, aunque fuera una mención, unas palabras que aliviaran su dolor, este le preguntó que con qué propósito. “Pues para que aparezca mi hijo, para que dios me lo cuide donde quiera que esté”, recuerda Benita que le contestó.

El párroco le dijo que para ese tipo de cosas no existen misas, que a lo sumo se ofrecen a los vivos o a los muertos, pero no a los desaparecidos. Esa respuesta, continúa Benita, le provocó mucho dolor, ya que, en sus palabras, a ella le habían enseñado “el apego a dios y que el sacerdote es la representación de ese dios”. Por si fuera poco, el párroco le dijo en un segundo momento —tal y como hacen las instituciones de procuración y administración de justicia del Estado—, que lo dejara de buscar, que ya no lo iba a encontrar porque de seguro andaba en malos pasos. 

“Él me dijo que [nosotras, las madres buscadoras], somos como las mamás cuervas: para nosotras no hay mejores hijos que los nuestros, pero no, no es así, yo sé los defectos de mi hijo, pero también es una persona, un ser humano que necesita ser buscado”, explica Benita, quien encontró en el eje de iglesias de la BNB el cobijo, el aliento y la esperanza que le habían sido negadas por la representación institucional de su comunidad de fe, que no supo darle una respuesta y solo la envió de vuelta a su casa, como enviaron a su casa a Claudia San Román, madre de Reyna Karina San Román Aguilar, desaparecida el 8 de diciembre de 2012 en Tlaltenapantla, Estado de México.

Reunión de la BNB y madres buscadoras con enlaces municipales de asuntos religiosos, Morelos 2022. Crédito: Marcos Nucamendi

Las autoridades que han conocido de su caso, explica Claudia —del colectivo Uniendo Esperanzas—, han sido muy duras con ella y su familia. Las juzgan, las hacen a un lado y ni siquiera leen con atención su carpeta de investigación. 

“Así nos traen, así me trajeron a mí diez años, con esa rudeza”, comenta, mientras explica que es una rudeza que se espera de las instituciones del Estado, pero no de las comunidades de fe, como en el caso de Benita, comunidades que deberían acompañarlas y darles un poco de certidumbre en medio del caos. 

Así lo hizo la iglesia cristiana en la que se refugió Aurora Trejo, quien busca a su esposo Odilón Ramírez Reyez, desaparecido por sujetos armados en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, desde el 25 de septiembre 2015; ese mismo día desaparecieron otras 30 personas, en el marco del Operativo Blindaje Coatzacoalcos, implementado entre 2014 y 2015, durante el gobierno de Javier Duarte. De acuerdo con Instituto Mexicano de Derechos y Democracia, se registraron más de 50 desapariciones en ese municipio, de la mano de distintas corporaciones policiales. 

Aurora, su hija y sus dos hijos, relata, se abocaron a la búsqueda de Odilón. Renunciaron a sus trabajos, dejaron interrumpidos sus estudios, y entre liquidaciones y ventas, consiguieron los recursos para financiar su propia búsqueda y mitigar, como familia, ese dolor tan fuerte que les consumía día con día, que les impedía conciliar el sueño. 

“Hicimos plantones, buscamos en ríos, en la basura, en hospitales, psiquiátricos, en todos lugares. No pensamos en el mañana”, recuerda. 

A la distancia, reflexiona sobre el amor que falta en las instituciones y en la sociedad en general, pues sólo en la BNB encontraron a una familia extendida que conocía de su dolor, que no les miraba con rareza, cuando “somos seres humanos igual que cada uno de ustedes”. 

Graciela Gutiérrez, madre de Juan Manuel —desaparecido el 1 de marzo de 2009 en Chalco, Estado de México—, así lo entiende. Ella, que ha acudido a diferentes iglesias e incluso chamanes para encontrar una respuesta, no dejó de pedirle a su párroco local que la ayudara a sensibilizar a la gente de su pueblo. “Ellos lo necesitan, porque me toman de loca y me dicen: no lo vas a encontrar”. 

Graciela no pierde la fe y en todo momento le pide a su dios que le mande una señal, una pista de donde puede estar su hijo. Pronto irá a Colima, a donde le dijeron recientemente que se encuentra la camioneta en la que fueron desaparecidos Juan Manuel y otras tres personas. 

La articulación y los enlaces

Para la familia Trujillo Herrera, principalmente para la señora María Herrera, una de las fundadoras de la BNB, que tiene cuatro hijos desaparecidos, la alianza con las iglesias fue un punto importante desde el inicio. La primera brigada, en Amatlán de los Reyes, Veracruz, se hizo con el apoyo del Padre Verónica. Las familias incluso se quedaron a dormir en la iglesia, y durante las siguientes brigadas han conseguido comidas y más hospedajes gracias a los donativos de religiosas y religiosos, y de la feligresía solidaria.

“Quienes fundaron la Red de Enlaces Nacionales siempre vieron a las iglesias como un aliado natural; sabemos que la iglesia tiene como la intención del amor al prójimo y del servicio. Entonces muchas veces se busca al cura del pueblo, al obispo, siempre fue como una intuición que tenían las familias, y no necesariamente siempre fue una respuesta favorable. Pero trabajamos con las iglesias para sensibilizar, para concientizar”, dice Noé.

María Herrera durante la V Brigada Nacional de Búsqueda, Veracruz 2020. Crédito: Marcos Nucamendi

Desde 2020 la Dirección General De Asociaciones Religiosas (DGAR) se ha sumado a colaborar formalmente con la BNB. Jimena Esquivel, Directora de Respeto y Tolerancia a la diversidad religiosa para la construcción de paz de la DGAR, explicó que más que trabajar con asociaciones constituidas formalmente, se trabaja con comunidades religiosas que se han ido involucrando con las familias de personas desaparecidas. 

Si bien reconoció que existe una dependencia encargada de la búsqueda, que en este caso es la Comisión Nacional de Búsqueda, la DGAR ha tenido una continuidad de colaborar no sólo durante las brigadas desde la V en Papantla, Veracruz, sino posteriormente. 

“Es muy importante el papel que juegan o que pudieran jugar y tener las comunidades religiosas, porque a pesar de todo siguen siendo actores que tienen legitimidad, que tienen poder de convocatoria, y llegan a donde muchas veces no está el gobierno, tienen muchísimo alcance. La BNB y en particular el eje de iglesias nos ha demostrado que el factor espiritual ha sido o es un aliciente para muchos de los familiares, sobre todo de las mamás buscadoras, para apoyar, fortalecer, hacerles más resilientes en ese dolor tan grande y en esa situación tan difícil por la que atraviesa”, comenta.

“Estamos convencidos de que las comunidades religiosas primero pueden y deben estar presentes, seguir acompañando, seguir alentando en el ámbito de la espiritualidad de las familias cualquiera que sea, y por eso hablamos de iglesias en plural, no la Iglesia Católica, sino muchas cristianas y otras denominaciones religiosas que fortalecen espiritualmente a las familias en búsqueda”, agrega. 

Poco a poco, incluso las propias autoridades se han sumado a la lucha, y aunque tímidamente, también las religiones y espiritualidades han comprendido la importancia de buscar y solidarizarse. En medio de una crisis que no deja de aumentar, ha sido importante para los colectivos seguir tejiendo alianzas.

Misa de inicio de la V BNB en Papantla, Veracruz. Crédito: Marcos Nucamendi

“Hace unos 7 años no había misas para las familias, no se podía decir la intención para una persona desaparecida. Había mucho rechazo; hoy en día ya se abren más los templos y permiten que estén las fotografías estén en el altar y que los rostros se miren y que las familias den su palabra a la comunidad y se va abriendo, pero eso lo hacen las familias a base de empujar”, DICE… 

Como cuenta Noé Amezcua, hace siete años no había misas para las familias con una persona desaparecida: desde el púlpito no se podía decir la intención para alguien ausente, pues había mucho rechazo. Hoy en día, después de años de caminar y empuje de los colectivos, se abren más los templos: ya se permite que las fotografías estén en el altar, que los rostros se miren desde las bancas de las iglesias, y que las familias dejen su palabra en la comunidad y puedan así sensibilizar y obtener información.

Al final han sido la fe y las creencias individuales lo que mueve a muchas de las familias, y lo que ha hecho que los representantes religiosos respondan y sumen, aunque sea una pequeña parte a la búsqueda de las más de cien mil personas desaparecidas en este país.

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*Fotografía de portada: V Brigada Nacional de Búsqueda, Veracruz 2020. Crédito: Marcos Nucamendi

www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).

Ustedes en Ginebra, nosotros en Xocotla

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El trabajo de menores en obras de construcción está prohibido en México, pero adolescentes y niños de un pueblo indígena de Veracruz son reclutados para laborar en la Ciudad de México. En Ginebra políticos prometieron erradicar el trabajo infantil. Promesa incumplida: así funciona un negocio que vulnera sus derechos y les orilla a vivir con inhalantes, lo que los quiebra y los hace volver a su pueblo, a veces, sin recordar siquiera quiénes son. Les llaman Los Chalancitos.

Texto: Rodrigo Soberanes y Lev García

Fotos: Juan Pablo Romo y Ginnette Riquelme

En un poblado de la región de las altas montañas de Veracruz llamado Xocotla, dos adolescentes de 14 años de edad, Fermín y Benito, lograron cargar cada quien un bulto de 50 kilos de cemento. A partir de ese momento sus familias y su comunidad los consideraron aptos para irse a construir casas y edificios a la Ciudad de México.

“Aquí todos los que aguantan ese peso ya se empiezan a ir para allá”, contó Fermín, actualmente de 16 años de edad y con dos de experiencia trabajando y viviendo en la capital del país, yendo de aquí para allá en la urbe buscando emplearse en construcciones. Nunca con contrato. Siempre con algún patrón que actúa fuera de la ley.

Desde el momento de la cargada del bulto ocurrido hace dos años, ellos –como cientos de menores de edad que salen de zonas pobres de México a la capital del país- recibieron el apodo de “chalancitos”, diminutivo de chalán, término comúnmente empleado para identificar a un albañil principiante que ayuda a otros.

Ya han trabajado con empresas que violan las leyes laborales vigentes que fueron anunciadas el 11 de junio de 2015 por el gobierno mexicano en Ginebra, Suiza, ante dignatarios de la comunidad internacional, en el Día Internacional Contra el Trabajo Infantil. 

Ahí, México dio a conocer que mediante un decreto presidencial prohibió la contratación de menores de 18 años de edad en 12 actividades consideradas “peligrosas o insalubres” para los adolescentes. En la lista figuraban las “obras de construcción” como en las que se han desempeñado Benito y Fermín.

Para Fermín, sin embargo, no hay duda de lo que está decretado en materia laboral en su pueblo: “Ya cuando aguanta uno allá para trabajar, ya se va uno”.

Él y Benito comenzaron a sus labores cuando no llegaban a 15 años de edad. Dejaron sus estudios de nivel secundario y se mudaron a la Ciudad de México, a 320 kilómetros de casa. Ambos personifican la violación de las leyes y son sólo una pequeña muestra dentro del flujo constante de menores que salen de Xocotla antes y después del decreto.

Ruta 35 -en alianza con la plataforma de periodismo latinoamericano CONNECTAS y con el apoyo del International Center for Journalists – ICFJ- reconstruyó de principio a fin el ciclo que comienza en el momento de la cargada del bulto de 50 kilos, continúa con la llegada a ciegas a la Ciudad de México y la entrada a un mundo donde trabajan con riesgos, viven hacinados, suelen ser estafados y se vuelven adictos a los inhalantes.

El ciclo termina, en algunos casos, con escenas de chicos que perdieron el uso de la razón: la dependencia de ese tipo de sustancias, según las autoridades locales, se ha convertido en una epidemia entre los adolescentes en esa comunidad veracruzana.

La cadena revelada refleja un problema que aún desborda al Estado mexicano. Aunque los datos oficiales más recientes indican una reducción del número de afectados, en 2015 había 2,4 millones de niños y adolescentes en tareas que eran consideradas prohibidas o peligrosas por las autoridades. La cantidad es suficiente para no mirarla de soslayo.

La cuna de los “chalancitos”

Xocotla, del municipio de Coscomatepec (52.000 habitantes), es una comunidad serrana en la región central de Veracruz, en las faldas del Volcán Pico de Orizaba. Su economía se sostiene principalmente del trabajo en la albañilería en la Ciudad de México, que atrae no solo a adultos sino también a jóvenes que como Benito y Fermín abandonan sus estudios y no aspiran a una vida trabajando en el campo o el comercio. En esas actividades, según sus testimonios, sólo pueden ganar 25 por ciento de lo que obtienen al ejecutar labores de construcción en la capital del país.

Niños juegan en Xocotla, comunidad del municipio Coscomatepec en Veracruz. Foto: Juan Pablo Romo.

“Yo estudiaba la primaria, el quinto grado, pero aquí no cae chamba” contó Fermín, frente a su casa de Xocotla. “Llegué al metro Hidalgo en el centro de la Ciudad de México y desde aquí ya te dicen a qué parte vas a trabajar. Yo me fui a la colonia Portales, trabajé en un edificio de seis niveles, era chalancito. Ahí estuve dos meses. No firmé ningún documento. Los patrones me vieron y dijeron a `ver si no hay problema y ya me metieron a chambear”.

Él y Benito se fueron juntos. Se los llevó uno de los hombres que cada semana buscan mano de obra en esa comunidad. A estos personajes les llaman “contratistas”, pero, en realidad, no ofrecen contratos formales.

José Luis Montalvo es uno de esos contratistas. Habitante de Xocotla, comenzó su carrera como chalancito en Ciudad de México hace 15 años. En ese período nunca recibió un contrato legal. Ahora se dedica a reclutar a otros albañiles para llevarlos a la capital.

Durante una tarde de domingo, desde una esquina de Xocotla, Montalvo contó: “Sí, se llevan a menores de edad y los llaman chalancitos. Ganan 1.400 pesos semanales (78 dólares). Se les hace una constancia de la empresa que no se hace responsable y se ponen a trabajar”.

Minutos después, el agente municipal, máxima autoridad de Xocotla, Carlos Martínez Ramos, reveló que suele recibir peticiones de firmas de padres de familia “para deslindar a las empresas de posibles accidentes de trabajo”.

Carlos Martínez, agente municipal de Xocotla, durante la entrevista. Foto: Juan Pablo Romo.

El alcalde de Coscomatepec, Manuel Álvarez Sánchez, dijo a Ruta 35 que en su administración se calcula una circulación de 3.500 trabajadores de la construcción que viajan constantemente yendo y viniendo entre ese municipio y la Ciudad de México, y que la mayoría son de la comunidad de Xocotla. “La población que se va a la Ciudad de México está entre los 13 y 25 años”, añadió el funcionario, quien calcula que la mitad de ellos podría ser menor de 18 años.

Entre esos grupos de personas que salen cada semana desde distintos puntos de ese municipio serrano, van los menores de edad, sin control oficial, sin que el gobierno lo note y sin entrar siquiera en una estadística.

“Entre los líderes comunitarios hay una red de complicidades”, afirmó Hugo González Saavedra, diputado por el distrito XVIII, al que pertenece Coscomatepec, y quien reconoció el éxodo de jóvenes hacia la Ciudad de México. La cadena informal que los lleva a la capital incluye no solo reclutadores, sino unidades de transporte, espacios para brindar alojamiento y contactos en obras específicas.

Es un negocio irregular con un engranaje que aparentemente funciona bien para todos, pues el objetivo de obtener recursos se cumple. El precio que pagan los menores por exponerse a un trabajo y un entorno riesgosos, es lo que le roba la calma al pueblo.

González Saavedra, al igual que el alcalde, dijo no tener responsabilidad en el problema ni herramientas para solucionarlo.

Las autoridades de Veracruz tienen las manos afuera y a las compañías constructoras les conviene la llegada de jóvenes –menores y mayores de edad- porque “saben que ellos vienen a trabajar de verdad y necesitan el trabajo”, según un contratista de la capital del país que habló con Ruta 35 bajo condición de anonimato.

El decreto de Xocotla

El 11 de junio de 2015, en Ginebra, Suiza, el secretario (ministro) del Trabajo de México, Alfonso Navarrete Prida se sentó en una mesa llamada “No al trabajo infantil, Sí a la educación de calidad”, junto al Premio Nobel de la Paz, Kailash Satyarthi.  

Dice el comunicado emitido por el gobierno ese día: “El futuro en materia de trabajo infantil depende de la eficacia de las acciones del presente por los niños que serán los protagonistas del México del mañana”, y siguió un fragmento de lo dicho por Navarrete ante la comunidad internacional:

“Vencer esta batalla significa devolverles el derecho básico de vivir plenamente la infancia y la adolescencia, periodos fundamentales para el desarrollo individual y para lograr su inserción plena en la sociedad”.

Un día después, fue publicado el decreto presidencial en México.

Los domingos en Xocotla, a miles de de kilómetros de Ginebra, Fermín, Benito y los demás chalancitos siguen con su tren de vida alejados de las palabras del secretario del Trabajo. 

Ése es un día cuando la gente suele despertar temprano porque están atentos a don Ricardo Alejo, quien recibe los anuncios de oferta de trabajo en su casa y los vocea con los tres altoparlantes que se levantan sobre el techo de su casa entre la fría neblina de la montaña.

“Se necesitan cuatro ayudantes. Contactar con….” fue una de las ofertas de trabajo que se difundió el domingo 22 de enero. Otros anuncios provenientes de contratistas corrieron de boca en boca o de celular en celular y antes del medio día las decisiones estaban tomadas. Sólo quedaba alistar el equipaje en una mochila y esperar a las camionetas de transporte rural. Aquí es donde comienza la salida en masa desde la sierra hasta la capital del país.

La casa de Ricardo Alejo, el voceador del pueblo de Xocotla que anuncia las ofertas de trabajo en la Ciudad de México. Foto: Juan Pablo Romo.

Consultada sobre el fenómeno, Alicia Athie, consultora sobre trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), afirmó que esa organización no ha recibido información específica sobre el caso, pero anticipó una hipótesis basada en su conocimiento general del tema: cree que los menores de edad son reclutados por intermediarios que los ponen al servicio de constructores grandes, que usualmente tienen buenas prácticas como empleadores. En el esquema que opera en Xocotla, sin embargo, no se observó la verificación rigurosa del personal reclutado por parte de las compañías beneficiadas.

En el pueblo hay unas 60 camionetas de transporte rural que los fines de semana se dedican sólo a llevar trabajadores desde sus casas hacia abajo de la montaña a una estación de gasolina donde esperan los autobuses que los llevan a la ciudad de México. A cada camioneta le caben 15 personas y hacen hasta dos viajes los domingos. Ni las camionetas ni los autobuses tiene permisos oficiales.

“Nos distribuimos todos en pirata” dice Montalvo, el “contratista” que lleva 15 años yendo y viniendo entre la Ciudad de México y Xocotla y que nunca ha firmado un sólo contrato laboral.

Un domingo nublado cuando comenzaba a oscurecer comenzaron a bajar las camionetas con chalancitos, chalanes, albañiles y contratistas por las curvas que sortean los acantilados del territorio montañozo donde está Xocotla. A sus espaldas se iba alejando el Pico de Orizaba, la cumbre más alta de México.

Trabajadores se suben a una camioneta que los llevará al punto donde abordan los autobuses. Foto: Juan Pablo Romo.

Algunos vehículos con capacidad para 12 pasajeros se enfilaban directo hacia la Ciudad de México. Mientras tanto, otros se dirigían a distintos puntos de las cercanías donde los esperaban autobuses listos para tomar la carretera.

En la explanada de una estación de gasolina, uno de los puntos de reunión, ya estaban siete autobuses listos con capacidad para 45 pasajeros cada uno e iban llegando más personas de otras comunidades de Coscomatepec. Lo mismo ocurría en otros puntos estratégicos donde se anuncian salidas hacia la capital mexicana.

A los choferes de esos vehículos que esperan a los cientos de trabajadores en la estación de gasolina no les gusta que le tomen fotos a sus vehículos ni al suceso del embarque de los “chalancitos”. Forman un grupo, se tapan el rostro y amenazan, pero poco a poco aceptan dialogar y permiten la presencia de los reporteros.

Su actividad no cumple con las regulaciones oficiales. “Los trabajadores son trasladados en líneas fuera de control y no estamos facultados para ordenar la piratería en el transporte público”, aseguró Álvarez. “A los autobuses les dicen los turismo de terror”, dijo el diputado González Saavedra, quién también se declaró incapaz de intervenir.

“Siempre fallan los carros. Luego se descomponen y algunos quieren arder. Se encierra el humo adentro”, contó Benito, con un recuerdo relacionado en su memoria: un accidente ocurrido el lunes 4 de julio de 2016, en la carretera hacia la Ciudad de Puebla, en las inmediaciones de la ciudad de México, en el que murieron seis personas.

Fue una mañana cuando 11 albañiles procedentes de Xocotla viajaban hacia sus lugares de trabajo y fueron embestidos por un tráiler de transporte de carga. Entre las víctimas, la mayoría parientes entre sí, hubo un chico llamado Alfredo Hernández, de 16 años.

Poner el transporte bajo la regulación del gobierno aumentaría el precio drásticamente cerca de 200 por ciento, lo cual sería un obstáculo para ir a trabajar. Esto afectaría la principal circulación de dinero en Xocotla. Los “autobuses del terror”, por lo tanto, son necesarios. La policía municipal vigila mientras los albañiles suben a los vehículos y no cuestionan a los dueños del negocio pero sí a algún extraño que registre los hechos.

Un domingo por la noche, jóvenes de Xocotla abordan los autobuses que los llevan a la Ciudad de México

Buscar testimonios directos de los menores de edad se torna complicado en el lugar. Los chicos saben que su situación supone la violación de leyes por parte de sus empleadores, no quieren que les vean hablar con extraños, ni arriesgar sus posiciones de trabajo, que constituyen la principal alternativa para tener dinero. La actividad es vista con buenos ojos en Xocotla porque se ha convertido en un motor para sacar al pueblo y sus habitantes de la pobreza.

Los lunes en Xocotla son silenciosos después de que se han marchado las camionetas y los autobuses. Los chicos volverán de visita en una, dos o tres semanas después de haberse internado en la metrópoli más grande y poblada del continente: Ciudad de México.

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Los olvidados de la megalópolis

Son las 8:30 de la mañana en Polanco, una de las colonias más adineradas de Ciudad de México. Un edificio de vivienda de siete pisos está siendo remodelado. Los trabajadores llegan puntuales y hacen una fila para entrevistarse con el contratista.

En un parque vecino hay un grupo de cinco adolescentes, originarios de Xocotla, un pueblo indígena del municipio Coscomatepec de Veracruz. Los chicos aguardan antes de aproximarse al encargado, quien rápidamente los hace ingresar al inmueble.

Para conversar con los adolescentes primero hay que pedir permiso a quienes los trajeron desde su pueblo. “Depende de para qué quiere hablar con ellos”, contestó uno. Otro prometió conseguir el permiso y después de eso pasaron días de evasivas. La respuesta no llegó. Los llamados contratistas, que forman parte de la cadena que lleva a los adolescentes a trabajar a la capital, son precavidos para proteger el negocio.

La asignación al lugar de empleo es azarienta, según explican los relacionados con la operación. Los adolescentes pueden lo mismo ser enviados al sur de la capital a trabajar en una casa que al norte en un lujoso edificio de Santa Fe, una zona con un pujante desarrollo urbanístico a la que la etiquetan como un Manhattan mexicano.

Los lunes en la madrugada suelen llegar a la Ciudad de México los albañiles de Coscomatepec después de dejar atrás la serranía. Los autobuses se estacionan en las inmediaciones del Metro Hidalgo.

Momento en que los jóvenes de Xocotla llegan al Metro Hidalgo de la Ciudad de México. Foto: Rodrigo Soberanes.

El sitio donde aparcan está a pocas cuadras del famoso Palacio de Bellas Artes. También los vehículos de transporte llegan a las inmediaciones de las estaciones de autobuses Tapo y Taxqueña. Fermín y Benito, dos adolescentes de 16 años que han trabajado en obras de construcción desde 2015, llegaron por primera por el Metro Hidalgo y de allí los remitieron a donde les prometieron pagarles 1.400 pesos (78 dólares).

Ellos dos aceptaron hablar en Xocotla, frente a sus casas, en su hábitat normal. “Cuando llegué ya me dijeron a dónde me iba a trabajar, a qué parte de la ciudad. Yo era chalancito. Ahí estuve dos meses. No firmé ningún documento. Los patrones me vieron y dijeron a ver si no hay problema y ya me metieron a chambear”, contó Fermín.

Él comenzó a trabajar a la Colonia Portales, un sector marginal de la Ciudad de México. Ahí trabajó en un edificio de siete pisos. Cerca estaba Benito, con quien compartió una habitación alquilada, en total, por ocho adolescentes, según relatan.

Ambos vivieron un par de estafas en construcciones en donde, llegado el día del pago, no recibieron nada o lo recibieron incompleto. Se sobrepusieron a las pérdidas y no les importó seguir intentando en más faenas dentro de la construcción. Benito trabaja ahora en Santa Fe, Fermín no tienen un rumbo fijo.

Ambos viven con sus parejas en Xocotla y las visitan los fines de semana. A sus 16 años tienen en mente formar sus familias.

José Luis Montalvo, contratista de mano de obra para construcciones quien recluta en Xocotla, afirma que a los chicos solo se les exige un requisito: “Se les hace una constancia de la empresa que no se hace responsable de asumir obligaciones contractuales y se ponen a trabajar”.

Llegados a la capital los aspectos logísticos están cubiertos, aunque precariamente. En Ciudad de México hay una serie de casas o en bodegas que han sido habilitadas como albergues para los albañiles de Xocotla, incluidos los adolescentes. Las instalaciones se encuentran en puntos cercanos a donde llegan los autobuses.

Lugar donde duermen los trabajadores que llegan a trabajar en obras de la Ciudad de México. Foto: Ginnette Riquelme.

Una de ellas está a cargo de Pedro Marín, un hombre originario de Xocotla que ha sido albañil en la Ciudad de México por 45 años. Nunca trabajó bajo un contrato legal y ahora que no es apto físicamente para laborar en la construcción, aceptó encargarse de esta bodega que antes fue un frigorífico de carnes.

Marín también gana 1.400 pesos a la semana (78 dólares), lo mismo que los chalancitos que llegan a dormir en los rincones de esa gran bodega sobre cartones y sábanas viejas. Pernoctar ahí y en esas condiciones es otro de los males necesarios que se les acumulan en su experiencia en la Ciudad de México.

Al margen de todo lo que ha cambiado desde que Marín se enfrentó por primera vez a la Ciudad de México, hay dos cosas que persisten: los salarios bajos y la falta de previsión laboral por parte del Estado mexicano.

“Este lugar lo usamos para apoyarnos como compañeros. Todos venimos de provincia y aquí les damos hospedaje. Todos venimos de la región de Xocotla. La situación que yo viví es como la de los chicos que vienen a trabajar porque yo también así lo experimenté. Desde los 13 años comencé a trabajar”, contó Marín.

“Aquí llegan buscando trabajo y alguien quien les dé la comodidad del hospedaje. Aquí es siempre con gente conocida. No podemos quedarnos por cualquier esquina o cualquier baldío, tenemos que buscar un lugar. Aquí no hay luz ni nada pero nos conformamos en dormir en un lugar seguro”.

-¿Cómo se duerme aquí?, se le preguntó.

“Lo más humilde que se puede. No tenemos colchón ni cama. Compramos cartones y ahí somos felices”, narró el cuidador de la bodega, quien confirmó que los chalancitos llegan con frecuencia allí. “Llegan rodando como las piedras”, soltó Marín, una especie de faro para al menos cinco chalancitos de los que llegan cada semana a ese rincón en los viejos autobuses.

Pedro Marín, dentro de la bodega donde ofrece hospedaje a los trabajadores que llegan a la Ciudad de México desde Xocotla. Foto: Ginnette Riquelme.

La escena de esta bodega se repetirá en otro lugar que maneja un sobrino de Pedro Marín, en otro punto de la ciudad.

La actividad ocurre sin controles oficiales. Cuando el gobierno de México decretó en 2015 los cambios en la Ley Federal del Trabajo en materia de trabajo infantil, ya estaba en marcha la creación de los instrumentos que, entre otras misiones, deben controlar a las empresas: el Programa Nacional para Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil y Proteger a los Adolescentes Trabajadores en edad Permitida y la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de los Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida, de la que se han instalado versiones en los 32 estados del país.

La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) ve estas acciones como “un acto protocolario, una reunión de funcionarios sin traducción en la vida real”. Juan Martín Pérez, vocero de la organización, afirma lo siguiente sobre las comisiones estatales: “Carecen de recursos, de voluntad política y usualmente los funcionarios que asisten, no traducen esto en ningún tipo de práctica institucional o acción de supervisión”.

Alicia Athie, consultora de Organización Internacional del Trabajo, opinó que cada comisión de los estados “debería tener recursos para que puedan ejecutar acciones sin el argumento de no tener dinero (…) Lo que sucede es que las secretarías responsables ya tienen etiquetados sus presupuestos para los rubros en que los pueden ejercer y no pueden hacer traspasos para otras acciones”.

Ruta 35 preguntó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cuántas y cuáles empresas constructoras han sido sancionadas en la Ciudad de México a partir de junio de 2015, fecha cuando se emitió el decreto que prohíbe el trabajo en construcción de adolescentes menores de 18 años de edad.

La delegación de esa dependencia en la Ciudad de México respondió que “no ha impuesto sanciones por utilizar mano de obra de menores de edad entre 15 y 18 años”.

La Dirección de Asuntos Jurídicos informó que “no cuenta con información sistematizada y/o clasificada respecto de las empresas constructoras que han recibido sanciones por utilizar mano de obra de menores de edad entre 15 y 18 años” desde el decreto.

En la REDIM esta respuesta de las autoridades no tiene lógica. “Ellas tienen súper claro qué empresas incurren en contratación ilegal de menores y cuáles son los municipios de donde salen adolescentes para trabajar en empresas de construcción tan grandes como las de Ciudad de México”, afirma Pérez. “El tema de fondo es que esta información no se usa para tomar decisiones en términos de prohibir la participación de chicos y chicas y sancionar a las compañías. El gobierno no está asumiendo su responsabilidad de prevención”.

Desde la fecha del decreto y de la creación de los nuevos mecanismos oficiales de control, Benito y Fermín han seguido sus vidas bajo la lógica de Xocotla y no la de Ginebra, donde México anunció sus reformas, destacando la protección a menores de edad durante “periodos fundamentales para su desarrollo individual”.

Foto reciente tomada por Benito en su lugar de trabajo.

En esos periodos de sus vidas estaban –y siguen estando– Benito y Fermín cuando comenzaron su travesía por estos escenarios hace dos años.

Ellos recuerdan que durante sus primeros días en la Ciudad de México alquilaron un cuarto de 12 metros cuadrados y un baño para residir con otros seis albañiles.

Algo semejante vivió hace 12 años José Morales, un trabajador que comenzó como ayudante en obras, en la Ciudad de México y vivió en la colonia Minas Coyote, en el municipio de Naucalpan, que está dentro de la conurbación de la capital del país.

Dos de sus compañeros eran de Xocotla. Vivían cuatro por cada cuarto y cenaban a diario sopas instantáneas “Maruchan” y un bolillo, una pieza de pan salado. Los viernes iban por las “monas”, nombre que se le atribuye a los botes de pegamento industrial que compraban en sus excursiones al centro de la ciudad cuando iban a los bailes.

En esos rumbos, adolescentes de Xocotla suelen caer en problemas de adicciones. A Benito y a Fermín les ocurrió, pero también a otros que han sido engullidos en Ciudad de México por las labores de construcción.

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Volver lastimados por la adicción

Rubén Olguín recuerda a su primo José cuando aún no lo habían encerrado en casa. Juntos partieron hace una década desde Xocotla, Veracruz, a trabajar como albañiles principiantes en el barrio popular Mixcoac en Ciudad de México. “Él llegó conmigo a chambear y tenía 17 años de edad. Lo hacía muy bien, era una persona normal, un muchacho serio”.

El paso por la ciudad fue breve, de seis meses, pero hubo tiempo suficiente para que su primo se convirtiera en adicto a los inhalantes. “Ahí comenzó con eso de la droga”, recordó Olguín, que hoy tiene una panadería en Xocotla. Siendo adicto, José emigró poco después a Estados Unidos y regresó completamente distinto. “No sé si le afectó la distancia. No ha podido recuperar su mente”, dijo su primo.

De regreso del extranjero, sus familiares no sabían qué hacer ante los trastornos de conducta. Modesta Chávez, madre de José, decidió destinarle un rincón de su casa de madera y encadenarlo a falta de posibilidad alguna de brindarle tratamiento. “Ahí duerme en el piso porque no se deja su cama ni su ropa. Ahí está enredado con su cobija. Ahí hace todo”.

El caso es conocido en el pueblo, pero no es el único. Las autoridades del municipio Coscomatepec, del cual forma parte Xocotla, consideran que las adicciones han contagiado a los jóvenes de la jurisdicción como una epidemia. La temprana emigración laboral a Ciudad de México, donde les ofrecen puestos de trabajo informal en construcción, es asociada al fenómeno que ocurre en ese lugar veracruzano.

Manuel Álvarez, alcalde de Coscomatepec, calcula que su municipio tiene una población flotante de 3.500 personas que trabajan en la capital y vuelven los fines de semana, días festivos o vacaciones. “La población que se va a la capital del país está entre los 13 y 25 años de edad. El 80 por ciento está en la drogadicción y el vandalismo”, calculó el funcionario, una valoración que coincide con las opiniones recogidas en Xocotla.

En Coscomatepec hay 52.000 habitantes de los cuales un tercio son de Xocotla. “La falta de productividad en el campo y de apoyos bien direccionados del gobierno también son la causa de la situación”.

A las espaldas de Modesta Chávez está el cuarto de donde su hijo no ha salido en años. Foto: Rodrigo Soberanes.

Modesta Chávez, sin saber de estadísticas, confirma el problema: “Aquí hay muchos así. El hijo de mi cuñado también está igual. Andan a las drogas y ellos ya no entienden, andan mal”.

El ayuntamiento de Coscomatepec en junio de 2015 envió una brigada de salud para realizar “diagnósticos” entre los jóvenes para “saber qué tan informados o incluso enrolados se encuentran con el tema de las drogas”, según información oficial difundida por el municipio.

Un año antes el ayuntamiento produjo un video titulado “Xocotla, Generación Condenada” que compartió en las redes sociales. En el audiovisual se reflejó el problema de los jóvenes con adicciones. El alcalde Álvarez dijo a Ruta 35 que ese video fue mostrado a autoridades federales para persuadirlas para que ayuden a combatir la drogadicción.

El único resultado de ese audiovisual, de acuerdo a habitantes de Xocotla, fue un enojo generalizado entre la población por la “mala fama” que causó a su comunidad. Entre los comentarios en Youtube, por ejemplo, hubo quienes negaron la situación o dijeron que había sido magnificada, pero también hubo quienes dijeron que reflejaba la realidad.

“No hay un padrón exacto sobre qué es lo que pasa”, dijo al respecto Jorge González Rojas, dirigente de Frente Unificador de Trabajadores Urbanos y Rurales Organizados (Futuro), que trabaja en las comunidades indígenas de la región serrana en el centro de Veracruz. “Las autoridades se dan cuenta hasta que por ahí alguien falleció o quedó abandonado a su suerte”.

Casas grandes como ésta son las que le han dado una nueva imagen a Xocotla. Foto: Juan Pablo Romo.

De lunes a viernes, la vida en Xocotla transcurre con normalidad. A menos de 10 kilómetros hacia cualquier dirección y en cuaquier colina de la serranía se pueden encontrar poblados con evidentes razgos de pobreza. Pero ahí, la primera impresión que se tiene es la de un lugar que está superando sus principales problemas. Las escuelas tienen estudiantes, hay un centro de salud en buenas condiciones y la mayoría de las casas son grandes y están hechas de concreto y no de madera, lo que ha supuesto un progreso material.

Con pocos minutos ahí, los detalles empiezan a revelar otra realidad. La clínica tiene una médica y una enfermera. Las filas de pacientes comienzan a las 4.00 de la madrugada. La doctora Carolina Román, paró de atender pacientes unos minutos y dijo a Ruta 35 que “a los chicos con problemas de drogadicción no hay quien los atienda”, salvo en ocasiones en que hay campañas políticas y los candidatos quieren ganar votos enviando campañas de combate a las adicciones.

Ella frecuentemente recibe a los adolescentes que llegan de la Ciudad de México con lesiones de trabajo, con heridas, golpes y fracturas.

El dinero de los programas asistenciales del gobierno –recursos mensuales destinados a las familias más pobres– se le queda a los cobradores de tiendas departamentales que suben a la sierra a cobrar las deudas.

Un niño intenta manipular un video juego durante una mañana en Xocotla. Foto: Juan Pablo Romo.

Hay niños desde los seis años de edad deambulando y manipulando los videojuegos sin ponerles monedas, afuera de una tienda donde suena con altos decibeles el hip hop de la Santa Grifa, una música traída desde la Ciudad de México, con canciones que describen la vida violenta de los barrios capitalinos.

La descerción escolar se dispara cuando los jóvenes llegan a una edad en la que pueden trabajar. En este caso, la edad es de 14 y el trabajo está lejos, a 340 kilómetros, en la capital del país.

Según Gustavo Martínez, profesor voluntario de Xocotla, unos 1.000 niños entran al nivel de primaria; a la secundaria entran 250 alumnos; al bachillerato entran 40 y cada año se gradúan entre ocho y 15 jóvenes.

En Xocotla hay tres profesionistas universitarios. Uno es el maestro Ernesto Martínez, síndico del ayuntamiento, y Ofelia Martínez, su hermana. Otro se llama Román Morales.

Hay un parque con juegos infantiles y dos canchas deportivas para el entretenimiento. En una de ellas está un pintada que dice: “Dí no a las drogas”. Es ahí, y en otros rincones, donde los niños y jóvenes se juntan en grupitos e inhalan pegamento utilizando en construcciones.

Un grupo de niños reunidos en la cancha deportiva de Xocotla durante la tarde. Foto: Rodrigo Soberanes.

Muchas personas que se ven en las calles más tarde son esos jóvenes y niños caminando sin rumbo y pidiendo dinero. Son el daño colateral del aparente progreso de Xocotla, el costo humano de que la mayoría de las familias vivan en casas de cemento con las ganancias obtenidas con los empleos en la capital.

El agente municipal, Carlos Martínez Ramós, reveló que en Xocotla la venta de inhalantes ha aumentado: “Los que distribuyen lo agarran como un negocio porque hay mucho joven que se droga. Detuvimos a una persona la semana pasada nos confesó que lo hizo porque tenía una deuda de 4 mil pesos (223USD) y con tres cajas de 24 botes cada una que se trajo de activo, salió de su deuda y hasta le sobró”.

Cerca de las canchas vive Benito, un chico de 16 años de edad que comenzó a trabajar en la Ciudad de México a los 14. Cuando estuvo allí, vivió en un pequeño cuarto donde comenzó a probar los inhalantes con otros adolescentes.

La venta de botes de inhalantes es un negocio que causa el principal problema de Xocotla, según autoridades. Foto: Juan Pablo Romo.

En su viaje de regreso después de la primera semana como “chalancito”, iba en un autobús “pirata” que se llenaba de humo cuando el chofer forzaba la máquina. “Hay morros (jóvenes) que vienen moneando (inhalando) adentro del autobús, hablan solos y se escucha bien fuerte. Se encierra el humo adentro. Ellos van adormecidos y no lo sienten”. No iban dormidos, sino adormecidos. Drogados.

Benito ahora lo recuerda que está rehabilitado y hace el viaje con frecuencia. Antes él pudo ser uno de los que iban adormecidos y hablando solos.

Rubén Olguín, el primo de José, trabajó 17 años de albañil. Él habló de los motivos y la forma en que sale la mano de obra hacia la Ciudad de México.

“Si te encuentras un buen patrón, ya la armaste. Si no, ya te chingaste. Nos vamos al ahí se va y vivimos en las obras donde llegamos. Nos vamos a la voluntad de Dios, todos los que están mejorando sus casas en Xocotla es porque se han ido, pero los jóvenes se han ido perdiendo, se van a México y llegan transformados. La drogadicción es el problema número uno”. Dijo Rubén cuando recordó cómo vio a su primo por última vez, y soltó una frase sin pregunta de por medio: “Dicen que todavía está vivo”.

Olguín se alegra durante las mañanas de los fines de semana, en días feriados y en vacaciones porque sus ventas son muy buenas en la panadería. Vuelven al pueblo los trabajadores y traen dinero. Pero en las tardes es mejor cerrar las puertas del negocio porque comienzan los recorridos errantes de algunos chicos.

Pintadas con el nombre de la pandilla Sur 13 de Ciudad de México han aparecido en Xocotla. Foto: Juan Pablo Romo.

Como en los barrios de la capital, el pueblo aprendió a dividirse. Están los de arriba y los de abajo imitando a las pandillas y creyendo en una rivalidad territorial. En el pueblo hay pintadas con el nombre de la pandilla Sur 13 y peleas frecuentes entre grupos.

“Aquí la inseguridad es porque los chamacos se agarran entre ellos a pedradas, con cadenas, cinturones, con lo que tengan. Es normal que las personas salgan lastimadas en temporadas de vacaciones”, confirmó Gustavo Martínez.

Los últimos días de José en las calles eran así, en la “loquera”, y todavía los recuerda. Se lo contó a Leonardo Tiburcio, lugareño familiarizado con los males de Xocotla, durante una visita a su cuarto, en la que Ruta 35 estuvo presente con el permiso de Modesta Chávez.

La escena, ocurrida en 2014, se desarrolló en la oscuridad, pues el cuarto de José no tiene ventana y sólo entra la luz por las rendijas de los tablones de madera. Como es común en esa región montañosa, hacía frío. Para alegría de su mamá, el chico ya aceptaba cubrirse con una cobija.

“Me tengo que curar, tengo que salir, ya no voy a ser loco, tengo que buscar la forma de cómo curarme. Así poco a poco”, dijo José, con una recobrada capacidad de hilar mayor cantidad de oraciones.

Leonardo Tiburcio disparaba preguntas una tras otra, como si quisiera despertar la memoria perdida del chico acurrucado en la penumbra. “¿Estarías de acuerdo tomarte un tratamiento para que te levantes?, ¿quieres que te vea bien tu mamá, tus amigos?, ¿te duele?”.

“Ya no podía yo con la loquera, me hacía daño a lo grande. No podía, no podía. Quiero decirles que me ayuden”, decía José. “Si estuviera curado, yo no necesitaría yo nada más”.

José no ha mejorado desde aquel día. Su caso para muchos es una metáfora extrema de las consecuencias que puede traer el modelo de trabajo que da sustento a Xocotla, es un ejemplo de las heridas que, en muchos casos, deja la búsqueda del bienestar en un lugar donde las políticas públicas, según las propias autoridades, no funcionan.

“No tiene caso que el pueblo esté progresando mucho en alumbrado, calles y campos deportivos y que el joven en lugar de que le dé gusto, se drogue”, dice el agente municipal. Así es más lo que se pierde, que se lo que gana.

ESTE REPORTAJE FUE REALIZADO EN EL MARCO DE LA INICIATIVA PARA EL PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN EN LAS AMÉRICAS, DEL INTERNACIONAL CENTER OF JOURNALISTS (ICFJ), EN ALIANZA CON CONNECTAS